¡Basta ya!
Francia protesta
Editorial, El País
La reforma de las pensiones fue una promesa central del programa electoral con el que Emmanuel Macron ganó las elecciones presidenciales de 2017. El objetivo de un sistema más equitativo entre las profesiones y las generaciones, y el fin de algunos privilegios corporativos, justifican la iniciativa. Pero la confusión que ha rodeado la propuesta ha sembrado la inquietud entre quienes temen ver reducidas sus prestaciones cuando se jubilen. Y explica que la primera jornada de movilizaciones, el jueves, fuese un éxito, y que los sindicatos que convocaron a la huelga y a las manifestaciones se sientan reforzados para prolongar un pulso que amenaza con desestabilizar al presidente y paralizar el país.
Macron llegó al poder hace dos años y medio decidido a afrontar cambios que sus antecesores dejaron pendientes confiando en que ya asumirían el problema las generaciones futuras. La reforma de las pensiones es uno de ellos. Hoy existen en Francia 42 regímenes distintos, entre ellos, los llamados regímenes especiales que otorgan a una serie de profesiones, como la de ferroviario, condiciones ventajosas en la jubilación. La instauración de un nuevo sistema que otorgaría los mismos derechos a todos los trabajadores alumbrará, sobre el papel, un sistema más justo. Tal como se ha diseñado, la reforma no pone en duda ni su carácter público ni el método según el cual los trabajadores actuales pagan con sus contribuciones las pensiones de los jubilados. Por eso son difíciles de comprender las movilizaciones preventivas ante un texto cuyo contenido se desconoce.
Esto no significa que la reforma no plantee problemas. El primero es de método. La voluntad de preparar la reforma con sindicatos y patronal, y sin dar nada por decidido hasta la conclusión de estas consultas, ha terminado siendo un debate cacofónico en el que la mezcla de rumores, globos sonda y mensajes contradictorios ha acabado asustando a muchos franceses. Macron paga, en segundo lugar, por su arrogancia pasada en la gestión de crisis como la de los chalecos amarillos, y la imagen de ser un presidente más atento a los intereses de los contribuyentes con mayores ingresos y patrimonio. El tercer problema es institucional. El presidente de la República disfruta de una mayoría holgada en la Asamblea Nacional y, gracias a la Constitución de 1958, acapara más poder que ningún otro jefe de Estado occidental. Pero su mandato es frágil: en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2017, Macron obtuvo un 24% de votos; quienes le eligieron en la segunda vuelta lo hicieron para frenar a la ultraderechista Marine Le Pen, no para que impusiese unas reformas que, para muchos franceses, son demasiado liberales.
Francia no es una isla. El envejecimiento de la población y el alargamiento de la esperanza de vida son desafíos comunes en Europa, aunque este país, gracias a una mayor tasa de natalidad, parte de una posición más ventajosa. El Gobierno aún tiene margen para perseverar en el diálogo y adaptar los ritmos de la reforma a los sectores más perjudicados, y para compensarlos. Pero sería un error dar marcha atrás como hizo el primer ministro conservador Alain Juppé en 1995. La credibilidad del presidente francés, en casa y en Europa, quedaría maltrecha. Desactivar esta crisis sin renunciar a la reforma es una urgencia si Macron quiere salvar su mandato.
JMRS
