Editorial
Ante la reforma eléctrica de López Obrador, el Congreso se aferra al sentido común
Editorial | The Washington Post
En un entorno internacional amenazado por el populismo y el nacionalismo, México es una fuente insólita de resistencia a las peores manifestaciones de ambos. Desde diciembre de 2018, el país ha sido gobernado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, un izquierdista cuyos conceptos erróneos sobre la soberanía lo han llevado a declarar su neutralidad ante la guerra entre Rusia y Ucrania, y negarse a formar parte de las sanciones económicas contra el régimen del presidente Vladimir Putin. Aun así, López Obrador sigue siendo popular entre los votantes mexicanos y sus partidarios tienen la mayoría en el Congreso.
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Esto hace que sea doblemente extraordinario que el Congreso mexicano propinara a López Obrador una merecida derrota el domingo en una importante prioridad política, una con consecuencias para toda América del Norte y, de hecho, para el mundo.
En cuestión estaba la enmienda constitucional propuesta por López Obrador para revertir la reforma de 2013 al sector energético de México. La medida, encabezada por su predecesor, Enrique Peña Nieto, disminuyó el control sobre la producción y distribución de electricidad que caracterizaba al Estado mexicano desde hace mucho, abriendo el sector a inversionistas extranjeros. Esto había dado como resultado costos más bajos y más energía eólica y solar. Sin embargo, López Obrador objetó instintivamente que este aparente resultado beneficioso para todos, dejaba “el dominio del mercado en manos de empresas privadas, principalmente extranjeras”. Su plan era garantizar 54% del mercado a la compañía de energía estatal, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en contraste con 62% que ahora brindan las empresas privadas.
Sin embargo, el Congreso mexicano se negó a facilitar la mayoría calificada necesaria para la ratificación, ya que otros partidos rechazaron unirse a la mayoría simple de los partidarios de López Obrador. Esta es no solo una victoria para la economía mexicana, sino también, una prueba de que los frenos y contrapesos funcionan para la democracia de México. De hecho, es un buen augurio para que el Congreso pueda rechazar la próxima idea peligrosa de López Obrador: una reforma al Tribunal Electoral que politizaría a ese árbitro imparcial tan importante.
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La administración del presidente estadounidense, Joe Biden, también salió victoriosa, ya que había advertido a México que cambiar las reglas de su sector energético podría violar los compromisos que México había asumido en virtud del tratado de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. Dada la gran dependencia de combustibles fósiles de la CFE, la medida también habría sido un retroceso para los esfuerzos globales contra el cambio climático. Un estudio de 2021 realizado por el Laboratorio Nacional de Energías Renovables (NREL, por su sigla en inglés) estimó que una medida como la que defendió López Obrador podría aumentar las emisiones de carbono de México en un mínimo de 26% y un máximo de 65%, en relación con la trayectoria actual del país.
López Obrador calificó la votación como “traición”. Sin embargo, esto demuestra que, aunque sigue siendo fuerte, el control del presidente sobre la opinión pública mexicana se ha debilitado después de tres años en el cargo. El Congreso que se negó a entregar su enmienda constitucional es producto de las elecciones intermedias de junio de 2021 en las que las y los votantes redujeron la mayoría pro-López Obrador. Más recientemente, solo 18% votó en una revocación de mandato que López Obrador organizó para demostrar el respaldo de sus simpatizantes. Ganó con 90%, aunque la baja participación hizo que el resultado no fuera legalmente vinculante. Sin desanimarse, el lunes López Obrador impulsó la nacionalización del suministro de litio de México, un insumo clave para las baterías de los automóviles eléctricos, por mayoría simple en la votación del Congreso. En lugar de vengarse, este presidente debería aprender a entender indirectas.
aranza
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