Editorial
La imparcialidad imposible
Jorge Zepeda Patterson, El País
El primer año de Gobierno de López Obrador se alcanzó un récord en materia de homicidios, 34.582 en 2019. Una razón para que sus adversarios declaren el fracaso de una vez y para siempre de su estrategia de seguridad pública. Del otro lado, es el primero año en que la curva sangrienta da muestras, por fin, de comenzar a estabilizarse, lo cual es interpretado por sus seguidores como un aviso inminente de la inflexión que viene gracias a las estrategias del nuevo Gobierno. Los críticos echan en cara la cifra absoluta e intentan cobrar la factura política de una etiqueta demoledora: el año más violento en la historia de México es el primero del sexenio de López Obrador, “saque usted sus conclusiones”.
Los que lo defienden señalan que cada año del Gobierno de Peña Nieto también fue récord histórico con respecto al anterior (pasó de 17.886 homicidios dolosos en 2015 a 33.743 en 2018, casi el doble en apenas tres años), pero con una diferencia a favor de AMLO: con el presidente priista los aumentos superaban los cinco mil homicidios adicionales cada año, con el nuevo presidente el aumento fue de apenas 800. En otras palabras, afirman ellos, de haber continuado la tendencia, es decir, si el período de Peña Nieto hubiese sido de siete años, en 2019 habríamos llegado a cerca de 40,000 muertos. El caso típico del vaso medio lleno o medio vacío, según quien lo mire.
El tema, como todo lo que tiene que ver con el polémico Gobierno de la llamada Cuarta Transformación, se ha convertido en material inflamable para sostener la interminable hoguera de la polarización. Por desgracia, el asunto tiene consecuencias graves para la vida pública del país.
Dice bien el clásico que la primera víctima en todo conflicto es la verdad, trátese de una guerra, un divorcio o un pleito en tribunales. Las partes involucradas quedan condenadas a envolverse en su propia versión, magnificando los puntos que les favorecen y minimizando o de plano ignorando los ángulos que resultan adversos o debilitan sus certezas. En la práctica una creciente obnubilación para entender la realidad.
Hoy Enrique Quintana, director del diario El Financiero, muestra un caso similar por lo que toca a la producción petrolera. El número de barriles extraídos venía disminuyendo de manera continua desde 2013 y el primer año de López Obrador no fue la excepción pues registra una caída de 7 por ciento, con 131,000 barriles diarios menos. Pero desde mediados del año disminuyeron esas caídas, y en los últimos meses la producción ha comenzado a remontar poco a poco. Este enero creció 5.6 por ciento con respecto al pasado diciembre. “A la cifra que usted va a creerle es a la que se ajuste más a sus preferencias políticas e inclinaciones ideológicas”, señala el columnista.
La prensa adversa reveló la semana pasada que según cifras oficiales las denuncias por tomas clandestinas de combustible han aumentado durante el año; también el decomiso de gasolinas robadas. Citado fuera de contexto el dato parecería indicar que el fenómeno del huachicol, o robo de combustible, ha empeorado contra lo que el Gobierno ha sostenido. No obstante en la misma sesión, la autoridad afirmó que el robo diario había descendido de 80,000 barriles promedio a 5,000, dato que deliberadamente no es mencionado. Como siempre, la realidad parecería ser más compleja que cualquiera de las dos visiones. El Gobierno no ha fracasado en su lucha contra el huachicol y su avance es evidente, pero está muy lejos de haber superado el problema y, en todo caso, está claro que las bandas dedicadas al delito siguen operando.
Prácticamente no hay acción del Gobierno que no esté sujeta a esta polarización esquizofrénica. Loas en círculos oficiales al reparto de pensiones a millones de ancianos a quienes “por vez primera” se les hace justicia; del otro lado, exhibición en ONG y medios antagónicos de casos lastimosos de ineficiencia o desviación, lo cual demostraría el fracaso del programa. Nadie quiere sustraerse a este pleito de medias verdades destinadas a convertirse en sentencias categóricas.
Mala cosa para una sociedad cuando los epítetos sustituyen a los argumentos y la propaganda a los diagnósticos. ¿A quién creer? ¿A los neoliberales conservadores que defienden sus privilegios, según AMLO? ¿O al Gobierno populista decidido a imponer sus mitos, según sus adversarios?
Sospecho que como en los divorcios, las guerras y los tribunales, la verdad se encuentra en algún lugar a mitad del camino. Un medio camino cada vez más difícil de encontrar en la brecha abismal que se ha abierto entre unos y otros.
regina
