Imposiciones y dedazos
En México, todo el presupuesto al poder militar
Ricardo Raphael | The Washington Post
“México carece de servidores públicos honestos, por eso tenemos una alta corrupción”. Esta declaración la hizo el 26 de julio, frente al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina.
Obviamente se refirió a los funcionarios públicos civiles y, para que no quedase duda, subrayó que en las filas castrenses el mando no puede darse el lujo de contar con malos elementos: “Nosotros, desde el general hasta el último soldado, desde el almirante hasta el último marino (…) creamos servidores públicos (honestos) para la sociedad mexicana”.
Destaca en la frase la supuesta superioridad moral del poder militar sobre el poder civil, que es reforzada como argumento en cada ritual político que el jefe del Estado mexicano celebra acompañado de las Fuerzas Armadas.
Para López Obrador el pueblo vestido de verde es más confiable que cualquier otro pueblo, sobre todo aquel que se viste de gris: la burocracia mexicana. Aunque no hay evidencia que permita confirmar tal superioridad, la percepción social refuerza su creencia. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la institución más confiable para la población mexicana es la Marina, con 88% de aprobación; es seguida por el Ejército, con 84%; y detrás de ambas, la Guardia Nacional que, a pesar de su creación reciente, tiene una valoración positiva de 75%.
Aunque correlación no significa en automático causalidad, presupuesto y buena reputación suelen ir de la mano; y ayudan mucho los recursos económicos para conseguir simpatías y popularidad. Ninguna dependencia del gobierno federal ha percibido un incremento sostenido de sus ingresos durante un periodo tan prolongado como estas: entre 2013 y 2018 la Secretaría de la Defensa Nacional obtuvo un aumento del gasto de inversión de 485% y la Secretaría de Marina de 239%.
En esta administración se sumó la Guardia Nacional a la dupla favorecida por los impuestos que pagan los contribuyentes. Si bien en estricto sentido la Guardia está subordinada a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, lo cierto es que la mayoría de su personal fue reclutado y cobra en las Fuerzas Armadas. Esto quiere decir que un incremento en los presupuestos asignados a la Guardia Nacional implica, en realidad, un crecimiento del flujo de recursos asignados por el gobierno al poder militar.
En este contexto es que debe leerse el anuncio realizado por López Obrador frente al almirante Ojeda Durán sobre un incremento de 50,000 millones de pesos (2,500 millones de dólares) en el presupuesto que se asignaría a la Guardia Nacional para 2022. Esto querría decir que para el año próximo la Guardia contará con más de 85,671 millones de pesos, los cuales servirían para pagar la nómina, pero también para la construcción de un total de 500 cuarteles que habrían de estar listos antes de 2024 —cuando termine esta administración—, así como para la edificación de unidades donde habitarían las familias de los efectivos.
Asumiendo que al menos dos tercios del pago de la nómina de la Guardia, así como la edificación tanto de cuarteles como de vivienda son actividades desempeñadas por las Fuerzas Armadas, la mayor parte de este incremento presupuestal terminará beneficiando a las arcas militares.
La comparación anual de este incremento presupuestal durante la actual administración es notable, sobre todo porque ninguna otra institución ha sido tratada con un privilegio similar. En 2020 la Guardia Nacional obtuvo un presupuesto de 29,286 millones, en 2021 de 35,671 millones y, para 2022, tocará un techo de mas de 85,671 millones.
Estos números contrastan con el presupuesto decreciente entregado por la Federación a otras dependencias que deberían ser consideradas igual de importantes para asegurar la paz del país. Consistente con el argumento de la superioridad moral militar o, más precisamente, con la inferioridad civil, destaca el desinterés del gobierno por otros funcionarios como los ministerios públicos, los jueces o los custodios, cuya tarea es tanto o más importante para pacificar al país, por la vía legal, que la de los soldados o los policías.
De acuerdo con el Índice Global de Impunidad 2018, por cada 1,000 delitos cometidos en México la procuración de justicia cuenta únicamente con cinco agentes del Ministerio Público para resolverlos.
Igual de preocupante es el número de jueces disponibles. Esta misma fuente calcula que el país tiene, en promedio, 2.17 jueces por cada 100,000 habitantes. El promedio internacional es de 17.8 juzgadores. Una austeridad excesiva similar afecta a las prisiones, donde el número de personas responsables de la custodia de las personas privadas de la libertad es tan limitado que, con frecuencia, son los individuos recluidos quienes realmente administran las cárceles mexicanas.
El argumento de la superioridad moral militar ha conducido a una superioridad presupuestal tan asimétrica que afecta severamente a las dependencias civiles, la cuales también son parte central para la provisión de paz y legalidad en el país. Se trata de un ciclo vicioso que merece revisarse a la luz de la pugna política entre los poderes civil y militar que, por lo pronto, se expresa en el terreno de los dineros públicos, pero no solamente ahí.
aranza
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