Calamidades
La brutalidad policial en México es un problema oculto, al igual que la impunidad ante ella
Tamara Gidi, Nayeli Meza, Patricia San Juan, Eduardo Buendía | The Washington Post
A Victoria Salazar, José Eduardo Ravelo, Carlos Bautista y Gabriel Casillas los asesinó la Policía mexicana. Sus historias forman parte de una enorme lista de agresiones cometidas por elementos estatales cuyo deber era garantizar su seguridad.
La brutalidad policial en México se ejerce bajo la sombra de la impunidad por la inoperancia de las autoridades encargadas de investigarla y sancionarla, como demuestra la investigación “Policía mexicana: Brutalidad sin límite”, que forma parte del Proyecto Piloto de Periodismo de Investigación de la UNESCO.
Para realizarla tramitamos 3,862 solicitudes de información a entidades federales y estatales, por medio de las cuales conocimos que, de 2015 a 2020, se iniciaron al menos 33,750 carpetas de investigación por delitos relacionados con brutalidad policial en todo el país, pero de ellas solo se judicializaron 1.1% y 0.5% concluyeron en una sentencia condenatoria: 99.5% quedaron en la impunidad.
Las cifras que nos entregó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las instituciones homólogas en los estados señalan que el universo de agravios podría ser mucho mayor: reportaron la apertura de 54,248 expedientes de queja por homicidios dolosos, desapariciones forzadas, tortura, lesiones y abuso de autoridad en los que se acusó a agentes de seguridad pública, militares o marinos a nivel nacional.
También muestran que la brutalidad policial la cometen desde altos funcionarios de seguridad pública hasta elementos operativos. En este contexto de violencia, las víctimas se enfrentan a un sistema que obstaculiza los avances de las investigaciones y en el que las instituciones encargadas de indagar e impartir justicia administran los casos de manera discrecional con el fin de que no se resuelvan.
En el caso de abuso de autoridad, se tuvo conocimiento de 25,804 carpetas de investigación abiertas de 2015 a 2020 con base en información entregada por fiscalías estatales. En contraste, los poderes Judiciales de los estados establecieron que se iniciaron solo 293 causas penales por esa conducta. Estos datos demuestran que una gran parte de las denuncias que se presentan no llegan a los juzgados.
Cuando preguntamos a las fiscalías estatales y federal, así como a los poderes Judiciales, secretarías de seguridad pública y comisiones dedicadas a la atención de víctimas sobre la cifra de policías e integrantes de las Fuerzas Armadas que cometieron abusos contra la población, encontramos una falta de control en los registros entre instituciones, pues hay una disparidad evidente en las cifras.
Por ejemplo, el total de carpetas de investigación iniciadas por lesiones sumaron 1,686. De ese total, los ministerios públicos informaron que 93 fueron judicializadas; sin embargo, los poderes Judiciales aseguraron tener registro de 180 causas penales por ese delito, casi el doble.
La falta de una homologación en los archivos deja al descubierto que muchos de los casos que se denuncian quedan en el limbo de las fiscalías estatales u órganos internos de control de las secretarías, lo que dificulta conocer las denuncias y víctimas totales con exactitud.
En el estado de Quintana Roo, el Comité de Víctimas 9N sigue exigiendo a la fiscalía local, al gobierno estatal y el ayuntamiento de Benito Juárez que resuelvan la agresión a golpes y balazos que sufrió un grupo de jóvenes feministas que se manifestaron en el palacio municipal el 9 de noviembre de 2020. A la fecha, los policías municipales y estatales que participaron siguen impunes, así como los mandos que dieron la orden.
La desaparición forzada y asesinato de Carlos Bautista en 2015, en Veracruz, de la cual es imputado José Óscar Sánchez Tirado, entonces director general de Prevención y Reinserción Social durante el gobierno de Javier Duarte, y otros siete exelementos de seguridad pública estatal, es otro caso en el que las autoridades dilatan y obstruyen la justicia.
En 2020, dos de los uniformados que presuntamente fueron cómplices del exfuncionario quedaron en libertad por órdenes del juez de control Francisco Hernández Lima, y otros dos más salieron de prisión en febrero de 2021; inclusive, uno de ellos recuperó su trabajo en la institución para la que servía. La audiencia para dar seguimiento al caso de Sánchez Tirado se retrasó más de un año y se realizó en marzo de 2022, en la que se confirmó que enfrentará un juicio.
Otro ejemplo es el asesinato de Gabriel Casillas, en 2015, a manos de un agente y un exagente de la entonces Fuerza Única de Jalisco. A pesar de que los responsables fueron sentenciados, después de seis años la familia de la víctima sigue sin recibir la reparación del daño, como la indemnización económica.
El alto de grado de impunidad en México propicia que la brutalidad policial no tenga límite. Otro factor que influye es la falta de protocolos de actuación y de capacitaciones efectivas para contener estas prácticas. Aunque 24 estados nos dijeron que sí impartieron cursos a sus policías sobre perspectiva de derechos humanos y el uso proporcional de la fuerza pública, esto no se ha reflejado en una disminución de casos.
A esto se suman las carencias con que las Policías locales realizan su labor en cuestiones tan básicas como no tener un salario digno y no contar con equipo táctico o vehículos adecuados para su desempeño.
En 2021, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y otras dependencias federales revelaron que el sueldo de los uniformados a nivel nacional es de 13,283 pesos (665 dólares) mensuales en promedio. En Chiapas, donde tienen los ingresos más bajos, es de 6,357 pesos. El documento establece que a un hogar deberían ingresar 28,440 pesos mensuales para satisfacer las necesidades básicas de una familia.
Aunque hay avances en la creación de leyes para combatir la tortura y desaparición forzada en México, los datos muestran que estas prácticas se siguen perpetuando, como lo han advertido organismos como la Organización de las Naciones Unidas, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, que han emitido recomendaciones al Estado mexicano y varias aún están pendientes de implementar.
Estos datos son solo una muestra de lo que ocurre en el país con respecto a las agresiones que cometen policías y Fuerzas Armadas y que exhiben la necesidad de que, desde los poderes de la Unión, se trabaje para que los uniformados que deben proteger a la población no sean una fuente más de violencia en su contra.
Aunque existen leyes que buscan proteger a la ciudadanía de las violaciones a sus derechos humanos, mientras permanezca la red de complicidad en las corporaciones policiacas, fiscalías y tribunales, miles de víctimas directas e indirectas seguirán esperando para acceder a la justicia en un país en el que, si un elemento policial o de las Fuerzas Armadas decide matarte, desaparecerte o agredirte, es casi un hecho que quedará impune.
aranza
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