Panorama Norteamericano

La Corte Suprema examina la situación de Puerto Rico en cuanto a los beneficios

2021-11-11

El presidente Biden dijo en junio que excluir a Puerto Rico del programa era “inconsistente...

Por Adam Liptak | The New York Times

WASHINGTON — La pregunta urgente para los magistrados de la Corte Suprema de Estados Unidos durante un alegato el martes era si el Congreso dispone de libertad para excluir a los residentes de Puerto Rico de un programa de Seguridad Social que otorga pagos en efectivo a las personas de edad avanzada, invidentes o discapacitadas que no pueden mantenerse a sí mismas.

Por encima de esa pregunta hay un asunto mayor: el estatus de Puerto Rico como territorio, no como estado. Sus residentes son ciudadanos estadounidenses pero no tienen permitido votar en las elecciones federales y por lo general no pagan impuestos federales a la renta. Gran parte del alegato se centró en las implicaciones de esos hechos al diferenciar el trato brindado a los receptores de beneficios de la Seguridad Social según el lugar en el que viven.

Las prestaciones, que reciben el nombre de Seguridad de Ingreso Suplementario, están disponibles para los ciudadanos estadounidenses en los 50 estados, el Distrito de Columbia y en las Islas Marianas del Norte, pero no en Puerto Rico, Guam y las Islas Vírgenes.

La jueza Sonia Montemayor, cuyos padres eran de Puerto Rico, dijo que esto era fundamentalmente injusto.

“Los puertorriqueños son ciudadanos y la Constitución es aplicable a ellos”, dijo. “Su gente necesitada recibe un trato distinto al de la gente necesitada en los 50 estados”.

El caso, conocido como Estados Unidos contra Vaello-Madero, No. 20-303, es sobre Jose Luis Vaello-Madero, un hombre discapacitado que recibió las prestaciones cuando vivía en Nueva York y después de mudarse a Puerto Rico en 2013 siguió recibiéndolas. Cuando la Administración de Seguridad Social se enteró de la mudanza, buscó que se le devolvieran los beneficios que Vaello-Madero había recibido desde entonces y al final lo demandó por la cantidad aproximada de 28,000 dólares.

Vaello-Madero argumentó que la ley violaba su derecho a la protección igualitaria y ganó en las cortes inferiores.

El presidente Biden dijo en junio que excluir a Puerto Rico del programa era “inconsistente con los valores y políticas” de su gestión y pidió al Congreso atender el asunto.

El martes, no obstante, el Departamento de Justicia defendió la ley en la Corte Suprema.

Curtis E. Gannon, un abogado del gobierno federal, dijo que el Congreso había tomado una decisión racional al excluir a Puerto Rico de los beneficios, dado que sus residentes en general estaban exentos del pago de impuestos federales a la renta.

Hermann Ferré, un abogado de Vaello-Madero, dijo que debería haber estándares uniformes para las prestaciones gubernamentales y observó que los habitantes de Puerto Rico no cuentan con poder político.

Le pidió a la corte que anulara los Casos Insulares —un conjunto de decisiones de principios del siglo XX—, que falló que los territorios adquiridos por Estados Unidos no tenían derecho automático a todas las protecciones de la Constitución estadounidense.



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