Summum de la Justicia
La historia de los generales impunes en México
Zorayda Gallegos | El País
En un ceremonioso ritual de despedida el general Genaro Fausto Lozano Espinoza fue cobijado por las palabras de su jefe, el entonces secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos. El 1 de diciembre de 2016 en el Heroico Colegio Militar Cienfuegos entregó condecoraciones a seis generales de división diplomados de Estado Mayor que pasaban a situación de retiro. Entre ellos, ataviado con su uniforme de tres estrellas, estaba Lozano Espinosa, que era reconocido por su trayectoria de casi 50 años en las Fuerzas Armadas. En su discurso Cienfuegos destacó que como director general de la Industria Militar, Lozano impulsó importantes e inéditos proyectos para satisfacer diversas necesidades del Ejército y de la Fuerza Aérea. A unos metros de él, erguido y silencioso Lozano escuchaba las palabras de su jefe sin imaginarse que meses después su trayectoria estaría en riesgo de verse empañada por diversas acusaciones que apuntaban a esquemas de corrupción ocurridos durante su paso por la Dirección General de Industria Militar.
Tres semanas después del evento encabezado por Cienfuegos, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió un dictamen donde señalaba una serie de anomalías en las compras hechas por Industria Militar durante 2015, justo en el periodo del recién condecorado general. Los auditores hicieron una revisión a tres procedimientos de contratación realizados con la empresa DRM Aceros Internacional y encontró que ésta se confabulaba con otras empresas para encarecer los insumos que le ofertaba a la Sedena vendiendo el acero con un sobreprecio de hasta 143,9%. En sus observaciones el órgano fiscalizador alertó sobre deficiencias en la selección de proveedores y concluyó que se carecieron de mecanismos de control en el manejo de los recursos.
No sólo eso, luego se sabría que la compañía en realidad era una firma fantasma. Una investigación publicada por EL PAÍS en julio de 2020 reveló que entre 2013 y 2016 Industria Militar pagó 240,5 millones de pesos a DRM Aceros por la compra de supuestos insumos para la producción de armamento, pese a que era una firma que facturaba operaciones simuladas. La justicia castrense suele ser poco implacable cuando se trata de indagar la conducta de sus más altos rangos. Aunque la Auditoría Superior pidió a la Sedena investigar y en su caso sancionar las irregularidades identificadas en los procedimientos de contratación, el órgano interno de control de la Sedena solo multó a la empresa. A la par de la investigación de los tratos con DRM Aceros, la Contraloría le daba trámite a otras denuncias que había en contra de Lozano. En otro expediente se le acusaba de haber aprobado en 2015 el lanzamiento de una convocatoria para la adquisición de herramientas que limitó la libre participación de los licitantes.
En las especificaciones técnicas de la licitación pública se señalaba que los bienes a adquirir —usados en la fabricación de fusiles— deberían ser de una marca específica, lo que terminó favoreciendo a una empresa determinada. Finalmente el 9 de mayo de 2017 el OIC sancionó a Lozano con una simple amonestación. El caso de Lozano no es el único donde la cúpula militar ha logrado librar las anomalías que ocurren bajo su mando. Tras una revisión hecha por EL PAÍS a los expedientes de sanciones en materia administrativa seguidos a los miembros de la Sedena y obtenidos vía ley de transparencia, se encontró que la secretaría se resiste a sancionar a sus altos mandos.
Entre enero de 2010 y mediados de 2021 la Contraloría del Ejército y Fuerza Aérea —el brazo investigador y auditor de la Defensa Nacional— inició 583 procedimientos de sanción en contra de militares que cometieron irregularidades en contrataciones, negligencia administrativa, ejercicio indebido de funciones y tráfico de influencias, entre otras anomalías. Después de recabar testimonios y realizar auditorías, solo nueve generales fueron castigados, pese a que en algunos casos estos eran los encargados de autorizar o supervisar a sus subordinados. El resto de las sanciones recayeron en la tropa. Las nueve sanciones a los altos mandos, además, fueron lo más laxas posibles, pese a que estuvieron involucrados en uso indebido de recursos públicos, abuso de poder, negligencia administrativa, tráfico de armas, anomalías en adquisiciones, contrataciones amañadas y hasta acoso sexual, según una revisión hecha a los expedientes de sanción.
El único general al que se le impuso una sanción económica fue a Juan Antonio Magaña López, que se desempeñó como administrador de la unidad habitacional militar número 1 en Ciudad de México. Durante su gestión se generaron adeudos de energía eléctrica y cuotas de recuperación que no fueron entregados a la Dirección General de Administración. Tras una investigación interna se descubrió que la encargada de los cobros a los residentes del complejo habitacional le hacía préstamos de esa bolsa a uno de sus ayudantes de la oficina. El OIC responsabilizó al general de incumplir sus obligaciones al no supervisar la actuación de los servidores públicos a su cargo, quienes hicieron un manejo poco escrupuloso de los recursos. “Esto ocasionó un quebranto a los controles internos establecidos para el manejo, captación, resguardo, control y aplicación de los recursos económicos y derivó en un daño económico a esta secretaría”, se concluyó. El monto de la multa fue de 270,000 pesos.
Abuso de poder y negligencia administrativa
Las faltas de los generales no se reducen solo a negligencia administrativa, hay casos como el de un oficial que denunció a su superior por haberle obstruido la atención médica. En una queja que presentó ante el órgano interno de control contó que el 26 de noviembre de 2014 habló al Hospital Central Militar para verificar la consulta que tenía programada, pero le dijeron que ésta había sido cancelada. “Acudo a usted porque se ve afectada mi salud que ha empezado a deteriorarse por eso ya me están enviando a valorar la compatibilidad del donador para realizarme el trasplante de riñón”, narraba en su denuncia. También acusaba que no le habían permitido asistir a los estudios de laboratorio. La investigación de la Contraloría concluyó que el responsable había sido el general brigadier médico cirujano Emmanuel Martínez Lara y lo acusó de “violación a los derechos humanos” al obstruir el derecho a la salud de uno de sus subalternos. La sanción fue una simple amonestación. En otra denuncia recibida por la Contraloría en junio de 2014 se acusaba a un comandante de robo de gasolina, malversación del presupuesto para mantenimiento y “excesiva consideración con el personal femenino”.
El órgano disciplinario puso en marcha una indagatoria que dejó al descubierto el acoso sexual al que había sometido al menos a tres de sus subordinadas. Los inspectores se dieron a la tarea de recabar sigilosamente otros testimonios que terminaron incriminándolo. Una de las policías militares entrevistadas contó que en dos ocasiones el comandante del batallón le hizo preguntas incómodas y personales. “Que si ya había tenido relaciones sexuales o que si le era infiel a mi pareja”, recordó. Otra policía narró que le hacía comentarios insinuantes y que constantemente la invitaba a su habitación. Incluso en una ocasión le pidió pasar una noche “íntima” con él, según las denuncias expuestas en la resolución de sanción entregada por la Sedena vía transparencia a este diario y donde se tachó el nombre del alto mando militar. Aunque la Contraloría recabó tres testimonios entre el personal femenino del batallón que fueron coincidentes en señalar actitudes de hostigamiento por parte del comandante, lo único que se logró fue suspenderlo un mes de su cargo.
En el fallo del órgano sancionador se lee que en su cargo de “comandante del segundo batallón de Policía Militar” incumplió con lo establecido en la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en el sentido de que “acosaba al personal femenino del batallón de policía militar, haciéndoles comentarios desagradables lo que les provocaba sentirse incómodas”. La impecable honorabilidad del Ejército se ha visto vulnerada con decenas de casos que tocan a la cúpula militar. Aunque algunos sí fueron castigados con un leve regaño, hay otros donde no se logró ni eso. Entre los expedientes que quedaron archivados y no ameritaron ninguna sanción se encuentra el de un general que fue acusado de abuso de autoridad al haber enviado a cabos de caballería a remodelar su casa.
Tampoco hubo sanción para un general de división acusado de encabezar una red de corrupción en la Dirección de Educación Militar ni para otro alto mando que protegió a uno de sus subordinados, quien habría otorgado contratos a la empresa de su hermano omitiendo manifestar el conflicto de interés en el que estaba envuelto. Otro caso que quedó apilado en los burocráticos registros disciplinarios es el de un comandante que nunca se percató de que un grupo de militares bajo su mando alteraba los cheques que debían depositar a una cuenta institucional para quedarse con una parte del recurso.
Tráfico de armas y fiestas en los cuarteles
Estos no son los únicos generales que han socavado la disciplina militar. EL PÁIS dio a conocer en mayo pasado el caso de Alberto Reyes Vaca, que como comandante del grupo de Fuerzas Especiales en una localidad del Estado de México (entre octubre de 2014 y mediados de 2016) organizaba fiestas dentro de las instalaciones militares donde las bebidas y alimentos los costeaba con el presupuesto de la Sedena. Estas reuniones privadas se realizaban en un área de convivencia que fue construida a petición del general dentro del campo militar 37-B y donde se instaló un bar.
A través de fotografías recopiladas en el expediente se logró confirmar que a esas fiestas acudían cantantes de narcocorridos como Gerardo Ortiz y Calibre 50. También empleaba a personal del batallón como meseros y músicos. Además vulneró la secrecía con que se llevan a cabo las actividades militares de adiestramiento de las fuerzas especiales al emplear personal a su mando para participar en demostraciones que eran exhibidas a los amigos de su hijo. En junio pasado este diario también reveló el caso del general de brigada José Luis Ramón Velasco Guillén, que traficó con armas que eran donadas a la Defensa Nacional (Sedena).
Algunas de ellas terminaron en manos del crimen organizado. En 2012 la Contraloría del Ejército emprendió una investigación interna que puso al descubierto que el general había dispuesto indebidamente de al menos 86 armas que dos coleccionistas habían cedido a la Sedena cuando éste fungió fungió como titular de la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos durante el sexenio de Felipe Calderón. El armamento fue resguardado en la oficina del general en vez de haber sido trasladado a la Dirección de Comercialización de Armamento.
Posteriormente Velasco Guillén se encargó de venderlo a miembros de la Sedena y a otro coleccionista privado que después fue vinculado por las autoridades a miembros del narcotráfico. Pese a que se detectó una falta de control, desorganización y negligencia durante su gestión, la Contraloría solo le impuso una amonestación. Los generales también han solapado diversas irregularidades en contrataciones que apuntan a actos de corrupción. En un reportaje publicado en EL PAÍS también se desveló que la Sedena ha hecho un manejo deficiente y poco escrupuloso de los recursos públicos, ya que carece de procesos rigurosos de adquisiciones y escudándose en la seguridad nacional ha comprado insumos a sobreprecio. Entre 2013 y 2020 se emitieron licitaciones a modo que restringieron la competencia de los participantes, se incurrió en desaseo contable al pagar facturas duplicadas y en algunos procedimientos se alteraron las bases de licitación para favorecer a algún contratista en particular.
Tampoco se verificó que las compañías estuviesen al corriente en sus obligaciones fiscales y no se penalizó a los proveedores que incumplieron con los contratos. El gobierno de López Obrador, que ha tomado de aliado al Ejército mexicano para sacar adelante sus proyectos más ambiciosos e importantes, mantiene bajo investigación a dos altos mandos militares. La indagatoria está a cargo del órgano interno de control de la Sedena que rinde cuentas a la Secretaría de la Función Pública —la instancia que ha encabezado el combate a la corrupción en esta administración—. Aunque el expediente se inició en 2017 por presunta “negligencia administrativa”, el órgano investigador retomó las pesquisas en 2019 porque considera que las faltas cometidas por los generales son graves. El caso partió de una denuncia ciudadana y el OIC busca inhabilitarlos por 5 años, de acuerdo a documentos obtenidos vía ley de transparencia.
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