Internacional - Finanzas
Declaran en desacato a inmobiliaria asociada a Trump
Por MICHAEL R. SISAK
NUEVA YORK (AP) — Una empresa que ha realizado cientos de avalúos de propiedades para Donald Trump fue declarada en desacato al tribunal por no cumplir con el plazo para entregar documentos como parte de una investigación de la procuraduría del estado Nueva York sobre las prácticas comerciales del expresidente.
El juez Arthur Engoron dijo el martes por la noche que la firma de servicios inmobiliarios Cushman & Wakefield ha incumplido deliberadamente con las citaciones de la secretaria de Justicia Letitia James, incluidos los registros relacionados con el suburbio Seven Springs Estate de Trump, un edificio de oficinas de Wall Street y un campo de golf en Los Ángeles.
Engoron ordenó a Cushman & Wakefield pagar una multa de 10,000 dólares por día, a partir del jueves, por cada día que no cumpla con las citaciones. El mismo juez levantó hace poco una orden de desacato a Trump después de una pelea legal de dos meses por su respuesta lenta a una citación para documentos en la investigación de James.
La firma pidió más tiempo después de incumplir el plazo del 27 de junio. Cushman & Wakefield dijo que apelará el fallo de Engoron.
En una declaración por escrito, la compañía dijo que el fallo de desacato del juez “demuestra una falta de comprensión de los extremos a los que Cushman ha llegado para cumplir con la orden de la corte”.
“Hemos realizado grandes gastos y esfuerzos para identificar, recopilar, revisar y producir rápidamente el conjunto masivo de documentos solicitados por (la oficina de James), y ahora hemos producido más de cientos de miles de páginas de documentos y más de 650 tasaciones desde la última citación se emitió en febrero de 2022”, dijo la compañía.
James, una demócrata, dijo que su investigación de tres años descubrió evidencia de que la Trump Organization —la empresa del expresidente— tergiversó el valor de activos como rascacielos y campos de golf en los libros contables durante más de una década.
Trump, un republicano, niega las acusaciones y asegura que la investigación es una “cacería de brujas” con fines políticos.
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