Panorama Económico
La crisis de credibilidad de Bretton Woods
ANNE O. KRUEGER | Política Exterior
La credibilidad es esencial para el trabajo crítico que hacen el FMI y el Banco Mundial. Al mantener en su puesto a Georgieva, su labor llevará a partir de ahora la marca de la sospecha, devaluando todo el trabajo de ambas instituciones.
A pesar de contratiempos como la Gran Recesión y la pandemia de Covid-19, la economía mundial ha tenido una trayectoria exitosa desde la Segunda Guerra Mundial. Dicho éxito ha estado respaldado por el sistema económico global de posguerra y sus instituciones centrales: el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio (anteriormente el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio). Al sumarse a las instituciones de Bretton Woods, los países de todo el mundo acordaban someter su comportamiento económico a un Estado de Derecho internacional.
Todas esas instituciones tienen órganos rectores con representantes de los Estados miembros, así como personal altamente cualificado. Los informes periódicos que producen son fuentes esenciales de información y análisis. Pero uno de esos informes, el índice anual Doing Business del Banco Mundial, que mide la facilidad para hacer negocios en los diferentes países, se ha convertido en causa de enorme controversia.
El objetivo del Doing Business es informar sobre el entorno regulatorio de cada Estado miembro, entre cuyos elementos figuran los procedimientos legales, los tiempos de espera, los costos de lanzamiento, la eficiencia del sistema judicial y la accesibilidad y fiabilidad de servicios básicos como la electricidad. Estos y otros muchos factores determinaban la clasificación general de cada país. En el informe de 2018, por ejemplo, Nueva Zelanda ocupaba el primer lugar y Somalia, el último.
Si bien ninguna medición es perfecta, el procedimiento para determinar el escalafón era transparente y los indicadores de cada informe eran lo más objetivos posible, a pesar de que, efectivamente, también dependían de evidencia anecdótica. Los informes del Doing Business eran sumamente respetados y por tanto muy utilizados, no solo por los responsables de las políticas nacionales –como un indicio de cómo se comparaban las regulaciones y el desempeño de su país con los del resto–, sino también por investigadores y empresas independientes y por instituciones financieras a la hora de contemplar inversiones en el exterior. No era infrecuente que un jefe de gobierno instruyera a sus ministros a aplicar políticas destinadas a subir en la clasificación.
Muchos observadores, entre quienes me incluyo, consideraban los informes del Doing Business como la publicación más importante del Banco Mundial. El Banco publicaba los resultados individuales junto con la clasificación general, para que quienes cuestionaban los criterios pudieran aplicar los propios. Si bien algunos gobiernos implementaban reformas al estilo de Potemkin –pura fachada y ninguna sustancia–, había muchos más ejemplos de políticas inspiradas en el Doing Business que reducían los costes y aumentaban la productividad. Como con todas las publicaciones de instituciones económicas internacionales, la credibilidad del Doing Business era la clave de su éxito.
Pero tras el informe de 2018 hubo quejas sobre los datos utilizados, lo que llevó al Banco Mundial a encomendarle una investigación al reputado bufete de abogados WilmerHale. Su informe, difundido el mes pasado, encontró serias irregularidades sobre la clasificación de China en el informe de 2018. Los investigadores informan de que Kristalina Georgieva, directora general del Banco en ese momento –segunda en la línea de mando– y hoy directora gerente del FMI, instó al personal a reconsiderar los resultados de China y luego “exploró maneras de cambiar la metodología para elevar la posición de China”. El informe señala también que el Banco estaba interesado en aplacar a China porque, en aquel momento, buscaba el respaldo chino para un incremento de capital.
En resumidas cuentas, los investigadores ofrecieron evidencia suficiente de la participación de Georgieva, planteando serias dudas sobre la credibilidad e integridad del Doing Business. El actual presidente del Banco Mundial, David Malpass, ha suspendido la publicación del informe de 2021 e interrumpido la de informes futuros. El Banco, sin duda, examinará y enmendará sus procedimientos para impedir intentos similares de manipulación en el futuro.
«Como con todas las publicaciones de instituciones económicas internacionales, la credibilidad del Doing Business era la clave de su éxito»
La credibilidad es esencial para el trabajo crítico que hacen el FMI y el Banco Mundial. Ambos emplean a investigadores respetados, a economistas y estadísticos de nivel mundial, y a funcionarios entregados. Ellos saben que son empleados públicos y no políticos; todos están en extremo comprometidos con sus trabajos. Es verdad que en algunos casos (puedo dar fe) ha habido presión política para respaldar un determinado programa de préstamo o una posición concreta en materia de políticas del Banco. Pero una parte central del trabajo de las autoridades es proteger al personal de una interferencia indebida en sus informes y análisis.
Intentar maquillar la clasificación de un país en un informe sobre diferentes países es escandaloso, no solo porque mina la credibilidad del informe, sino también porque afecta a los otros países cuyas posiciones cambian en consecuencia. Cuando un país cae en la clasificación, su capacidad de atraer inversores y empresas extranjeras puede disminuir.
Como la mujer del César, los líderes del FMI y del Banco Mundial deben estar muy por encima de toda sospecha al supervisar el trabajo de estas instituciones y salvaguardar la integridad de los datos en los que se basa ese trabajo. Las supuestas acciones de Georgieva plantean serias dudas sobre su compromiso con la integridad de los datos, también en el contexto de su cargo actual.
Si se piensa que el director gerente del FMI es susceptible a presiones para alterar datos y análisis, la credibilidad del trabajo del Fondo quedará afectada de manera sustancial, si no por completo. Una cosa es que el director gerente inste a la Junta a aprobar un programa cuyo mérito sea cuestionable basado en un informe que ofrece un relato honesto de la situación. Otra cosa muy distinta es presionar al personal para que altere los números.
Si Georgieva se mantiene en su puesto, como ha sucedido, ella y su personal se van a ver presionados para alterar los datos y clasificaciones de otros países. E incluso si se resisten, los informes que producen llevarán la marca de la sospecha. El trabajo de toda la institución resulta así devaluado. Esta perspectiva por sí sola debería bastar para que los jefes políticos del FMI encuentren un nuevo director gerente cuyo compromiso con la integridad del trabajo no esté en duda.
JMRS
