Del Dicho al Hecho

Hay evidencia razonable contra los científicos del Foro Consultivo en México

2021-09-24

La información para realizar el reportaje —700 documentos confidenciales— la...

Ricardo Balderas, Eduard Martín-Borregón | The Washington Post

La Fiscalía General de la República (FGR) mexicana ha intentado dos veces que 31 científicos e investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), relacionados con la asociación Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C. (Foro A.C.), sean aprehendidos por cuatro delitos. La denuncia señala que los servidores públicos “crearon, autorizaron y fondearon una empresa privada para después incorporarse a ella”, y que utilizaron recursos federales destinados a la investigación científica “para favorecer a dicha empresa privada en la compra de muebles, vehículos, inmuebles, salarios y servicios directos”.

Un juez determinó que no hay elementos para ejercer una acción penal en contra de los imputados. Desde marzo de 2020 la investigación La Mafia de la Ciencia, que publicamos en la organización PODER, ya señalaba que el Foro A.C. “fue la vía que utilizó un grupo de académicos para usurpar funciones públicas y beneficiarse por más de 16 años de fondos públicos discrecionales del Conacyt”.

La investigación señala que, de 2011 a 2018, Foro A.C. recibió de Conacyt poco más de 287 millones de pesos, buena parte de los cuales se usaron en viajes al extranjero, desayunos y compras por internet.

El caso que presenta la FGR gira alrededor de la mala gestión de recursos públicos que hicieron desde el Foro A.C., cuya sede está en la calle Melchor Ocampo, en la alcaldía Coyacán de Ciudad de México. Esta casa de dos pisos —en una zona de alta plusvalía — es propiedad de la asociación civil, aunque no ha podido explicar de dónde salieron los 17 millones de pesos (850,000 dólares) para adquirirla.

José Franco, coordinador general de Foro A.C. entre 2014 y 2018, reconoció en entrevista para nuestra investigación que no revisó la procedencia de los fondos cuando compró el inmueble en 2015. Según la excoordinadora Gabriela Dutrénit (2012-2014), el fondo se heredó de la administración de José Luis Fernández Zayas (2004-2008). Ella agregó que el Foro A.C. recibió 30 millones de pesos de un contrato que pudo relacionar con una investigación sobre el derrumbe de la mina Pasta de Conchos, pero dijo en ese momento: “Yo entregué el dinero tal cual lo recibí, mi administración solo trabajó con fondos del Conacyt y está todo debidamente notificado”.

Julia Tagüeña, coordinadora de 2018 a 2020, y Adriana Guerra Gómez, secretaria técnica, dijeron en entrevista que ellas operaron con fondos meramente públicos y que los recursos con los que se adquirió la casa eran resultado de otras actividades que realizó la asociación previamente.

Antes de ser coordinadora general, Tagüeña ejerció como directora adjunta de Desarrollo Científico del Conacyt de 2013 hasta octubre de 2018, cuando renunció y tomó su puesto en la asociación civil. En 2018, Conacyt adjudicó de forma directa al Foro A.C. 50 millones de pesos, el montó más alto desde 2011. Tagüeña nos dijo que no aprovechó su cargo para mandar fondos a la asociación, pero matizó que la actividad de ejercer recursos es común, por lo que enviar dinero a dicha asociación no constituye una irregularidad.

Esos 50 millones de pesos, de acuerdo con los informes del periodo de Tagüeña, se gastaron en viajes internacionales, viáticos, nóminas y gastos a empresas como Amazon, Google, Cabify, Lumen y Adobe. El propio Foro A.C. se facturó a sí mismo más de 15 millones de pesos y Tagüeña se asignó recursos a ella misma mientras era presidenta. En noviembre y diciembre de 2018, Guerra Gómez percibió de sueldo 107,700 pesos mensuales.

Estas prácticas contradicen directamente los estatutos del Foro A.C., que señalan que los cargos de secretaria técnica y coordinadora general son honoríficos “por lo que no implicará ninguna compensación económica por su participación”. Y las reglas de operación de los fondos del Conacyt estipulan que solo deberán ser usados en actividades sustantivas, pero los informes de gasto y también la compra de la casa muestran que esto no se cumplió.

Toda esta información no es de acceso público, ya que el Foro es una asociación civil privada, por lo cual sus activos son categorizados como bienes privados y no como parte del Conacyt. Por lo mismo, no es un sujeto obligado a entregar información a la ciudadanía como sí lo son otros organismos autónomos. La información para realizar el reportaje —700 documentos confidenciales— la recibimos por medio de la plataforma de alertas ciudadanas anónimas Méxicoleaks.

Sin embargo, lo que sucede con el Foro A.C. no es un caso aislado. Hemos documentado también cómo otras dos asociaciones civiles, el Centro del Cambio Climático Global y la Sustentabilidad y la Academia Mexicana de la Ciencia, realizan prácticas opacas y laboralmente abusivas financiadas con fondos públicos. También, cómo mediante los Fondos Mixtos de Conacyt se financiaron proyectos fallidos como Lunaria, un planetario en el estado de Jalisco, y el Centro Regional de Innovación y Desarrollo Espacial en el Estado de México.

Estas prácticas llevan años siendo denunciadas por las capas menos privilegiadas de la academia mexicana, que trabajan en instituciones que el Estado no regula a profundidad pero que son financiadas generosamente con dinero público. Y que, además, incumplen sistemáticamente el propósito de promocionar a la ciencia y la tecnología para enriquecer y dar más poder a una élite académica. Las dudas razonables para iniciar la investigación por parte de la FGR están más que justificadas.



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