El Tribunal Constitucional libera a Alberto Fujimori y aviva aun más la hoguera política peruana

Diego Salazar | The Washington Post

En menos de tres semanas, el próximo 5 de abril, los peruanos conmemoramos 30 años del inicio de la dictadura de Alberto Fujimori. Ese día de 1992, el gobierno del presidente Fujimori, que había ganado sorpresivamente las elecciones dos años antes, sacó los tanques a la calle, arrestó a los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, cerró el Congreso de la República, secuestró a diversos ciudadanos —entre ellos, al periodista Gustavo Gorriti—, tomó los medios de comunicación y sentó las bases para un gobierno autoritario y delincuencial que se prolongó hasta finales del año 2000.

Algunos miembros del actual Tribunal Constitucional peruano no pudieron con la impaciencia y decidieron adelantar los festejos al jueves 17 de marzo de 2022. El regalo elegido por tres de ellos —incluido el presidente del tribunal, cuyo voto vale doble en caso de empate— ha sido un polémico fallo que, en sencillo, se traducirá en la liberación del exdictador, condenado a 25 años de prisión por homicidio calificado en las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, y secuestro agravado. El fallo del Tribunal restaura los efectos del indulto humanitario concedido a finales de 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, que había sido anulado en 2018 por la Corte Suprema de Justicia.

El 24 de diciembre de 2017, Kuczynski puso la firma a un osado plan que, pensaban él y sus asesores, quebraría a la furibunda oposición fujimorista y garantizaría la supervivencia de su endeble gobierno. Días antes, el 21 de diciembre, el presidente había sobrevivido a una primera moción de vacancia en el Congreso gracias a la abstención de 10 congresistas rebeldes de la bancada de Fuerza Popular. El partido liderado por Keiko Fujimori, que entonces contaba con mayoría absoluta en el Congreso, le había declarado la guerra frontal a un presidente tremendamente impopular, a quien la mayoría del país quería fuera del cargo, y apoyó de forma decidida y desde un inicio la moción de vacancia. Sin embargo, el hermano menor de Keiko, Kenji Fujimori, tenía otros planes.

El menor de los Fujimori, promotor del grupo rebelde de Fuerza Popular, no había ocultado nunca que, lejos de los sueños de poder de su hermana mayor, candidata en tres ocasiones a la presidencia, su principal razón de ser y estar en política ha sido siempre la liberación de su padre. El objetivo de Kenji Fujimori se cumplió esa nochebuena de 2017 cuando, tras meses de especulaciones, el presidente Kuczynski firmó finalmente el indulto humanitario que sacó a Fujimori de la cárcel.

¿Fue el indulto concedido a Fujimori fruto de una transacción política entre su hijo Kenji Fujimori y el presidente Pedro Pablo Kuczynski? Pese a que sus protagonistas lo han negado, hay razones suficientes para pensar que sí. Distintas investigaciones periodísticas han documentado los indicios existentes. Y buena parte de los peruanos así lo cree. De hecho, así lo creyó también el juez de la Corte Suprema de Justicia que, casi un año después, anuló la gracia presidencial y ordenó el reingreso de Fujimori en prisión.

En su resolución, fechada el 3 de octubre de 2018, el juez señaló que la gracia presidencial fue concedida como “parte de una negociación política”, ya que las abstenciones de Kenji Fujimori y los otros nueve congresistas de Fuerza Popular que se sumaron a él “tenían como objetivo de conseguir (sic) el otorgamiento del indulto por razones humanitarias al condenado Alberto Fujimori” . Solo haría falta la confesión de Kuczynski o Kenji Fujimori para confirmar lo que todo el Perú —incluida la Corte Suprema— sospecha y, parece, ahora el Tribunal Constitucional ha decidido ignorar.

Lo que sí sabemos a ciencia cierta es que el indulto, lejos de lo que Kuczynski y quienes lo asesoraron creían, no solo no sirvió para “forjar la gobernabilidad” que tanto necesitaba el entonces presidente sino que probablemente supuso el pistoletazo de salida al convulso periodo político que el Perú viene atravesando desde entonces y que, cinco años, tres Congresos, unas elecciones generales y cuatro presidentes después, no tiene visos de acabar.

A los tres meses de conceder el indulto, el 21 de marzo de 2018, Kuczynski renunció a la presidencia en medio de un escándalo de compra de votos con los que su gobierno pretendía sobrevivir a un segundo proceso de vacancia. No llegó a cumplir ni dos años de mandato.

Poco después, en mayo de ese mismo año, una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó que no es admisible un indulto humanitario en casos de delitos considerados de lesa humanidad y determinó que el Estado peruano “no ha dado cumplimiento total a la obligación de investigar, juzgar y, de ser el caso, sancionar las graves violaciones a los derechos humanos determinadas en las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Barrios Altos y La Cantuta”.

Cinco meses después la Corte Suprema de Justicia peruana decidió dejar sin efecto el indulto concedido por Kuczynski y ordenó que Fujimori fuera detenido y enviado de vuelta a prisión. La resolución, además de indicar el carácter de transacción política del indulto, señaló una serie de irregularidades en su concesión. Entre otras, haber incluido al médico personal de Fujimori como parte de la Junta Médica Penitenciaria que debía evaluarlo; que el indulto fue procesado, evaluado y resuelto en 13 días, cuando el promedio para casos similares es superior a los dos meses; y que la Comisión de Gracias Presidenciales no constató el estado de salud de Fujimori. Además, en palabras del juez, la resolución que concedió el indulto “no contiene debida fundamentación ni expresa una suficiente justificación en la decisión adoptada”.

Es esta decisión la que el jueves 17 fue revertida por un fallo de la instancia más elevada del sistema de justicia peruano. La sentencia no ha sido aún publicada pero, como toda manifestación de la polarizada y a ratos extenuante vida política peruana, ha sido recibida con entusiasmo por los seguidores de Fujimori y rechazada con amargura y tristeza por los detractores del exdictador, así como por los familiares de las víctimas de sus delitos, que anuncian ya que volverán a recurrir a instancias internacionales.

Habrá que esperar a la publicación del fallo para intentar comprender las razones que llevaron a estos magistrados a añadir más leña a la imperecedera hoguera de las pasiones políticas peruanas. Y habrá que esperar también para ver si la próxima, en apariencia, definitiva liberación de Fujimori —un hombre de 83 años aquejado de distintas enfermedades que lleva casi 15 en prisión— pondrá por fin punto final a la desmedida y perniciosa influencia que él y sus herederos tienen todavía, más de dos décadas después de culminada su dictadura, en la vida política del país. Visto lo visto, lastimosamente, permítanme dudarlo.

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