Detrás del Muro
Hay una crisis de violencia y racismo al sur de México que necesita atención urgente
León Krauze | The Washington Post
Hay una crisis inminente en el sur de México. Y en los últimos días, algunos videos de periodistas y activistas que cubren una caravana de inmigrantes en el estado de Chiapas presagian lo grave que podría llegar a ser.
Una escena desgarradora muestra a un joven padre inmigrante, probablemente haitiano, según un testigo, enfrentarse a un grupo de agentes de migración mexicanos de la Guardia Nacional, la cual forma parte de las fuerzas armadas. Se ve al hombre encogido a un lado de la carretera tras haber sido derribado al suelo. Tiene un niño pequeño en sus brazos. Cuando los agentes se le acercan, se tambalea hacia atrás y luego se pone de pie. “Mátame”, dice. “Mátame con el niño”. El hombre intenta desesperadamente regresar a la carretera mientras los funcionarios le bloquean el paso. El hombre choca contra los escudos, mientras el niño se aferra con fuerza a su cuello.
Esas imágenes están lejos de ser las peores. Otro video muestra a un hombre forcejeando con un agente migratorio. El hombre es derribado al suelo, donde es agredido. Mientras un oficial lo golpea repetidas veces, otro hombre con una camisa blanca con la bandera mexicana en la manga lo patea y le pisotea la cabeza dos veces. En otro video se ve a las autoridades forcejear y arrojar al piso a un hombre frente a su hijo, quien luego corre a ayudarlo entre soldados y escudos.
Estas imágenes dolorosas confirman el giro del gobierno mexicano hacia una estrategia de disuasión total de la migración a instancias del gobierno de Estados Unidos. Tras ganar las elecciones en 2018 el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, prometió proteger a los inmigrantes. Ha hecho todo lo contrario.
“Han entendido la cooperación con Estados Unidos solo desde el punto de vista de la militarización y la represión”, me dijo Eunice Rendón, experta en inmigración mexicana. “El amplio despliegue de las fuerzas armadas a lo largo de la frontera tiene un objetivo claro: la contención”.
Este énfasis ha dado paso a lo que Rendón llama “una situación caótica”, en la que las familias que intentan salir de Chiapas se encuentran con una fuerza contundente. “El miedo los está haciendo buscar rutas más peligrosas para evitar ser detectados y deportados”, dijo Rendón.
Las duras tácticas del gobierno mexicano también han llevado a Tapachula, una ciudad mediana y fronteriza en Chiapas, al borde del colapso. Chiapas, que ya es el estado más pobre del país, se ha visto obligado a lidiar con una continua afluencia de solicitantes de asilo de América Central, el Caribe y África. Los haitianos en particular se han congregado en grandes cantidades en Tapachula. Allí enfrentan miseria, desempleo y, cada vez más, racismo.
Según Arturo Viscarra, abogado de inmigración del grupo activista CHIRLA, Tapachula se ha convertido en “un infierno de discriminación y desempleo” para los solicitantes de asilo. “A medida que más solicitantes de asilo haitianos son retenidos deliberadamente en Tapachula por la estrategia de contención del gobierno, están siendo más visibles y están cada vez más expuestos a la xenofobia ya existente en la población local”, me dijo Viscarra.
Las autoridades mexicanas son responsables de esto, pero la presión de Estados Unidos —tanto del gobierno del expresidente Donald Trump como del del actual, Joe Biden— para evitar que los migrantes lleguen a la frontera con Estados Unidos, ha impulsado a México a violar sus leyes nacionales y obligaciones internacionales con respecto a los refugiados y solicitantes de asilo. México tampoco invierte los recursos adecuados para realmente reubicar a los refugiados en el país. COMAR, la agencia de refugiados de México, no se da abasto. Según Viscarra, la información que le dan a las personas es que deben esperar meses antes de reunirse con un representante de COMAR, lo que deja a muchas personas vulnerables al arresto y la deportación. Muchas son enviadas a Guatemala, donde enfrentan peligros aún mayores.
Viscarra me envió una entrevista con un inmigrante haitiano, “uno de los aparentes líderes”, me dijo, quien se quejaba de las deportaciones indiscriminadas de posibles refugiados. “Se están violando los derechos humanos”, dice el hombre. “No pueden simplemente agarrar a las personas, ponerlas en un autobús y arrojarlas en Guatemala. Eso es racista y por eso estamos protestando”. El hombre continúa explicando la terrible situación que enfrentan las y los inmigrantes haitianos en Tapachula. “La gente está durmiendo en las calles, bajo la lluvia. Necesitamos comida. Nos están agrediendo”, dice. Cuando Viscarra le dice que la frontera con Estados Unidos está cerrada, el hombre le responde que ellos ya no quieren emigrar a Estados Unidos. Lo único que quieren es salir de Chiapas hacia otras partes de México en busca de oportunidades. “Aquí nos tratan como animales”, dice.
La Guardia Nacional de México parece estar decidida a impedir que los solicitantes de asilo salgan del sur pobre de México, aunque eso amenace la estabilidad de la región o, peor, termine produciendo un estallido xenófobo y racista. El abuso a migrantes en México por parte de los cárteles del narcotráfico y las fuerzas de seguridad es habitual, y a menudo tiene consecuencias horribles. Si son abandonadas en su desesperación, las personas inmigrantes se convertirán en presa fácil de la extorsión, el secuestro o la esclavitud sexual, la cual abunda en Tapachula.
El imperativo moral tanto para México como para Estados Unidos debe ser prevenir futuros incidentes de miedo y miseria humana. La mezcolanza de políticas contradictorias de inmigración y asilo no está funcionando, como ha sido evidente en Chiapas. Existe una delgada línea entre la aplicación de las leyes migratorias y la crueldad absoluta. Tanto López Obrador como el presidente Biden deberían saber la diferencia.
aranza
