Panorama Norteamericano

Todo lo que sabemos sobre la investigación del asalto al Capitolio de Estados Unidos

2022-01-05

Mientras el comité y sus decenas de investigadores emiten citatorios para obtener...

Por Luke Broadwater | The New York Times

WASHINGTON — El comité de la Cámara de Representantes que investiga el ataque contra el Capitolio, ocurrido el 6 de enero de 2021, está en las primeras etapas para determinar si debe formular remisiones penales al Departamento de Justicia que exhortarían a procesar al expresidente Donald Trump o a sus aliados.

Esa no es la misión principal del comité que planea redactar un informe exhaustivo sobre el origen de la violencia del 6 de enero y, al mismo tiempo, realizar recomendaciones para evitar que algo parecido vuelva a ocurrir. Sin embargo, mientras el comité y sus decenas de investigadores emiten citatorios para obtener documentos, registros telefónicos y registros bancarios, el panel busca pruebas de criminalidad que el Departamento de Justicia tal vez no haya descubierto.

A continuación, analizamos algunos de los problemas que enfrenta el comité.

¿Qué es una remisión penal?

Una remisión penal del Congreso simplemente sería una recomendación para que el Departamento de Justicia investigue un caso. No tendría ningún peso legal, pues el Congreso no tiene autoridad para ordenarles a los fiscales federales qué cargos deben presentar. Sin embargo, como el equipo del comité que estudia el ataque del 6 de enero está liderado por un par bipartidista de exfiscales estadounidenses, lo más probable es que los fiscales federales se tomen en serio cualquier recomendación que realicen.

Una recomendación también podría tener un efecto político significativo, pues aumentaría la presión pública sobre el fiscal general Merrick Garland, quien en su mayor parte ha eludido los cuestionamientos sobre la labor de los fiscales para examinar la conducta de Trump y sus asistentes cuando estos últimos promovieron alegatos sin fundamentos sobre un fraude electoral.

No obstante, al menos en el caso de un delito, la recomendación del Congreso sí conlleva un ordenamiento jurídico. Si la Cámara de Representantes vota que encontró a alguien culpable de cometer un desacato en contra del Congreso, el Departamento de Justicia debe llevar el caso ante un gran jurado.

¿En qué líneas de investigación podría indagar el comité?

Los investigadores intentan determinar si se cometieron una serie de delitos, incluido el posible fraude electrónico de los republicanos que recaudaron millones de dólares promoviendo aseveraciones de que la elección presidencial de 2020 fue robada, a pesar de saber que esas afirmaciones no eran ciertas. Mientras los investigadores escudriñan esos esfuerzos de recaudación de fondos, están examinando si se violó alguna de las leyes o regulaciones de financiamiento de campañas que rigen cómo pueden gastar su dinero las organizaciones sin fines de lucro.

El comité también intenta determinar si Trump y sus aliados obstruyeron al Congreso al intentar detener la certificación de los votos electorales. Liz Cheney, representante republicana por Wyoming y vicepresidenta del comité, ha sugerido que Trump pudo haber incurrido “por acción o inacción” en un cargo de obstrucción que los fiscales federales han usado para procesar a los alborotadores del ataque al Capitolio ocurrido el 6 de enero: la perturbación de las labores del Congreso para certificar la etapa final de una elección presidencial.

Formular un cargo penal por “inacción” de un presidente sería una nueva estrategia legal. Para todos los miembros de alto rango del gobierno federal que sean acusados según una teoría legal de ese tipo, los fiscales tendrían que establecer que el funcionario tenía una labor específica que le permitía actuar para restaurar el orden que se había violado.

Christopher C. Miller, quien era el secretario de Defensa interino el 6 de enero, ha testificado ante el Congreso que Trump no lo llamó durante el ataque, pero dijo que el vicepresidente Mike Pence sí lo llamó y le pidió que ejército despejara el Capitolio. Miller señaló que no era necesaria una llamada de Trump porque “tenía toda la autoridad que necesitaba” para desplegar a la Guardia Nacional.

“En términos generales, las omisiones no son delitos”, comentó David Alan Sklansky, profesor de Derecho y codirector del Centro de Justicia Penal de la Universidad de Stanford. “Pero puede tratarse de un delito cuando alguien tiene un deber particular. Por lo tanto, si estamos hablando de un funcionario de Estados Unidos que está encargado de una tarea y no la realiza, y al no hacerla provoca una interferencia con la capacidad del Congreso para realizar su trabajo, eso sería un delito”.

El comité también podría presentar casos como mentir bajo juramento, intimidación de testigos o desacato al Congreso en contra de testigos que obstruyan sus citatorios. La Cámara de Representantes ya ha votado para enviarle al Departamento de Justicia dos recomendaciones de desacato al Congreso en contra del exestratega de Trump, Stephen Bannon, y su exjefe de personal Mark Meadows.

Un gran jurado ya acusó formalmente a Bannon, pero todavía no ha tomado una decisión en el caso de Meadows.

¿Qué sucede con la negligencia en el cumplimiento del deber?

Esta semana, Cheney señaló que creía que el 6 de enero Trump fue negligente en el cumplimiento de su deber a nivel moral y ético, pues tardó horas en divulgar un video para que se detuviera la violencia de la muchedumbre.

“Una de las cosas en las que se debe fijar el comité es si necesitamos mejorar los castigos para ese tipo de negligencia en el cumplimiento del deber”, dijo Cheney en This Week de ABC.

Cheney no estaba sugiriendo una acusación específica de “negligencia en el cumplimiento del deber” en contra de Trump, comentó un vocero de la representante. (Luego añadió que Cheney no ha descartado explorar cualquier vía legal).

Más bien, la representante cree que el comité debería explorar si debe recomendar cambios a las leyes actuales que pudieran responsabilizar a un futuro presidente. Cheney también quiere que el público esté consciente de cómo fue que Trump esperó horas para disuadir a la muchedumbre, según la oficina de la representante.

¿Por qué el comité está investigando si se cometieron delitos? ¿Eso no le corresponde al Departamento de Justicia?

Aunque buscar cargos penales es el papel del Departamento de Justicia, el comité tiene un sólido equipo que podría descubrir evidencias mientras está en funciones. Con más de 40 miembros realizando la investigación, entre ellos exfiscales federales, el panel ha entrevistado a más de 300 testigos y ha obtenido más de 35,000 documentos.

“Si encuentran pruebas de algo que perciben como un delito y creen que el Departamento de Justicia debería considerar iniciar un proceso, me parece totalmente apropiado que lo hagan saber”, comentó Sklansky.

¿Qué pasa ahora?

Si el comité decide hacer la remisión, el caso quedará en manos del Departamento de Justicia, donde los fiscales determinarán si hay una causa probable de que ocurrió un delito y evaluarán su capacidad para demostrar el caso más allá de una duda razonable.

Garland testificó ante el Congreso en octubre y dijo que, mientras analiza el ataque del 6 de enero, el departamento no limita sus investigaciones a los alborotadores. A pesar de esto, dijo que no podía comentar más sobre los siguientes pasos de la agencia.

“Tengo muchas limitaciones sobre lo que puedo decir”, dijo Garland. “Esta investigación está en manos de la fiscalía general de Estados Unidos y la oficina de campo del FBI. No los hemos restringido de ninguna manera”.



Jamileth