Entre la Espada y la Pared

La Suprema Corte ante el presidente y el fiscal general de México

2022-03-09

Transcurrieron cuatro años sin que sus denuncias encontraran fundamento pero, en cuanto...

Ricardo Raphael | The Washington Post

En julio de 2015, el abogado de 81 años, Federico Gertz Manero, comenzó a sufrir un deterioro severo de su salud: perdió la vista casi por completo, desarrolló demencia y experimentó una caída que le restó movilidad. Laura Morán Servín, la pareja que lo acompañó durante medio siglo de vida, intentó con cuanto tuvo a su disposición asegurarle el mejor cuidado, a pesar de ser siete años mayor que él.

Entre otras cosas llamó a su cuñado, Alejandro Gertz Manero, para que la apoyara con el enfermo. El actual fiscal general de la República, quien entonces era rector de la Universidad de las Américas en Ciudad de México, hizo traer a tres médicos para que vigilaran la salud de su hermano.

Durante la última semana de agosto, la familia instaló una cama en la sala principal de su residencia, para que Federico no tuviera que desplazarse al segundo piso. Ahí lo visitaron regularmente, además de su hermano, Victoria Samantha y María de las Mercedes Gertz Loizaga, hijas de Alejandro Gertz, y también las hijas de Laura Morán: Alejandra y Laura Cuevas.

El 29 de agosto, un tropel de abogados y ministerios públicos, liderados por Alejandro Gertz y Juan Ramos López, hoy subprocurador especializado en delitos federales de la Fiscalía General de la República (FGR), irrumpió sorpresivamente en la casa con una orden judicial para trasladarlo a un hospital. Según la denuncia, Federico no estaba recibiendo la atención médica que merecía.

En ese momento Laura Morán fue amenazada: si se aparecía por el hospital, sería acusada penalmente por intento de homicidio. Desde aquel momento corrieron casi 30 días sin que ella tuviera noticias de su pareja.

El 27 de septiembre falleció Federico Gertz en el hospital. El expediente medico no menciona que haya perdido la vida porque alguien intentó asesinarlo. No obstante, a partir de aquel momento Alejandro Gertz hizo todo lo posible para proceder contra su cuñada y, de paso, contra sus dos hijas, quienes jamás vivieron en casa de Federico. Por razones obvias no hubo imputaciones contra las hijas de Alejandro, a pesar de que ellas también habían participado del cuidado de su tío Federico.

Este es el origen de un caso jurídico que ocupa un lugar muy destacado en el debate público mexicano. Tiene ya tiempo que “el affaire Cuevas” no refiere únicamente a la muerte de aquel hombre de 81 años, ni a las imputaciones contra su pareja, quien actualmente tiene 94, o a su hija, Alejandra Cuevas, quien pese a sus 68 años lleva recluida en prisión preventiva desde mediados de 2020.

Como suele ocurrir con este tipo de casos emblemáticos, despierta también un impacto revulsivo respecto de un gran número de contrahechuras de la justicia mexicana: desnuda abuso de poder, misoginia, conflicto de interés, tráfico del influencias, desigualdad, corrupción, y violaciones a la Constitución y a los derechos humanos.

Por eso, cuando los hijos de Alejandra Cuevas compartieron con los medios las arbitrariedades vividas por su madre, este affaire ganó presencia en la opinión pública. Sobre todo, porque las acusaciones contra ella no prosperaron sino hasta 2019, cuando Alejandro Gertz fue nombrado fiscal general. Transcurrieron cuatro años sin que sus denuncias encontraran fundamento pero, en cuanto ascendió al Olimpo, comenzaron a suceder desgracias para Laura y Alejandra.

El 10 de noviembre de 2021, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, reconoció que “el affaire Cuevas” estaba generando una afectación grave a la imagen de la FGR y del fiscal general. Por ello consideró indispensable la intervención del Pleno de la Corte pues es “una instancia situada más allá de cualquier duda de presiones, de parcialidades o de juegos de cualquier tipo”.

En consecuencia, los dos amparos en revisión promovidos por Laura Morán y Alejandra Cuevas fueron atraídos por el máximo tribunal. Casi tres meses después de ello, este 4 de marzo, la filtración de una serie de conversaciones entre Gertz Manero y el fiscal Ramos López empeoraron las cosas.

En ellas se escucha cómo Gertz aprovechó su puesto para conseguir el proyecto de resolución de los amparos que habrán de discutirse 10 días después, el 14 de marzo, por la SCJN. Esta situación evidenció una vez más la desventaja de las dos mujeres ya que, por desconocer el documento, no cuentan con iguales armas jurídicas para defenderse.

Para sumar temperatura al affaire, el 7 de marzo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se mostró indiferente respecto de las mujeres perseguidas, al tiempo que decidió colocarse del lado del fiscal: “Yo entiendo la situación personal, moral, (y) humana del fiscal porque se trata de un asunto vinculado con su hermano. Lo entiendo, él quiere que se haga justicia”.

Para enfrentar el descrédito que también arrojó el presidente sobre algunos ministros de la SCJN, el máximo tribunal emitió ese mismo día un comunicado en Twitter para expresar que, contrario a cualquier suposición, el único compromiso del Pleno era con la Constitución y los derechos humanos.

24 horas después, el tuit ya había obtenido más de 1,500 comentarios, prácticamente todos ellos en el mismo sentido: recriminaciones a una SCJN subordinada al presidente y al fiscal general.

Este escenario exhibe lo lejos que está la SCJN de trascender presiones políticas. El Poder Judicial no solo tiene como enemigo al fiscal general, sino también al presidente como adversario. Además, la opinión pública la asedia.

El lunes 14 de marzo será un reto grande para las y los ministros durante la sesión del Pleno: van a ser juzgados socialmente con severidad si no hacen su trabajo con perspectiva de género, si no reconocen la asimetría de poder, si no combaten la prisión preventiva impuesta injustamente contra una mujer adulta mayor, si no previenen para el futuro el conflicto de interés y si no liberan a Alejandra Cuevas. No solo porque sería lo justo, sino porque solo así la Corte mandaría un mensaje claro de que, a diferencia del resto del elenco involucrado, ella sí está velando por el México post López Obrador.
 



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