Internacional - Seguridad y Justicia
Sociedad en El Salvador en vilo por ley de agentes extranjeros
Por MARCOS ALEMÁN y CHRISTOPHER SHERMAN
SAN SALVADOR (AP) — El presidente salvadoreño Nayib Bukele ha promovido un proyecto de ley que obliga a las personas y organizaciones que reciben fondos del exterior a registrarse como “agentes extranjeros”, siguiendo el ejemplo de Estados Unidos y otros países.
Cuando Estados Unidos aprobó su Ley de Registro de Agentes Extranjeros en 1938, la Segunda Guerra Mundial asomaba en el horizonte y el gobierno temía la difusión de la propaganda nazi.
El contexto político tan diferente de El Salvador actual genera preocupaciones acerca del proyecto que podría ir a votación en las próximas horas.
Tras dos años de gobierno, Bukele goza de gran popularidad. Meses atrás sus partidarios le dieron una amplia victoria electoral que le permite a su partido controlar la Asamblea Legislativa. El nuevo congreso se apresuró a reemplazar a los jueces de la sala de lo constitucional de la Corte Suprema y al fiscal general, que habían representado escollos para algunas medidas de Bukele, sobre todo en el inicio de la pandemia.
“Para ser como los países desarrollados, tenemos que hacer lo que ellos hacen, no lo que ellos dicen”, tuiteó Bukele la semana pasada. “Si esa ley es buena para los Estados Unidos, ¿por qué no sería buena para nosotros?”
Tras ofrecer una entrevista con uno de los asesores legales del presidente para hablar sobre el proyecto, la presidencia no cumplió. El gobierno ha dicho que la ley es necesaria para proteger a los ciudadanos de la injerencia extranjera.
“Desde que Bukele y su coalición eliminaron prácticamente los frenos al poder ejecutivo, las organizaciones no gubernamentales y los medios independientes son una de las pocas voces en El Salvador que están en condiciones de presionar al gobierno para que rinda cuentas”, manifestó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “De aprobarse este proyecto, el gobierno de Bukele tendrá un pretexto legal para intimidar o directamente impedir el trabajo de medios independientes y organizaciones de la sociedad civil”.
El proyecto de ley obligaría a cualquier persona u organización en El Salvador que realice actividades “que respondan a intereses, sean controladas o financiadas, directa o indirectamente por un mandante extranjero” registrarse como “agentes extranjeros”. De no hacerlo, el gobierno podría clausurar la organización. En comisiones, los legisladores incrementaron las sanciones financieras propuestas e incluyeron la posibilidad de una pena de prisión.
A los agentes extranjeros registrados se les prohibiría “realizar actividades para fines políticos u otros, con el objetivo de alterar el orden público, o que pongan en riesgo o amenaza la seguridad nacional, la estabilidad social y política del país”.
aranza
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