Vuelta al Mundo

Las dudas sobre las vacunas tienen una raíz: la desconfianza en nuestros gobiernos

2021-12-13

Con la evasión persistente de las vacunas y el acceso desigual a las mismas, los grupos de...

Por Anita Sreedhar y Anand Gopal | The New York Times

Robert Steed conocía los estragos que la COVID-19 había causado en el sur del Bronx, donde había vivido la mayor parte de su vida. Estaban las ambulancias que llegaban a los edificios monótonos de departamentos de St. Mary’s Park Houses, el complejo de viviendas públicas donde había crecido. Estaban los inquilinos de toda la vida que habían sucumbido a la enfermedad. Estaban los letreros pegados cerca de los elevadores que animaban a los residentes a vacunarse. Pero él no quería ni acercarse a la vacuna.

“No voy a escuchar lo que dice el gobierno”, les dijo a sus amigos. Mientras estaba en el sur, trabajando en un Waffle House, dio positivo en la prueba de covid. Decidió que lucharía contra la enfermedad él solo; después de todo, solo tenía 41 años, era delgado y no tenía ninguna enfermedad subyacente. Pero cuando su novia dejó de saber de él durante unos días en octubre, sus amigos contaron que las autoridades entraron a su departamento y descubrieron su cadáver. La muerte conmocionó a sus amigos y antiguos vecinos de St. Mary’s Park Houses pero, incluso mientras lloraban, muchos ya habían tomado una decisión: no se vacunarían.

Alrededor del 70 por ciento de los adultos estadounidenses tienen el esquema completo de vacunación, pero en algunas zonas del país —desde el sur rural hasta los barrios de mayoría negra y morena de las grandes ciudades— la reticencia a vacunarse sigue siendo un obstáculo obstinado para superar la pandemia. Y no es solo en Estados Unidos: en 2019, la Organización Mundial de la Salud declaró que la renuencia a vacunarse era una de las diez amenazas para la salud mundial. Con la evasión persistente de las vacunas y el acceso desigual a las mismas, los grupos de personas no vacunadas podrían transformarse en reservas del virus, permitiendo la propagación de nuevas variantes como la ómicron.

El mundo debe abordar las causas fundamentales de la renuencia a vacunarse. No podemos seguir creyendo que el problema puede resolverse tan solo con inundar a las comunidades escépticas de anuncios públicos o animar a la gente a “creer en la ciencia”.

Una de las autoras de este ensayo es una médica de atención primaria con un título en salud pública que trabaja en el Bronx, y el otro autor es un sociólogo que ayuda a las instituciones internacionales a apoyar la vacunación contra la poliomielitis y la COVID-19 en países subdesarrollados (además de ser un periodista que da cobertura a los conflictos). Durante los últimos cinco años, hemos realizado encuestas y grupos de discusión en el extranjero y hemos entrevistado a residentes del Bronx para comprender mejor el rechazo a las vacunas. Hemos comprobado que las personas que rechazan las vacunas no tienen necesariamente menos conocimientos científicos ni están menos informadas que quienes no lo hacen. Por el contrario, la indecisión refleja una transformación de nuestras creencias básicas sobre lo que nos debemos los unos a los otros.

En las últimas cuatro décadas, los gobiernos han recortado los presupuestos y privatizado los servicios básicos. Esto tiene dos consecuencias importantes para la salud pública. En primer lugar, es poco probable que las personas confíen en instituciones que hacen poco por ellas. Y, en segundo lugar, la salud pública ya no se considera un esfuerzo colectivo, basado en el principio de la solidaridad social y la obligación mutua. La gente está condicionada a creer que está sola y que solo es responsable de sí misma. Esto significa que una fuente importante de las dudas sobre las vacunas es la erosión de la idea de un bien común.

Uno de los ejemplos más llamativos de esta transformación se da en Estados Unidos, donde las posturas antivacunas han ido creciendo durante décadas. En el caso de la COVID-19, los analistas han atribuido la desconfianza hacia las vacunas a todo tipo de factores: desde las campañas de desinformación en internet a nuestra cultura política tribal hasta el miedo a las agujas. La raza, en particular, se ha destacado: en los primeros meses del despliegue de las vacunas, era dos veces más probable que los estadounidenses blancos se vacunaran en comparación con los estadounidenses negros. Anthony Fauci señaló la larga sombra de racismo en las instituciones médicas de Estados Unidos —como los tristemente célebres ensayos sobre la sífilis de Tuskegee—, mientras que otros expertos hicieron hincapié en las experiencias negativas de las personas negras y latinas en los consultorios médicos. Estas opiniones no son erróneas: en comparación con los estadounidenses blancos, las comunidades de color experimentan el sistema sanitario estadounidense de forma distinta. Sin embargo, si analizamos los datos con mayor detenimiento, vemos un panorama más complicado.

Desde la primavera, cuando la mayoría de los adultos estadounidenses ya cumplían con los requisitos para recibir la vacuna, la brecha racial en las tasas de vacunación entre blancos y negros se ha reducido a la mitad. En septiembre, una encuesta nacional reveló que las tasas de vacunación entre los estadounidenses blancos y negros eran casi idénticas. Otras encuestas han determinado que un factor mucho más significativo era la asistencia a la universidad: las personas que no tenían un título universitario eran las más propensas a no vacunarse.

La educación es un indicador fiable del estatus socioeconómico, y otros estudios han descubierto de forma similar una relación entre los ingresos y la vacunación. Un análisis realizado en junio de los datos del distrito censal de Michigan mostró, por ejemplo, que las tasas de vacunación en los barrios de población negra del condado de Saginaw estaban por debajo del 35 por ciento, y las tasas en las zonas blancas pobres cercanas no eran muy diferentes. Los votantes que se identifican como demócratas son mucho más propensos que los republicanos a vacunarse, pero, según los datos de Michigan, esta diferencia también desaparece cuando se tienen en cuenta los ingresos y la educación. Resulta que la verdadera brecha en la vacunación es de clase.

Esto se puede ver sobre todo en las casas de St. Mary’s Park Houses, donde Steed creció. Aquí, en medio de las paredes descarapeladas y la puerta de entrada rota, los residentes dicen que la autoridad de vivienda de la ciudad de Nueva York, que padece de una carencia crónica de fondos, los ha dejado a su suerte. Cuando visitamos la comunidad hace poco para preguntar sobre las vacunas, el sistema de calefacción estaba averiado a pesar del frío de noviembre. Los tejados estaban en mal estado. Algunos residentes no tenían más remedio que ocupar unidades inhabitables; las interrupciones del suministro de gas obligaban a los inquilinos a utilizar estufas eléctricas. Las personas sin hogar se han refugiado en las escaleras y los pasillos.

Dana Elden, presidenta de la asociación de inquilinos, y amiga de Steed, dijo que se ha sentido abandonada por la autoridad de vivienda pública de la ciudad. Cuando llegó la pandemia, dice que los residentes se vieron obligados a utilizar los fondos destinados al mantenimiento de la propiedad para comprar cubrebocas, guantes y desinfectante para manos. Han recurrido a organizaciones benéficas locales para las pruebas de covid, e incluso para las comidas de los inquilinos hambrientos. “La gente está pensando: ‘Si el gobierno no va a hacer nada por nosotros, entonces, ¿por qué deberíamos participar en la campaña de vacunación?”, explicó Elden.

Los estadounidenses no pensaban en las decisiones sanitarias de esta manera sino hasta hace poco; durante las campañas contra la polio de la década de 1950, por ejemplo, la mayoría de la gente veía la vacunación como un deber cívico. Sin embargo, cuando las arcas públicas se redujeron en la década de 1980, los políticos insistieron en que ya no era tarea del gobierno garantizar el bienestar de la gente; en cambio, los estadounidenses debían ser responsables únicamente de sí mismos y de sus propios cuerpos. Industrias enteras, como la autoayuda y los alimentos saludables, han surgido bajo el principio de que la clave de la buena salud reside en que los individuos tomen las decisiones correctas.

Amanda Santiago, inquilina de St. Mary’s Park, nos dijo: “No soy necesariamente antivacunas”. Pero explicó que decidió no vacunarse como “una opción personal”. Un creciente número de investigaciones sugiere que el punto de vista de Santiago refleja un cambio más amplio en Estados Unidos, a través de la clase y la raza. A falta de una idea del bien común, a menudo se habla de la salud con el lenguaje de la “elección”. En una protesta reciente contra el mandato de vacunación obligatoria en Brooklyn, algunos manifestantes llevaban camisetas de Black Lives Matter y coreaban: “¡Mi cuerpo, mi elección!”. Cuando los Brooklyn Nets excluyeron a su guardia estrella Kyrie Irving por rechazar la vacuna, el director general de los Nets, Sean Marks, reconoció: “Kyrie ha tomado una decisión personal, y respetamos su derecho individual a elegir”.

Por supuesto que considerar las decisiones sanitarias como elecciones personales tiene muchas ventajas: nadie quiere someterse a procedimientos en contra de su voluntad. Pero reducir la salud pública a una cuestión de elección plantea problemas. Da la impresión de que los individuos son totalmente responsables de su propia salud. Y esto ocurre a pesar de que cada vez hay más pruebas de que la salud se ve profundamente influenciada por factores que no están en nuestro control; los expertos en salud pública ahora hablan de los “factores determinantes sociales de la salud”, la idea de que la salud personal nunca es solo un reflejo de las decisiones individuales de estilo de vida, sino también de la clase en la que se nace, el barrio en el que se crece y la raza a la que se pertenece.

La pobreza y las condiciones ambientales están estrechamente relacionadas con enfermedades crónicas como la diabetes y las cardiopatías. El sur del Bronx tiene una de las tasas de mortalidad más elevadas por asma de Estados Unidos, en parte debido a las viviendas públicas en ruinas; también es una de las regiones con menos seguridad alimentaria del país. Pero los desiertos alimentarios y la miseria no son problemas fáciles de resolver —desde luego no pueden lograrlo por sí solos los individuos o las organizaciones benéficas— y requieren una acción gubernamental significativa. Sin estas reformas, los médicos de atención primaria solo pueden tratar a sus pacientes a través de la óptica de la responsabilidad personal. En muchas facultades de medicina se enseñan las “entrevistas motivacionales”, para que los médicos puedan guiar a los pacientes a tomar mejores decisiones sobre su estilo de vida. Esto puede ser útil, pero no aborda el problema más profundo: estar sano no es barato. Los estudios indican que los alimentos con más carbohidratos y menos valor nutritivo son más accesibles, y las dietas de bajo costo están relacionadas con la obesidad y la resistencia a la insulina.

Otro problema de reducir el bienestar a las decisiones personales es que deriva en tratar la salud como una mercancía. No es una situación sorprendente, pues compramos planes de seguros y médicos de la misma manera en que lo hacemos con todos los demás bienes y servicios.

Investigaciones recientes han arrojado luz sobre este problema. Jennifer Reich, socióloga de la Universidad de Colorado, Denver, ha dedicado años a estudiar a las familias que se niegan a vacunar a sus hijos contra enfermedades como el sarampión. Descubrió que las madres pasaban muchas horas “investigando” las vacunas, devorando libros de consejos para padres y bombardeando a los médicos con preguntas. En otras palabras, actúan como consumidoras expertas. Las madres del estudio de Reich sostienen que cada niño es único y que conocen las necesidades de su hijo mejor que nadie. Por ello, insisten en que solo ellas tienen la experiencia necesaria para decidir qué medicamentos darles a sus hijos. Cuando piensa como consumidor, la gente tiende a restar importancia a las obligaciones sociales en favor de una estrecha búsqueda del interés propio. Como le dijo una persona a Reich: “No voy a poner en riesgo a mi hijo para salvar a otro”.

Estas evaluaciones de riesgos y beneficios de las vacunas son una parte esencial de la investigación de los padres como consumidores. En el caso de enfermedades como el sarampión, los brotes —hasta hace poco— han sido tan poco comunes que no es difícil convencerse de que el daño de las vacunas es mayor que el de la enfermedad. Sin embargo, hemos comprobado en nuestras investigaciones que, en el caso de la COVID-19, este análisis de riesgos puede invertirse: la aceptación de la vacuna es muy alta entre la gente rica porque la covid es una de las amenazas más graves que enfrentan. En algunos vecindarios ricos de Manhattan, por ejemplo, las tasas de vacunación superan el 90 por ciento.

Sin embargo, para las personas más pobres y de clase trabajadora, el cálculo es diferente: la COVID-19 es solo una de muchas amenazas graves. En el sur del Bronx, un hombre que tiene dos trabajos nos contó que se desenvuelve entre traficantes de drogas, policías hostiles y tiroteos. “No quiero que mis hijos vean lo que yo he visto”, relató. Otro hombre dijo que perdió su trabajo durante la pandemia y volvió a caer en la adicción. “La mayoría de mis amigos están muertos o en la cárcel”, comentó. Ninguno de los dos piensa vacunarse. Sus dudas no son irracionales: cuando se ve en el contexto de las otras amenazas que enfrentan, la covid ya no parece especialmente aterradora.

La mayoría de las personas que entrevistamos en el Bronx dicen ser escépticas respecto a las instituciones que dicen atender a los pobres, pero que en realidad los han abandonado. “Cuando estás en un sector de pago de impuestos alto, el gobierno te protege”, opinó un hombre que se gana la vida conduciendo un camión de Amazon. “Así que, ¿por qué no habrías de confiar en un gobierno que te protege?”. Por otro lado, él y sus amigos encuentran razones para ver con recelo el repentino interés del gobierno por su bienestar. “Están aquí arrojándonos dinero”, nos dijo una mujer, refiriéndose a una oferta de la ciudad de Nueva York de pagarles un bono de 500 dólares a los trabajadores municipales que se vacunaran. “Y yo pregunto: si no nos dan dinero para nada más, ¿por qué están tan ansiosos?”. Estas opiniones refuerzan el trabajo de científicos sociales que encuentran un vínculo entre la falta de confianza y la desigualdad. Y sin confianza, no hay obligación mutua, ni sentido del bien común.

Como lo demuestra la aparición de la variante ómicron, los mandatos de vacunación en Estados Unidos no son suficientes para resolver este problema. La reticencia es un fenómeno mundial. Aunque las razones varían según el país, las causas subyacentes son las mismas: en un contexto en el que los gobiernos de todo el mundo han recortado los servicios sociales, hay una profunda desconfianza en las instituciones locales e internacionales.

Las investigaciones demuestran que los sistemas privados no solo tienden a producir peores resultados sanitarios que los públicos, sino que la privatización crea lo que los expertos en salud pública llaman “atención segregada”, que puede socavar los sentimientos de solidaridad social que son fundamentales para el éxito de las campañas de vacunación. En una ciudad siria, por ejemplo, el sistema de atención sanitaria ahora consta de un hospital público tan poco financiado que es famoso por su mala atención, hay unos cuantos hospitales privados que ofrecen una atención de alta calidad pero que son inasequibles para la mayoría de la población y existen muchas clínicas privadas sin licencia ni regulación —algunas ni siquiera cuentan con médicos certificados— conocidas por ofrecer recomendaciones sanitarias equivocadas. En estas condiciones, pueden florecer las conspiraciones: muchos de los habitantes de la ciudad creen que las vacunas contra la COVID-19 son un complot extranjero.

En muchos países en desarrollo, las organizaciones internacionales de ayuda intervienen para ofrecer vacunas. Estas instituciones a veces son más equitativas que los gobiernos, pero suelen estar orientadas a las prioridades de los donantes, no a las necesidades de la comunidad. En Afganistán, los habitantes de zonas rurales carecen de acceso a la mayoría de los servicios sanitarios básicos; algunos deben viajar horas para llegar a una clínica. Los casos de desnutrición infantil son muy generalizados y van en aumento. A pesar de que en el país solo se dan unas cuantas decenas de casos de polio al año, instituciones como la OMS gastan sumas considerables en promover y realizar la vacunación contra la polio. Los habitantes de Kandahar hablan de la poliomielitis de una forma que recuerda mucho a la forma en que los residentes del Bronx hablan de la covid. “Nos morimos de hambre y las mujeres mueren al dar a luz”, nos dijo un anciano de la tribu, “¿por qué se preocupan tanto por la polio? ¿Qué es lo que realmente quieren?”.

Los investigadores han encontrado estos sentimientos en comunidades pobres y marginadas de todo el mundo. A pesar de la magnitud del problema, los expertos están divididos en cuanto a las intervenciones que podrían funcionar mejor. También en este caso, la experiencia de Estados Unidos podría ser ilustrativa. En Estados Unidos, los movimientos antivacunas son tan antiguos como las vacunas mismas; los esfuerzos por inmunizar a la población contra la viruela suscitaron una amarga oposición a principios del siglo pasado. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, estas actitudes desaparecieron. En la década de 1950, la demanda de la vacuna contra la poliomielitis a menudo superaba la oferta y, a finales de la década de 1970, casi todos los estados tenían leyes que volvían obligatoria la vacunación en las escuelas casi sin oposición pública.

¿Qué cambió? Esa era la época de los programas gubernamentales grandes y ambiciosos como Medicare y Medicaid. A mediados de la década de 1960, se disparó el número de programas sociales financiados por el gobierno dirigidos a los pobres y a las comunidades de color. La política contra el sarampión, por ejemplo, fue fruto de las iniciativas de la Gran Sociedad y la Guerra contra la Pobreza del presidente Lyndon Johnson. Trabajadores del gobierno de iniciativas como Head Start ayudaron en las campañas de vacunación. En algunas ciudades, el gobierno patrocinó la creación de “consejos de salud”, conformados por miembros de la comunidad, que servían de intermediarios entre los centros de salud y la sociedad civil. Estos consejos encarnaban la idea de que la salud pública solo es eficaz cuando los miembros de la comunidad participan en la toma de decisiones.

La experiencia de la década de 1960 sugiere que, cuando la gente se siente apoyada por los programas sociales, es más probable que confíe en las instituciones y crea que tiene un interés en la salud de la sociedad. Solo entonces empiezan a tener sentido las ideas de solidaridad social y obligación mutua.

Los mejores programas sociales para promover esta forma de pensar son los universales, como la Seguridad Social y la atención médica universal. Los programas universales inculcan el sentido de un bien común porque todo el mundo cumple con los requisitos para obtener asistencia solo por el hecho de pertenecer a una comunidad política. En el contexto internacional, cuando las comunidades marginadas se benefician de programas gubernamentales universales que brindan servicios básicos como agua potable y atención médica primaria, es más probable que confíen en los esfuerzos en situaciones de emergencia, como cuando les piden que se vacunen.

Para que el mundo supere la pandemia, los países necesitan políticas que promuevan una idea básica, pero cada vez más olvidada: que nuestro bienestar individual está ligado al bienestar colectivo.



Jamileth