Internacional - Seguridad y Justicia
Juez niega pedido de fiscalía; expresidente Toledo en casa
Por GISELA SALOMON y CLAUDIA TORRENS
MIAMI (AP) — Un juez federal de California negó el viernes un pedido de la fiscalía y ordenó que el expresidente Alejandro Toledo permanezca bajo arresto domiciliario mientras el Departamento de Estado resuelve su extradición a Perú.
“La moción para revocar la fianza y devolver a Toledo a la prisión es denegada”, dijo el juez Thomas Hixon en un fallo de seis páginas. “Volver a detener a Toledo en una cárcel mientras él busca evitar que el Departamento de Estado lo extradite... sería una crueldad innecesaria”, aseguró el magistrado.
Toledo es requerido en su país para enfrentar acusaciones por un escándalo de corrupción ligado a la constructora brasileña Odebrecht.
Los fiscales estadounidenses habían solicitado al juez que Toledo regresara a la cárcel alegando que en su casa corría riesgo de fuga, pero su defensa dijo que el expresidente tiene problemas de salud y también podría enfermar de COVID-19 si vuelve a prisión.
A fines de septiembre Hixon certificó la extradición de Toledo, pero la última palabra la tiene el secretario de Estado, Anthony Blinken, quien hasta ahora no se ha pronunciado.
En su más reciente intento por frenar su repatriación y obstaculizar la decisión del Departamento de Estado, Toledo presentó la víspera ante otra jueza de California un recurso de habeas corpus alegando que está detenido ilegalmente.
Perú busca la extradición desde 2018 y Toledo ha batallado durante todo este tiempo. La orden de extradición del juez no puede ser apelada, pero el proceso puede ser demorado ahora que Toledo presentó el habeas corpus.
Sin embargo, ese recurso por sí solo no garantiza que no será extraditado. No existe un plazo para que la magistrada se pronuncie y, aunque es poco probable, el Departamento de Estado podría de todos modos seguir adelante con la extradición porque ya fue certificada por Hixon.
En el habeas corpus ante la magistrada Laurel Beeler, el expresidente sostuvo que su país natal nunca lo ha acusado formalmente de ningún delito. Los abogados de Toledo alegaron que Perú se quedó en la fase preliminar de la investigación del caso y que el acuerdo entre Estados Unidos y Perú prohíbe la extradición de personas que no han sido acusadas formalmente.
Perú tampoco ha presentando ninguna Orden de Enjuiciamiento, otro documento requerido para la extradición, dijeron los abogados de Toledo. En el habeas corpus también aseguraron que Toledo es inocente y que no fue él quien aceptó sobornos de Odebrecht sino el ciudadano israelí ya fallecido Josef Maiman, quien habría recibido el dinero actuando falsamente a nombre de Toledo.
En Perú los fiscales aseguran que Toledo habría recibido hasta 35 millones de Odebrecht para favorecerla en diversas obras de infraestructura durante su gobierno, entre 2001 y 2006.
Toledo lo niega.
“Es cierto que Odebrecht pagó al menos 34 millones de dólares en sobornos pero el Dr. Toledo no sabía de estos sobornos y mucho menos los solicitó. Tampoco dio a Odebrecht ningún trato preferencial”, dicen los documentos del habeas corpus disponibles en el sistema electrónico de la corte del norte de California.
El abogado Geoffrey Hansen aseguró en ese recurso que las pruebas del caso demuestran que Maiman se quedó o gastó los millones que Odebrecht pagó, con la excepción de unos 500,000 dólares que le prestó a Toledo para que pagara sus hipotecas.
Cuando la fiscalía estadounidense le solicitó al juez devolver a Toledo a la cárcel, alegó que la ley así lo ordenaba una vez que la extradición ha sido certificada, como en el caso del expresidente peruano. Los fiscales aseguraron también que Toledo y su esposa podrían fácilmente tomar un avión y salir de Estados Unidos rumbo a un tercer país.
La defensa de Toledo, sin embargo, respondió que el expresidente está debilitado de salud y no tiene riesgo de fuga. Presentó documentos para avalar su alegato, pero el juez le permitió que permanecieran en secreto por tratarse de temas privados.
En su orden del viernes el juez Hixon aseguró que tiene autoridad para determinar que Toledo siga en prisión domiciliaria mientras se resuelve el pedido de habeas corpus o el Departamento de Estado define si lo devuelve a su país.
Al explicar su negativa a volver a la cárcel, Toledo, de 76 años, alegó que si bien completó su vacunación contra el COVID-19, es vulnerable a contraer otras enfermedades infecciosas. Además, sostuvo, su salud mental se deterioraría aún más y necesita supervisión médica por una fractura en su hombro derecho que requirió cirugía este año. También mencionó que su esposa necesita una operación de la cadera y dependerá de él para sus actividades diarias.
El juez dijo que tuvo en cuenta todas esas circunstancias al tomar su decisión.
Sobre el riesgo de fuga, indicó que a pesar de estar vacunado, hasta ahora no ha intentado huir y que “el deterioro de la condición física de Toledo y su esposa mitiga aún más el riesgo de fuga”.
aranza
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