Calamidades

La distribución de ivermectina en Ciudad de México es un nuevo fondo en el mal manejo de la pandemia

2022-02-10

Todo podría recaer sobre Sheinbaum, una científica de formación que se define...

León Krauze, The Washington Post

Para cualquiera que esté prestando un poco de atención es evidente que México ha hecho un mal trabajo en la gestión de la pandemia. En junio de 2020, Hugo López-Gatell, el zar contra el COVID-19 del presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que una cifra potencial de 60,000 muertes sería un “escenario muy catastrófico”. Hasta el momento, han muerto más de 300,000 mexicanos, y algunas estimaciones pintan un panorama mucho más grave.

Pero informes recientes de que el gobierno de Ciudad de México realizó un “estudio cuasi-experimental” éticamente cuestionable en salud pública, que incluía ivermectina, han puesto de manifiesto la negligencia e imprudencia de Morena, el partido gobernante.

En diciembre de 2020, la Secretaría de Salud de la ciudad comenzó a distribuir miles de botiquines médicos que contenían aspirina, el antibiótico azitromicina e ivermectina entre las personas que habían dado positivo a COVID-19. En ese momento, el acceso a las vacunas todavía era muy limitado y el uso de la ivermectina tenía algunos precedentes. Pero la evidencia era suficiente como para desaconsejar fuertemente su uso como estrategia de salud pública, incluida en la prevención de hospitalizaciones.

Pero la jefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y su equipo decidieron continuar con la estrategia. Su gobierno gastó casi 1.5 millones de dólares en los botiquines médicos.

“Para finales de enero de 2021, un medicamento no aprobado y sin evidencia de eficacia terapéutica había sido suministrado a más de 50,000 residentes de la capital sin ningún tipo de control ni monitoreo riguroso”, escribió recientemente Juan Pablo Pardo-Guerra, sociólogo de la Universidad de California en San Diego.

A medida que fueron creciendo las preguntas, las autoridades de Ciudad de México se plantaron firmes en su postura. “Es un antiparasitario extremadamente seguro; su uso es masivo y no tiene efectos secundarios que pongan en riesgo a la población”, dijo la secretaria de Salud de la ciudad, Oliva López Arellano.

A pesar de la existencia de información que contradecía las garantías de López Arellano, la distribución de ivermectina continuó durante meses. Los beneficiarios no fueron informados sobre el debate en torno al medicamento.

“La falta de consentimiento informado y el uso de un fármaco no aprobado para esa condición es muy preocupante”, me dijo el epidemiólogo mexicano Jaime Sepúlveda, quien dirige el Instituto de Ciencias de la Salud Global de la Universidad de California en San Francisco. “Incluso la compañía farmacéutica que produce la ivermectina (Merck) recomendó que no se utilizara como tratamiento para el COVID-19”.

Para Pardo-Guerra, la falta de transparencia tiene implicaciones más siniestras. “Los ciudadanos fueron expuestos a un experimento que no contó con su aprobación o consentimiento, y que no siguió en lo más mínimo los estándares éticos para la experimentación en humanos”, escribió. “En este sentido, el ‘cuasi-experimento’ del gobierno recuerda los infames ensayos clínicos para el tratamiento de sífilis que el gobierno de Estados Unidos llevó a cabo en poblaciones marginadas en Tuskegee, Alabama”.

Ante la ausencia de pruebas independientes detalladas que respaldaran sus afirmaciones de que la ivermectina era un medicamento preventivo eficaz de la hospitalización por COVID-19, el equipo de Sheinbaum escribió las suyas. En mayo, anunció resultados exitosos: “Una reducción en la probabilidad de ser hospitalizados entre 52 y 76%”, según José Merino, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública de la ciudad.

Merino se deleitó con los resultados en Twitter. “Es una GRAN noticia poder validar una política pública”, dijo. Junto a otros, Merino introdujo un informe con los resultados para su publicación en SocArXiv, un foro abierto para informes en desarrollo. Durante los siguientes seis meses, el informe fue descargado 10,000 veces, sumando mayor desinformación sobre la ivermectina.

Pero tanto la política como el informe rápidamente tuvieron problemas. En agosto, PolitiFact desmontó sus afirmaciones centrales. Voces escépticas en México cuestionaron las inferencias del estudio sobre el efecto de la ivermectina en las tasas de hospitalización y debatieron sobre las evidentes implicaciones éticas de mantener desinformados a los participantes.

Luego, apenas la semana pasada, Pardo-Guerra publicó un hilo condenatorio contra Merino y sus coautores, en el que le pidió a SocArXiv que eliminara el informe sobre la ivermectina del sitio web. “Sería un paso importante para garantizar que las prepublicaciones no se conviertan en una fuente de desinformación peligrosa”, escribió. Solo tres días después, el sitio retiró el trabajo y fustigó a sus autores por “difundir información errónea”, dispensar “de manera poco ética” “medicamentos no probados” y no “revelar adecuadamente su conflicto de intereses”. Merino reaccionó indignado, y acusó a Philip Cohen, el director fundador del sitio, de actuar por motivos políticos y de ser “poco ético” y “colonialista”. (La aguda respuesta de Cohen se puede leer aquí y aquí.)

Sin embargo, el oprobio académico y la burla en línea deberían ser la menor de las preocupaciones del gobierno de Sheinbaum, el cual podría enfrentar demandas. “Fue una mala política”, escribió Cohen. “Y poco ética (sobre todo porque no le informaron a las personas que no existía una base de investigación detrás de la recomendación de tomar ivermectina)”.

Pardo-Guerra afirma que esta es “la historia de una acción injustificable que se justificó con un análisis falso y arbitrario disfrazado de ciencia”.

Todo podría recaer sobre Sheinbaum, una científica de formación que se define a sí misma como una “gobernante obsesiva”. También es considerada la heredera política del presidente.

El martes 8 de febrero, se llamó a sí misma víctima de una oscura conspiración “conservadora”. Sin embargo, las preguntas persisten: ¿Cuánto sabía Sheinbaum y qué cosas autorizó? Su futuro político podría depender de la respuesta.



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