Nacional - Seguridad y Justicia

La Guardia Nacional no será suficiente para la pacificación de México

2021-09-30

A López Obrador le restan tres años de mandato y, hasta el momento, los resultados no...

Lilian Chapa Koloffon | The Washington Post

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no está tranquilo con los resultados en seguridad pública. En julio reconoció, valientemente, que si su gobierno no logra pacificar el país “por más que se haya hecho, no vamos a poder acreditar históricamente a nuestro gobierno”.

Su principal apuesta para lograrlo es clara desde el inicio de su administración: extinguir a la anterior Policía Federal y conformar la Guardia Nacional (GN), una Policía con un supuesto mando civil, pero que en los hechos es militar y el presidente busca que sea absorbida por la Secretaría de la Defensa.

A López Obrador le restan tres años de mandato y, hasta el momento, los resultados no apuntan a que esta apuesta arriesgada vaya a resolver el problema. Ni la visión más optimista sobre la efectividad que pudiera llegar a tener la GN —sin que hasta el momento se cuente con elementos para calificar su actuación como efectiva— puede confiar en que indicadores clave como el porcentaje de personas que se siente insegura en la entidad en la que vive —siete de cada 10 en 2020— o la tasa de homicidio intencional, de 22.5 por cada 100,000 habitantes en el mismo año, mejorarán como resultado de su intervención.

Esta falta de resultados ha ido acompañada del desdén presidencial por la reforma de las Policías locales. Los casi 100,000 integrantes de la GN no serán suficientes para suplir a las Policías municipales y estatales, que se encuentran debilitadas y abandonadas por la negligencia de la mayoría de dichos gobiernos. El problema del plan del presidente es que esas son las autoridades que reciben y atienden diario la mayoría de las llamadas de emergencia de las víctimas de la delincuencia. Por eso, tener policías más capaces y confiables es el camino más corto para aumentar la respuesta del Estado a las necesidades de la población. La reforma policial debe concretarse en todos los municipios que cuenten con una institución policial, en corresponsabilidad entre estos, los estados y la federación.

Hay problemas claros en poner todos los huevos en una sola canasta. En su apuesta total por la GN, el Ejecutivo borró del presupuesto para 2021 un subsidio de 4,000 millones de pesos que llegaba a las Policías de 300 municipios para complementar sus presupuestos. Si bien nunca fue conveniente que autoridades municipales desarrollaran una dependencia de recursos federales para financiar sus instituciones de seguridad pública, mantener ese esquema ocasionará aún mayor dependencia: más municipios rebasados por los delincuentes pedirán al gobierno federal la presencia de la GN.

La urgencia de fortalecer a las Policías locales es algo que el presidente ha tardado en reconocer, pese a que ha recorrido gran parte del país a ras de suelo. Este entendimiento del país no parece aplicar en este caso. Solo alguien muy alejado de la realidad desestimaría, por ejemplo, lo lesivo que resulta para la clase trabajadora el robo de su paga en el transporte público, uno de los delitos más frecuentes en México.

Por eso la Guardia Nacional no puede ser la respuesta del gobierno federal a todos los problemas de seguridad, pues sus integrantes desconocen las particularidades de las dinámicas delictivas locales, como los robos de vehículos y a casas. Incluso el gobierno federal planteó desde 2019 que la GN diseñara una estrategia para la reducción de los feminicidios, lo cual no ha prosperado.

Por décadas se ha postergado una reforma policial profunda. Hace 13 años, cuando se aprobó la transición al sistema penal acusatorio, se excluyó a estas instituciones de la transformación y por ello un cambio fundamental en la forma de impartir justicia no se tradujo en mayor seguridad.

Irónicamente en este sexenio, a pesar del desdén en el presupuesto federal, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del gobierno contempla el establecimiento de un nuevo modelo policial, el cual se aprobó en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, donde participan la federación, los estados y los municipios.

El documento marca la ruta para la reforma policial por tres vías. Primero, garantizar los recursos públicos suficientes para las Policías locales con mayor disciplina financiera a nivel municipal. Segundo, generar estándares en materia de salarios, prestaciones laborales, modernizar el programa rector de profesionalización y crear una verdadera carrera policial basada en el mérito. Tercero, implementar un sistema de evaluación de resultados que priorice la reducción de la victimización y mejorar la percepción ciudadana.

Además, propone que las Policías cuenten con facultades plenas para recibir denuncias directamente de las víctimas y unidades especiales para investigar los delitos, que hoy dependen de ministerios públicos rebasados cuya labor consiste en una consecución de pasos burocráticos y mucho papeleo que no concluye en la identificación de culpables ni en el acceso a la justicia.

Algunos municipios han implementado por cuenta propia componentes de la reforma y sus resultados son visibles. En Chihuahua, capital del estado del mismo nombre, policías jóvenes formadas en criminología y psicología dirigen el área de análisis criminal y la unidad especializada en delitos por razones de género. A meses de su creación, lograron la detención de un multiagresor sexual.

Otro caso es el de Ciudad Nezahualcóyotl, ubicado en un área de alta incidencia delictiva y violencia como la Zona Metropolitana del Valle de México. La reforma de su Policía, pionera en estos esfuerzos, resultó en una mejora contundente en la confianza ciudadana, que pasó de 49.2% en marzo de 2017 a 61% en el mismo mes de 2020.

Las políticas más efectivas para la reducción del delito violencia no se limitan a la tarea de policías y fiscales, sino que incluyen al sector salud, educación y desarrollo social. Pero para poder contener los problemas en el corto plazo se necesitan mejores Policías que apoyen al sistema de justicia. Sin esta reforma, la pacificación que busca el presidente López Obrador seguirá siendo solo un anhelo.



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