De Protestas a Propuestas

¿Cómo disminuir los tiroteos en Estados Unidos? Es posible

2022-05-26

Al abordar la violencia con armas de fuego, también se debe tener muy en cuenta el factor de...

Nicholas Kristof | The New York Times

Estas reformas a la ley de armas podrían salvar 15,000 vidas. Podemos conseguirlas

Los entusiastas de las armas protestan diciendo que este es un momento para el duelo, y no para la política; para el luto nacional y no para debates polarizadores sobre las armas de fuego.

Pero estamos cansados de conmemorar la violencia armada en Estados Unidos solo con pensamientos y oraciones. No respondimos a la invasión rusa de Ucrania simplemente con pensamientos y oraciones, o a los atentados del 11-S solo con minutos de silencio o a Pearl Harbor con nada más que banderas a media asta y exequias.

No: decidimos actuar, a pesar de que eran unos desafíos muy difíciles, sin soluciones perfectas. La reglamentación de las armas es asimismo complicada y políticamente problemática, y no vamos a conseguir que todo el mundo esté a salvo. Aun así, los expertos dicen que, con el tiempo, podríamos reducir razonablemente las muertes por armas de fuego en un tercio, o salvar 15,000 vidas al año, si se impone una serie de límites pragmáticos a la tenencia de armas y a quiénes pueden acceder a ellas.

En cambio, estamos paralizados, y en aspectos que amenazan a nuestra democracia y nuestro bienestar. Los niños y adolescentes estadounidenses son el 57 por ciento más propensos a morir jóvenes en comparación con los niños y adolescentes en otros países desarrollados, y las armas de fuego son una razón importante. Un estudio reveló que, para los estadounidenses de entre 15 y 19 años, la probabilidad de morir por disparos es 82 veces mayor que para los adolescentes que rondan esa franja de edad en los países similares a los nuestros.

Reconozcamos simplemente que lo que hacemos no está funcionando, y que necesitamos nuevos enfoques.

Entonces, ¿qué camino seguir? Esto será doloroso para muchos de mis correligionarios liberales, pero sugiero que nos esforcemos más para involucrar a los centristas, para hablar sobre la “seguridad en el uso de armas”, en vez del “control de armas”, y comprometernos. Los politólogos sugieren “complejizar” los problemas para reducir la polarización, y, desde luego, descubro que (a veces) puedo mantener conversaciones productivas con los entusiastas de las armas, si nos centramos en los detalles tecnocráticos.

Pensemos, por ejemplo, en la edad mínima legal para comprar o poseer un arma de fuego. Los sospechosos de los tiroteos de Texas y Búfalo tenían solo 18 años, y no es ninguna sorpresa. Los estadounidenses de entre 18 y 20 años representan el 4 por ciento de la población, pero son el 17 por ciento de quienes se sabe que han perpetrado un asesinato.

En Wyoming, uno de los estados más proarmas de Estados Unidos, la edad mínima legal para comprar un revólver es de 21 años. En general, un tercio de los estados limitan la compra de un revólver a quienes tengan 21 años o más, según el Centro Legal Giffords para la Prevención de la Violencia con Armas de Fuego.

Si decimos que los adolescentes no pueden comprar cerveza, ¿no merece la pena mantener una conversación sobre si deberían poder comprar pistolas Glock 19 o rifles como los AR-15?

En un estudio se descubrió que el 17 por ciento del total de personas que habían delinquido con armas de fuego las habían obtenido legalmente, cosa que no habrían podido hacer si sus respectivos estados hubiesen impuesto una edad mínima de 21 años para comprarlas. Y menos personas aún habrían cumplido los requisitos para adquirir armas de haberse impuesto un límite para aquellas condenadas por delitos relacionados con las drogas o el alcohol.

Esa es otra conversación que debemos tener. Normalmente no permitimos que las personas que han cometido delitos graves posean armas de fuego; ¿no sería lógico prohibir también que las compre alguien condenado recientemente por un delito menor relacionado con las drogas y el alcohol, la violencia o el acoso? Solo 10 estados prohíben comprar armas a los condenados por acoso.

Sabemos que las personas que atraviesan una ruptura, en especial, son un riesgo para sí mismas y para sus exparejas. Entonces, ¿por qué no aprobar leyes de bandera roja que permitan retirarles las armas a quienes estén sufriendo una crisis de salud mental, o sobre las que pese una orden de protección contra la violencia doméstica? Incluso el expresidente Donald Trump ha apoyado las leyes de bandera roja.

¿Y qué hay del sistema universal de comprobación de antecedentes? Las encuestas señalan que la inmensa mayoría de los propietarios de armas están a favor de dicho sistema, y, sin embargo, el 22 por ciento de las armas fueron obtenidas sin ninguna comprobación. En buena parte de Estados Unidos, se evalúa más meticulosamente a las personas que adoptan un perro de la protectora de animales que a quienes compran rifles de asalto. Y ¿de verdad deberíamos seguir permitiendo que quienes están en las listas de exclusión aérea pudean comprar armas de fuego pero no embarcar en un avión?

Estos son pasos pragmáticos que no acabarán con la violencia con armas de fuego ni evitarán todos los tiroteos. Pero sí pueden hacer que nuestro país sea un poco más seguro. Y, aunque a muchos les puedan parecer endebles e insatisfactorias, al menos nos sacarían de la parálisis de cara a una política de armas sensata. Serían una señal de que se puede lograr algún progreso, ahora que están aumentando las muertes relacionadas con las armas de fuego.

Diecinueve niños murieron el martes en el tiroteo en la escuela de primaria de Texas, junto con dos maestras. Nueve días antes, seis personas recibieron disparos en una iglesia de California, uno de los casos fue mortal; y cinco recibieron disparos, letales en dos casos, en un mercado al aire libre en Texas. Un día antes, un hombre armado mató a 10 personas en un ataque racista contra los clientes negros de un supermercado en Búfalo.

Cuando Nueva Zelanda sufrió un tiroteo masivo en 2019, el país tomó medidas en solo 26 días para endurecer las leyes de armas. Aquí, en Estados Unidos, han pasado 56 años desde la primera masacre con armas, el tiroteo desde la torre de la Universidad de Texas en 1966 que se cobró 17 vidas.

Sin embargo, sabemos que la seguridad en el uso de armas no es una empresa inútil, porque casi todos los demás países consiguen que les vaya mejor. La página web satírica The Onion suele responder a los tiroteos masivos con un titular: “‘No hay forma de impedir esto’”, dice el único país donde esto sucede regularmente”. Bien visto.

El resultado de nuestra parálisis es que, desde 1975, han muerto más estadounidenses como consecuencia del uso de armas —sea por suicidio, asesinato o accidente— que en todas las guerras de la historia estadounidense, que se remonta a la Revolución de las Trece Colonias.

¿La Segunda Enmienda es un obstáculo? Quizá hasta cierto punto. Pero la mayoría de nosotros, incluidos los jueces, admitimos que necesitamos fijar algunos límites a las armas: son pocos quienes creen que los ciudadanos particulares deberían poder tener morteros, o que no pasa nada porque los adolescentes de 15 años compren rifles de asalto. La pregunta práctica, y la difícil, es dónde trazar exactamente la raya.

Lo cierto es que no vamos a prohibir las armas en Estados Unidos, como no vamos a prohibir el alcohol, las motocicletas, los cuchillos de caza, los cigarrillos u otros productos que pueden ser mortales. Estas peleas vociferantes y maximalistas sobre el “control de armas” frente a la “Segunda Enmienda” han generado un estancamiento político mientras seguimos perdiendo 45,000 vidas anuales a causa de las armas. Eso son 123 vidas perdidas al día.

Esto no ocurre en otros países. En Japón, por lo general, la cifra de personas que pierde cada año asesinadas con armas de fuego no llega a los dos dígitos; nosotros perdimos el doble en una sola escuela el martes.

Siempre que escribo sobre las armas, oigo las protestas indignadas: “Los coches matan a tantos estadounidenses al año como las armas, ¡pero no vas a prohibir los coches!”.

No, pero trabajamos para hacer los vehículos más seguros. La seguridad del automóvil es una empresa aburrida, no politizada, llevada a cabo por ingenieros, que nos ha permitido vivir con unos objetos peligrosos —los coches— y reducir la tasa de mortalidad por cada 1000 kilómetros recorridos en más del 90 por ciento desde 1923.

Muertes por armas de fuego contra accidentes de tránsito

Asimismo, tenemos procesos de seguridad no politizados para las escaleras, las piscinas y los juguetes (8 páginas de normativas federales en materia de escaleras, donde se matan alrededor de 100 personas al año, con campañas de seguridad como declarar marzo “el mes de la seguridad en la escalera”).

Por ejemplo, se nos exige un permiso para conducir, así que, ¿por qué no obtenerlo para comprar un arma? Eso dice la ley en Massachusetts, que tiene una de las tasas de mortalidad por armas de fuego más bajas de Estados Unidos. Y, si bien Massachusetts es un estado liberal, donde cabe esperar unas leyes de armas más estrictas, también Carolina del Norte exige un permiso para comprar un arma de fuego (aunque el proceso es más sencillo). Texas también imponía ese requisito, pero el año pasado aprobó una nueva ley que acabó con la obligación de obtener el permiso de tenencia de armas.

Al abordar la violencia con armas de fuego, también se debe tener muy en cuenta el factor de la salud, como hace el ejército en su estrategia para reducir los suicidios. Así, programas como Cure Violence y Becoming a Man, aunque no se enfocan concretamente en las armas, sí parecen mitigar la violencia relacionada con ellas.

Hay muchos otros pasos que podemos dar. La obligación de disponer de una caja fuerte para las armas evita que los niños y los ladrones accedan a ellas (cada año se roban 380,000 armas de propiedad privada). Tenemos que aplicar mano dura contra las “armas fantasma” que montan los compradores a partir de piezas sin número de serie y sin ninguna comprobación de los antecedentes. Debemos poner coto a la próxima tecnología: las armas de fuego creadas con impresoras 3D.

Dejémonos guiar por los datos, lo que significa una mayor investigación. ¿Y si probamos la recompra voluntaria de armas, para reducir el número de armas en circulación, que en Estados Unidos son 400 millones? ¿Y si añadimos mensajes en las armas donde se advierta que la presencia de un arma de fuego en el hogar aumenta el riesgo de muerte por disparos? ¿Y si gravamos las armas para cubrir algunos de los costos externos de su uso indebido, como gravamos los cigarrillos? ¿Y si establecemos un sistema universal de comprobación de antecedentes para comprar municiones? ¿Y si fijamos periodos de espera o un tope de dos armas por comprador al mes? ¿Y si tomamos medidas más enérgicas contra los intermediarios que compran armas destinadas a las bandas criminales?

Estados Unidos está perdiendo terreno respecto a las armas. Se calcula que el año pasado se vendieron en Estados Unidos 18,8 millones de armas de fuego. Estados Unidos ya tiene la cifra más alta, con creces, de armas de fuego per cápita (Yemen, en plena guerra civil, ocupa el segundo lugar). Al parecer, los civiles estadounidenses poseen una cantidad de armas de asalto —las versiones civiles— mayor que las versiones automáticas en posesión del ejército estadounidense.

De modo que ahorrémonos los llamamientos píos a evitar la política. En su lugar, complementemos los pensamientos y las oraciones con pasos concretos, basados en la tediosa compilación de datos, sustentados en las conversaciones difíciles con personas con las que discrepamos, para reducir las muertes por armas de fuego para que las escuelas de primaria no tengan que ser cementerios.
 



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