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El acceso a la información en México se dificulta y el INAI debe dejar de ser tibio

2022-03-17

Es preocupante que esa llave de inagotable información que nos ha brindado la ley de...

Zorayda Gallegos | The Washington Post

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha logrado mermar las defensas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) un organismo autónomo, no supeditado al poder Ejecutivo, que desde hace dos décadas se encarga de garantizar el derecho de acceso a la información pública.

El acceso a la información en el país ha ido en retroceso. Las respuestas de solicitudes de información hechas al gobierno federal tienen huecos, y cada vez es más difícil lograr avances porque los poderes del gobierno, amparados en el discurso presidencial que continuamente descalifica la labor del Instituto de Transparencia, abusan cada vez más de la “inexistencia de la información”.

Esto debe de preocuparnos, porque un INAI debilitado representa un golpe para periodistas, académicos y ciudadanos que genuinamente buscamos conocer la verdad y construir memoria. Si el instituto pierde fuerza, se vuelve más sinuoso el camino para acceder a los archivos de interés público que las autoridades guardan bajo llave porque afectan los intereses de la clase política gobernante.

López Obrador pregona que está a favor de la transparencia y afirma en las conferencias matutinas que “es una regla de oro de la democracia”. Sin embargo, desde que asumió la presidencia, ha amenazado con desaparecer al INAI. Critica los sueldos de sus siete comisionados, asegura que han ocultado información, o que fue creado durante el periodo neoliberal para aparentar transparencia; todo para allanar su verdadero deseo: extinguir el instituto.

La respuesta de los comisionados del instituto ha sido tibia. Únicamente en tres ocasiones han respondido a las descalificaciones lanzadas desde el Ejecutivo. Respondieron sobre el monto de su salario, pelearon la defensa de datos personales de terceros y quizá la respuesta más contundente que han dado a favor de la rendición de cuentas ha sido la controversia constitucional que interpuso el instituto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el acuerdo presidencial que busca blindar los proyectos y obras de infraestructura estratégicas del gobierno federal declarándolos de seguridad nacional.

El efecto de las descalificaciones de AMLO sobre el instituto no es menor. Ante temas en los que se requiere de una determinación por parte de los comisionados, estos han permitido que sus resoluciones sean ignoradas por las diversas dependencias de gobierno.

Un ejemplo de ello es el caso Ayotzinapa. En el sexenio anterior el periodista Silber Meza y yo logramos desclasificar la investigación, que había abierto la entonces Procuraduría General de la República, por la desaparición de los 43 normalistas de Guerrero. Logramos que el INAI obligara a la procuraduría a hacer público el expediente y que asumiera el costo de elaborar la versión pública.

Eso permitió que decenas de periodistas y académicos aportáramos elementos por medio de notas, reportajes y artículos que contribuyeron a cuestionar y, finalmente, derribar la llamada verdad histórica que quería imponer el entonces fiscal Jesús Murillo Káram.

Pero en este gobierno la investigación se mantiene bajo llave. Aunque diversos periodistas hemos intentado acceder a información clave como las comunicaciones interceptadas por el Ejército esa noche, las declaraciones de los militares o los últimos tomos que conforman la indagatoria, no hemos tenido éxito.


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El acceso a la información en México se dificulta y el INAI debe dejar de ser tibio

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Zorayda Gallegos, The Washington Post


El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha logrado mermar las defensas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) un organismo autónomo, no supeditado al poder Ejecutivo, que desde hace dos décadas se encarga de garantizar el derecho de acceso a la información pública.

El acceso a la información en el país ha ido en retroceso. Las respuestas de solicitudes de información hechas al gobierno federal tienen huecos, y cada vez es más difícil lograr avances porque los poderes del gobierno, amparados en el discurso presidencial que continuamente descalifica la labor del Instituto de Transparencia, abusan cada vez más de la “inexistencia de la información”.

Esto debe de preocuparnos, porque un INAI debilitado representa un golpe para periodistas, académicos y ciudadanos que genuinamente buscamos conocer la verdad y construir memoria. Si el instituto pierde fuerza, se vuelve más sinuoso el camino para acceder a los archivos de interés público que las autoridades guardan bajo llave porque afectan los intereses de la clase política gobernante.

López Obrador pregona que está a favor de la transparencia y afirma en las conferencias matutinas que “es una regla de oro de la democracia”. Sin embargo, desde que asumió la presidencia, ha amenazado con desaparecer al INAI. Critica los sueldos de sus siete comisionados, asegura que han ocultado información, o que fue creado durante el periodo neoliberal para aparentar transparencia; todo para allanar su verdadero deseo: extinguir el instituto.

La respuesta de los comisionados del instituto ha sido tibia. Únicamente en tres ocasiones han respondido a las descalificaciones lanzadas desde el Ejecutivo. Respondieron sobre el monto de su salario, pelearon la defensa de datos personales de terceros y quizá la respuesta más contundente que han dado a favor de la rendición de cuentas ha sido la controversia constitucional que interpuso el instituto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el acuerdo presidencial que busca blindar los proyectos y obras de infraestructura estratégicas del gobierno federal declarándolos de seguridad nacional.

El efecto de las descalificaciones de AMLO sobre el instituto no es menor. Ante temas en los que se requiere de una determinación por parte de los comisionados, estos han permitido que sus resoluciones sean ignoradas por las diversas dependencias de gobierno.

Un ejemplo de ello es el caso Ayotzinapa. En el sexenio anterior el periodista Silber Meza y yo logramos desclasificar la investigación, que había abierto la entonces Procuraduría General de la República, por la desaparición de los 43 normalistas de Guerrero. Logramos que el INAI obligara a la procuraduría a hacer público el expediente y que asumiera el costo de elaborar la versión pública.

Eso permitió que decenas de periodistas y académicos aportáramos elementos por medio de notas, reportajes y artículos que contribuyeron a cuestionar y, finalmente, derribar la llamada verdad histórica que quería imponer el entonces fiscal Jesús Murillo Káram.

Pero en este gobierno la investigación se mantiene bajo llave. Aunque diversos periodistas hemos intentado acceder a información clave como las comunicaciones interceptadas por el Ejército esa noche, las declaraciones de los militares o los últimos tomos que conforman la indagatoria, no hemos tenido éxito. Hay diversas resoluciones del INAI que ordenan entregar esta información, pero la Fiscalía ha optado por sostener su negativa inicial o ha entregado información totalmente tachada o incompleta en una simulación de transparencia, como lo evidenció el periódico El Universal, en septiembre del año pasado.

Otro ejemplo del retroceso es que al inicio de sexenio, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) me brindó —al igual que a otros periodistas— diversos comprobantes fiscales digitales donde constaban las compras que diversas secretarías, como el Ejército, realizaron a empresas de papel durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

El cuestionamiento al rol del Ejército como un ente constructor se ha traducido en una mayor fiscalización a su gestión. Tan solo en 2019 y 2020 la Auditoría Superior de la Federación, el máximo órgano fiscalizador del país, realizó al menos una veintena de auditorías a diversos proyectos a cargo de la Defensa Nacional. Como resultado a una nueva solicitud en este sexenio, el SAT decidió no dar más información del tema.

Aunque se le han solicitado facturas de empresas fantasma con dependencias del actual gobierno y el INAI le ha ordenado brindar los comprobantes fiscales, el SAT sostiene su postura inicial y deja bajo llave esos documentos.

En este caso, como en muchos otros, queda en evidencia cómo el periodismo que se auxilia de la transparencia para realizar su trabajo es fundamental para denunciar, exhibir o alertar sobre un problema y así este pueda ser corregido o castigar a los responsables.

Es preocupante que esa llave de inagotable información que nos ha brindado la ley de transparencia se debilite o, peor aún, que se ignore, como lo están haciendo diversas dependencias de gobierno. Y no es que en el pasado hayamos tenido un gobierno similar a una urna de cristal como ejemplo de transparencia, pero en esta administración la opacidad se ha robustecido y se ha intentado minar la credibilidad del órgano garante de acceso a la información.

En varias conversaciones, las y los periodistas hemos llegado a la conclusión de que el discurso presidencial que continuamente descalifica o minimiza la labor del INAI, contribuye a que haya medidas disuasivas, como pagar por formatos innecesarios o esperar periodos más largos para acceder a la información.

El INAI también tiene fallas. El portal donde se presentan las solicitudes de información muestra errores desde hace meses. Incluso, algunos de los perfiles que han dirigido el instituto no han sido idóneos. Ximena Puente fungió como comisionada presidenta durante el gobierno de Peña Nieto y, posteriormente, renunció para ocupar una diputación en el Legislativo impulsada por el PRI. Pero su operación va más allá de los comisionados en turno.

La ley dio a la ciudadanía, académicos y periodistas herramientas que ayudaron a destapar casos de corrupción, como “Las empresas fantasma de Veracruz”, o que han revelado la crisis de derechos humanos que atraviesa México, como lo hace “El país de las 2,000 fosas”.

El INAI es un órgano constitucionalmente autónomo y será muy difícil que López Obrador lo desaparezca, necesitaría una mayoría calificada que no tiene. Pero, si en realidad el presidente cree que la transparencia es la “regla de oro” de la democracia, debería de dejar de atacar al instituto y comprometerse a apoyarlo.

 



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