De Protestas a Propuestas
¿Cómo podemos acabar con la extorsión en México?
Romain Le Cour Grandmaison | The Washington Post
Este abril entré a una tienda de abarrotes en la ruta que une los municipios de Apatzingán y Aguililla, en la Tierra Caliente de Michoacán. El dueño señaló la botella que me acababa de vender: “Te la vendo dos pesos más cara que en Apatzingán. Tu refresco viene con cuota”. Toda la mercancía tenía precio con cuota incluida, impuesta cada mes por un miembro del grupo criminal que domina la zona a cambio de “protección”, y que por seguridad prefiero mantener anónimo.
“Aquí no te protege ni Dios. La cuota la pagas, te callas y rezas para que no te maten”, me dijo el tendero, resignado al hablar de la inseguridad y la desconfianza hacia las autoridades. Su historia de temor y silencio es cada vez más común en México: entre 2015 y 2020, los casos registrados de extorsión se incrementaron 32%, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y casi 99% no se denuncian, según la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2020.
En 2020 se registraron oficialmente más de 900,000 extorsiones contra empresas: 1,821 de cada 10,000 fueron víctimas. Si recordamos que casi 100% de casos no se reportan ni se investigan, entendemos mejor los testimonios que hemos recogido en la organización México Evalúa durante entrevistas de campo: la extorsión es sistemática y afecta tanto a negocios pequeños, medianos y grandes, como a agricultores, taqueros, dueños de bares o malabaristas de semáforos. La excepción es que no entreguen parte de sus ganancias a un extorsionador, lo cual tiene un impacto nacional.
Este delito le cuesta cada año a la economía mexicana 226,000 millones de pesos (11,300 millones de dólares), lo equivalente a 1.25% del Producto Interno Bruto. La extorsión se ha convertido en un impuesto criminal y en ciertas zonas, según los testimonios que hemos recogido, se aplica más que las recaudaciones fiscales legales.
Más allá de las cifras oficiales, el inmenso desafío de este impuesto criminal para la sociedad civil y las autoridades públicas es que casi nadie reporta la extorsión. ¿Cómo documentar, atender y solucionar un delito que no se ve? ¿Cómo romper la cadena del miedo? ¿Cómo crear confianza entre la sociedad y las autoridades para imaginar soluciones?
México Evalúa ha investigado y analizado la extorsión empresarial a través de estudios de caso en los estados de Chihuahua, Michoacán, Quintana Roo y Baja California. Las amenazas llegan por teléfono o directamente a las tiendas, a los empleados que van a cobrar al banco, al administrador, al dueño, a los hijos. El miedo es la constante y cierra un círculo de la impunidad: la inmensa mayoría de las victimas que hemos entrevistado no se acercan a las autoridades por el temor a que estén coludidas con sus extorsionadores.
Frente a este panorama de desconfianza, los empresarios han reaccionado de forma variada. En la zona platanera de la costa michoacana, como sucedió también en los montes aguacateros y los llanos limoneros del estado, las cuotas impuestas hasta 2013 y 2014 por el cártel de los Caballeros Templarios derivaron en una reacción armada con la creación de decenas de grupos de autodefensas y policías comunitarias. En algunos casos, los agroindustriales locales se hicieron cargo de financiar una fuerza armada dedicada a proteger a la ciudadanía y las actividades económicas de la zona.
Ocho años después, muchos de estos grupos siguen vigilando Michoacán sin que las autoridades hayan asumido el papel que les corresponde: hacerse cargo de la seguridad pública y proteger a la ciudadanía. A pesar del compromiso de empresarios y comandantes de autodefensas, es inviable que la seguridad siga siendo organizada por grupos privados mientras los diferentes gobiernos hacen la vista gorda.
En Ciudad Juárez, Chihuahua, entre 2008 y 2009 habían cerrado 10,000 pequeñas y medianas empresas, y más de 100,000 personas emigraron debido, entre otras causas, a la extorsión. La solución, en este caso, se buscó que fuera sin armas mediante tres acciones: una solicitud de apoyo al gobierno federal; la creación de la Mesa de Seguridad; y la formación de una nueva e independiente unidad policial especializada antiextorsión, articulada con la fiscalía estatal.
Al mismo tiempo, se tomaron medidas para elevar el nivel de denuncia con la creación de ministerios públicos móviles y reformas legales. Fue un frente común para frenar la extorsión durante los años más violentos de la historia reciente de la ciudad —hubo 10,000 homicidios dolosos entre 2007 y 2011— , a pesar de las amenazas y asesinatos que sufrieron tanto comerciantes como autoridades. El delito no desapareció, pero en 2020 Ciudad Juárez registró una tasa de 0.59 extorsiones por cada 100,000 habitantes, muy por debajo del promedio nacional de 6.26.
Este camino colaborativo todavía tiene áreas de oportunidad por atender, pero ya ha permitido crear instituciones dotadas de mandatos y recursos sólidos y duraderos, y ofrece una respuesta pública que marca un avance decisivo del Estado de Derecho.
A partir de estos casos de estudio, hay tres ejes de trabajo clave para enfrentar un delito tan universal y, a la vez, tan invisible. El primero es documentar las prácticas de extorsión desde las propias víctimas, para llevar los testimonios hacia los responsables de la seguridad y al público en general. Mapear, medir y ofrecer datos confiables acerca del fenómeno para que los poderes judiciales conozcan la magnitud y localización de los delitos para atenderlos. Y, finalmente, abrir un diálogo para fomentar la confianza entre ciudadanía y autoridades.
Si no se rompe la cadena de temor y silencio, es imposible que se puedan diseñar políticas públicas adecuadas a los desafíos y que la ciudadanía pueda comprender el tamaño del problema.
aranza
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