López Obrador debe insistir en que se vaya el fiscal de Guanajuato

Arnoldo Cuéllar, The Washington Post

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sabe que toca fibras sensibles cuando reclama el relevo de Carlos Zamarripa, el fiscal del estado de Guanajuato, donde se han cometido el mayor número de homicidios dolosos en lo que va de su sexenio.

Zamarripa lleva en el cargo desde 2009 y, tras una reforma legal, estará en él hasta 2028. Los 12 años que lleva hasta ahora parecen demasiados para un puesto que por naturaleza es desgastante, pero más cuando no hay resultados. Según datos de la organización TResearch, Guanajuato ha registrado 11,713 de los 95,506 homicidios cometidos en los 32 meses del gobierno de AMLO; eso representa 12.2% del total, cuando su población apenas es de 4.9%.

Guanajuato lleva 30 años siendo gobernado por el Partido Acción Nacional, opositor a AMLO. Aunque el presidente sabe que ahí la opinión pública le es desfavorable y su partido, Morena, no logra avanzar, ha insistido en su conferencia matutina diaria sobre la necesidad de que Zamarripa sea relevado.

Que el gobernador panista Diego Rodríguez y el Congreso local hayan decidido mantener a Zamarripa pese a los malos resultados, es un gran atractivo para que el presidente haya retomado el tema. Sin embargo, él no es el único que ha hablado al respecto. La sociedad civil también ha expresado su descontento en diversas ocasiones. Rocío Naveja, presidenta del Observatorio Ciudadano de León, me dijo que la larga permanencia del fiscal hace que “ya no vea los problemas ni escuche visiones distintas a la suya”.

Cuando tomó posesión de la entonces Procuraduría de Justicia de Guanajuato (después Fiscalía), en marzo de 2012, Carlos Zamarripa Aguirre era el ejemplo de que se puede ascender por méritos propios en la compleja área del combate al delito.

En sus primeros años convirtió a la Procuraduría en una institución de reacción rápida policial, aunque ineficaz para construir jurídicamente los casos. En una acción espectacular, en 2011 detuvo a 26 policías de los municipios de Jerécuaro y Coroneo. Los acusó de trabajar para el cártel de la Familia Michoacana, pero a los diez días los liberó un juez por la debilidad de las pruebas.

Para acreditar eficiencia en el combate a la delincuencia recurrió a métodos fuera de la ley, que activistas ven como un “patrón institucional”. De 2012 a 2016 hubo 105 denuncias de tortura en el estado. Solo en 2018 la Procuraduría de Derechos Humanos abrió 65 expedientes por “violaciones a la integridad física”.

Con su primera ratificación en el cargo, en 2012, amplió su influencia al sugerir a su compañero de gabinete, el entonces secretario de Seguridad Pública local Alvar Cabeza de Vaca, compañero inseparable y factor para controlar las policías de los 46 municipios de Guanajuato.

Pero vino el auge del “huachicol” (robo y comercio ilegal de combustible) y con él nació el violento Cártel de Santa Rosa de Lima, que desató una guerra contra el rival Cártel Jalisco Nueva Generación en el estado líder en crecimiento económico, que hospeda plantas de las gigantescas automotrices General Motors, Mazda, Honda y Toyota.

Cuando a Zamarripa se le preguntaba por este aumento en la violencia, sonreía nervioso y adjudicaba la responsabilidad al gobierno federal, encargado de combatir la delincuencia organizada. Nunca explicó cómo algo de esa magnitud pasó desapercibido para el sofisticado y millonario sistema de vigilancia que instaló desde 2013 y que rastreaba carreteras estatales y accesos a las ciudades.

Con el arribo de Diego Sinhue Rodríguez, el tercer gobernador en su largo periplo, Zamarripa acrecentó su poder, su margen de maniobra y su influencia política. De ser un tímido funcionario que pedía permiso para hablar, hoy su presencia impone a todos y la mayoría evita confrontarlo.

Hace tres años, ante el crecimiento de los asesinatos vinculados al crimen organizado, el alcalde de León, Héctor López Santillana, buscó reformular el combate al delito importando un modelo de justicia cívica para convertir a policías municipales en agentes investigadores capaces de recibir denuncias ciudadanas.

El consultor en seguridad Bernardo León Olea planteó firmar un acuerdo político con Zamarripa. Pero desde la primera reunión el fiscal criticó el proyecto y rechazó participar. Aunque convino algunas funciones, en la práctica lo saboteó.

“Zamarripa defendió el monopolio de la investigación de los delitos, pese a la insuficiente capacidad de la Fiscalía”, me dijo en entrevista León Olea. Agregó: "No es lógico que la mayor ciudad de Guanajuato, con 1.5 millones de habitantes, esté sometida por un ejército de menos de 5,000 transgresores de la ley que los policías locales tienen identificados, pero a quienes no pueden investigar ni perseguir”.

Tanto el actual gobernador Rodríguez como el exgobernador Carlos Medina buscaron convencer a Zamarripa de colaborar, pero fracasaron. “La visión que tiene de la Fiscalía y su relación con las policías municipales es antediluviana”, dijo León Olea.

Hace unas semanas Isidoro Bazaldúa, diputado local del opositor Partido de la Revolución Demócratica, reprochó en el Congreso de Guanajuato el silencio de la Fiscalía ante la crisis de inseguridad y la reciente elección “bañada en sangre " en la que perdieron la vida tres aspirantes a cargos municipales. El legislador reconoció como su mayor error el respaldo a la ley que, en 2019, creó la Fiscalía local y le dio nueve años extras a Zamarripa como fiscal: “Pido perdón al pueblo de Guanajuato”.

El año pasado, Rocío Naveja pidió públicamente al gobernador "informes semanales en materia de seguridad", ante la cerrazón del fiscal para compartir información. No obtuvo respuesta.

Naveja me dijo que “si el fiscal no está cumpliendo hay mecanismos legales para el relevo”. En realidad, el procedimiento constitucional es complejo: solo puede removerlo el gobernador “por causa grave”, pero aún así debe someter la decisión al Congreso local, dice el artículo 95.

Su actuación controvertida no le ha quitado poder a Zamarripa. “Está enconchado en su búnker y en sus dominios nadie lo puede tocar”, me dijo el expresidente del Consejo Empresarial local Arturo Sánchez Castellanos.

Carlos Zamarripa es dueño del escenario en Guanajuato pese al aumento en situaciones atroces, pero enfrenta el reclamo de un presidente que se precia de ser “muy terco”. Si la dura crítica presidencial no tiene efectos, los guanajuatenses seguiremos inmersos en un escenario de inseguridad y violencia, donde el servidor público que debería protegerlos está más preocupado por sobrevivir políticamente y consolidar su poder que en atender la violencia que parece imparable.

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