Calamidades

La muerte en cifras

2019-03-18

El listado que arroja este informe, correspondiente al 2018, contempla ni más ni menos que...

Antonio Ortuño | El País

Lo sabemos: México es un país aplastado por la violencia. Y de tanto en tanto conviene recordar el tamaño de su horror. Esta semana se presentó el informe anual del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal respecto a las 50 ciudades más violentas del mundo, es decir, las que tienen mayor número de homicidios por cada 100,000 habitantes. Y el listado que arroja este informe, correspondiente al 2018, contempla ni más ni menos que 15 ciudades mexicanas (insistamos en la dimensión de la tragedia: 15 de 50, casi la tercera parte del total), incluidas las que ocupan los puestos uno, dos, cuatro, cinco y seis. Solo una extranjera, la convulsa Caracas, se nos cuela por ahí, en el tercer puesto. México, pues, supera en el número de ciudades y en los índices que presentan a Brasil (con 14 localidades en la lista), Venezuela (con seis), Estados Unidos (con cuatro) y Colombia y Honduras (con dos cada cual). Reinamos en la oscuridad.

Los focos rojos cubren nuestro mapa: Tijuana (con una tasa de 138,6 homicidios anuales por cada 100,000 habitantes), Acapulco (110,50), Ciudad Victoria (86,01), Ciudad Juárez (85,56) e Irapuato (pequeña urbe, por cierto, sin una tradición de sangre como las antes citadas, pero que alcanza una tasa de 81,44) copan la cima del triste compendio. Pero también aparecen por allí Cancún (en el puesto 13), Culiacán (en el 16), Uruapan (18), Ciudad Obregón (20), Coatzacoalcos (26), Celaya (32), Ensenada (34), Tepic (36), Reynosa (42) y Chihuahua (49). Un panorama como para llevarse las manos a la cabeza, sin duda. Y remachado por el hecho de que incluso metrópolis que no aparecen en la lista, como las dos principales del país, es decir, Ciudad de México y Guadalajara, atraviesan por crisis de seguridad inéditas. El propio presidente López Obrador (a quien no le agrada particularmente hablar del tema) reconoció el mes pasado el aumento notable de los homicidios en la capital y prometió tomar medidas inmediatas. Y en Guadalajara, diciembre de 2018 y febrero de 2019 han sido, con 198 y 199 homicidios respectivamente, los dos meses más violentos desde que se llevan estadísticas.

Pero pareciera que en este país el problema principal, a veces, no es que las cosas sucedan sino que se digan en voz alta. Y por eso algunos alcaldes de las ciudades que encabezan la lista protestaron de inmediato. Se quejan de que la metodología del Consejo no se basa en las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sino en las que asienta en sus conteos el Inegi (la diferencia es que las del Secretariado se refieren a las carpetas de investigación abiertas por homicidio y las del Inegi, a las muertes reportadas en ese rubro, que generalmente arrojan datos distintos). Y señalan, además, que el informe excluye a las urbes de menos de 300,000 habitantes y a las ubicadas en zonas en guerra abierta (es decir, en Siria o algunas áreas de Ucrania, por ejemplo, en donde llevar estadísticas precisas es francamente imposible). Pero incluso concediéndoles la importancia de estos matices, queda claro que es un consuelo muy flaco el que ofrecen nuestros políticos. Porque lo importante no es que la metodología de un informe (que puede discrepar de cualquier otra) nos ponga en el tope y que, medidas de otro modo las variables, estemos en realidad en el segundo, quinto o décimo lugar del podio del asesinato mundial. Lo crucial es que nuestro país está cubierto de calles, zanjas y fosas cuajadas de cuerpos abatidos. Y lleno de miedo. Que da vértigo.

Y resulta intranquilizador que desde los más altos cargos del nuevo Gobierno federal y más de uno de los nuevos Gobiernos estatales comiencen a emitirse, como en pesadilla, las mismas explicaciones (o excusas) de los Gobiernos anteriores, es decir, que todo se trata de ajustes de cuentas entre criminales. Durante la campaña, el actual presidente habló del perdón y la reconciliación. Una vez tomado el poder, ha impulsado el proyecto de una Guardia Nacional para enfrentar el problema. ¿Pero eso bastará? ¿Qué pasa con el sistema judicial, responsable de la impunidad casi absoluta en que vivimos? ¿Y con el rebasado y podrido sistema penitenciario? ¿Qué con las investigaciones pendientes sobre miles de muertos y desaparecidos? ¿Cómo reconciliar a deudos y perjudicados con victimarios que andan tan campantes por las calles? En fin. Hay tantas dudas como víctimas en espera de justicia.



Jamileth