Los recortes presupuestarios agudizan la crisis migratoria en Tapachula

Jacobo García | El País

México - Montañas de peticiones que se acumulan, personal desbordado e insuficiente, solicitudes sin respuesta y oficinas saturadas que tardan meses y meses en responder a las solicitudes que llegan es el panorama que enfrenta la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), la oficina encargada de dar respuesta a los miles de solicitantes de asilo que esperan una solución a sus trámites.

La Comar se encuentra rebasada, ya que el presupuesto asignado no alcanza ni de lejos a sus necesidades. A pesar de que las solicitudes no han dejado de aumentar, el presupuesto destinado por la Secretaría de Gobernación se ha reducido y en 2021 contará con 44 millones de pesos, tres millones menos que el año anterior. En contraste con la escasez de fondos, de 2013 a agosto de 2021, el número de peticiones de refugio aumentó un 5.884%. Tan solo en lo que va de este año se presentaron casi 77,600 solicitudes, superando el récord histórico de 70.405 de 2019, según cifras oficiales del propio organismo. Solo la entrada de Agencia para los Refugiados de Naciones Unidas (ACNUR) ha mitigado ligeramente el problema económico al aportar casi 53 millones más, sin embargo la cifra aún está lejos de cubrir las necesidades que se calculan en 200 millones a lo que se suma la falta de doblar el personal para agilizar la situación.

Actualmente para todo México, Comar cuenta con unas 170 personas a las que se suman otras 230 que paga ACNUR. “Necesitaríamos unas 148 personas más”, reconoce Andrés Ramírez, coordinador de Comar. El presupuesto supone el 2,8% del dinero total que maneja el Instituto Nacional de Migración (INM), según datos oficiales.

En 2013 las solicitudes de refugio en México eran poco más de cien cada mes, en la actualidad rondan las 8,000 mensuales, y el proceso no ha ido acompañado de un esfuerzo presupuestario sino de los mismos recortes que afectan a todas las secretarias. Resultado de esta política, la ciudad de Tapachula, en la frontera con Guatemala, ha visto como se ha desbordado en pocos años sus calles de miles de migrantes que esperan una respuesta. El incremento corresponde en su mayoría centroamericanos, pero nuevos flujos migratorios de haitianos, cubanos o venezolanos han conducido la situación al límite. Por primera vez, los haitianos encabezaron las solicitudes de condición de refugiado en México.

Ante las cifras récord de solicitantes de refugio, la Comar se encuentra saturada, particularmente su oficina en Tapachula, Chiapas, que concentra más del 70% de todos los procedimientos. Desde aquí partieron en los últimos días hasta cuatro caravanas de desesperados migrantes cansados de vivir en la indigencia mientras esperan una respuesta. La Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración pusieron en marcha operativos para impedir su avance, durante los cuales los agentes golpearon a los extranjeros. La ley de refugio señala que el solicitante debe permanecer en la ciudad donde inició su procedimiento hasta que sea resuelto, so pena de perder el derecho al asilo.

Las carencias presupuestarias son admitidas incluso por los responsables del organismo. Para realizar un trabajo serio se requiere seis veces más presupuesto que lo asignado para este año, reconoce en una entrevista con EL PAÍS Andrés Ramírez, titular del organismo. “Nosotros habíamos hecho un diagnóstico de las necesidades y necesitaríamos del orden de 130 millones”. “Eso es lo que necesitaríamos para hacer un trabajo profesional, pero no me voy a quedar paralizado y llorando”, admite este experimentado funcionario que ha trabajado antes en misiones en Bosnia y Ruanda con ACNUR.

“Se necesitan alternativas migratorias como darles documentos para el libre tránsito, permisos de trabajo temporal o saber que no van a ser deportados, además de aumentar en el presupuesto, pero como no tenemos ni una cosa ni la otra la situación se ha desbordado y tenemos este problema”, explica Ramírez. “Los haitianos cuando llegan solo ven un camino que es venir a Comar y eso ha saturado las oficinas”. “Los haitianos que han llegado no los consideramos refugiados porque vienen de Chile y Brasil y están colapsando el servicio de atención en detrimento de quienes legítimamente buscan refugio”, ha añadido. Según su explicación, refugiado es una persona que por motivos de persecución salen de su país de origen, “pero ellos no salieron por este motivo sino en busca de mejores oportunidades económicas por eso es importante que México les ofrezca alternativas migratorias”, añade.

Según Eunice Rendón, coordinadora de la organización Agenda Migrante el discurso humanitario hacia los migrantes del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha venido acompañado de un presupuesto que lo apuntale. “Antes de la pandemia por la covid-19 el plazo para que se resolviese cada trámite era de 45 días con una prórroga de otros 45, pero actualmente no existe límite. En varias ocasiones la Comar se ha visto obligada a cerrar sus instalaciones por brotes de coronavirus, ya que los solicitantes pasan horas hacinados en el exterior de las oficinas. Actualmente, si alguien quiere pedir asilo recibe una cita para el mes de enero. Miles de solicitantes de protección internacional llevan meses abandonados en Tapachula, sin documentos y bajo la amenaza de ser detenidos en una redada migratoria”, explica Rendón.

“Lógicamente, si tienes una capacidad operativa muy fortalecida, pues los tiempos (de respuesta) se reducen, si la capacidad operativa es muy precaria, muy limitada, obvio que estos tiempos se multiplican”, reconoce Ramírez. “Llegan momentos en que no podemos cumplir los plazos, porque está estirándose la cuerda demasiado”. Por otro lado, advierte que debido al acuerdo pactado para recibir a los centroamericanos que pidan asilo en Estados Unidos, es posible que varios de esos migrantes desistan de su proceso en el país vecino y pidan refugio en México.

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