Imposiciones y dedazos

Los riesgos de mantener al negacionista Bolsonaro como presidente

2022-05-23

Diez días después, una Nota Técnica del Ministerio de la Mujer, la Familia y...

Por Conrado Hübner Mendes, Mariana Celano de Souza Amaral y Marina Slhessarenko Barreto 

Washington Post | La elección como presidente de Jair Bolsonaro, en 2018, puso fin al ciclo más largo de estabilidad democrática en la historia de Brasil, que había comenzado con la Constitución de 1988. Bolsonaro, quien se opone al aborto legal y es partidario de la dictadura militar, contó con el apoyo de grupos evangélicos, poderosos actores del agronegocio y representantes del mercado financiero para ser elegido presidente. En cuanto asumió el cargo, en 2019, su gobierno confirmó su identidad de extrema derecha.

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Este año, el 2 de octubre, Brasil volverá a elegir presidente. Bolsonaro planea la reelección y se enfrentará al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. Pero incluso si Bolsonaro es derrotado, la deconstrucción de su legado seguirá siendo el desafío para toda una generación.

Cuando tomó el poder no fue una sorpresa su política de seguridad basada en la violencia policial y la expansión de la tenencia y portación de armas para la población civil. Tampoco los ataques a minorías como los grupos LGBT+. Las estrategias que componen la agenda autoritaria del gobierno, como mermar la competencia y credibilidad de los demás poderes de la República, son muchas. Pero una de ellas ha cobrado especial resonancia tras dos años de pandemia y más de 656,000 muertos: el negacionismo.

Invertir en la fabricación de la duda y la negación para desestabilizar el consenso democrático no es una práctica nueva. En el libro Mercaderes de la duda, Naomi Oreskes y Erik Conway muestran cómo la industria tabacalera estadounidense fue la precursora en la década de 1980. Bolsonaro y sus movimientos afines se han nutrido de desvirtuar el papel de la ciencia —no solo las “ciencias duras”, sino también las sociales y la historiografía— para generar una falta de confianza generalizada, incluida en las instituciones democráticas.

Desde el primer día en el poder, Bolsonaro ha avivado las ideas autoritarias que llevaban décadas latentes en Brasil. Su gobierno ha celebrado durante tres años el día del golpe de Estado que inauguró la dictadura militar brasileña (1964-85) y el propio presidente y sus ministros han criticado el trabajo de la Comisión Nacional de la Verdad.

Con ello, niegan la historia reciente y también los problemas de larga data del país. Sergio Camargo, presidente hasta marzo de 2022 de la Fundación Palmares, una institución pública que supuestamente combate la discriminación racial, negó permanentemente la existencia del racismo y ha dicho que los esclavos tenían una vida privilegiada. Bolsonaro ha ignorado la discriminación religiosa que sufren los practicantes de las religiones africanas al denunciar la supuesta “cristofobia” que sufren los cristianos, que están lejos de formar parte de una minoría religiosa.

El presidente también ha mostrado su reverencia al negacionismo climático destituyendo al presidente y coordinador del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Inpe), uno de los principales centros de monitoreo de la deforestación en el país, después de la publicación de datos alarmantes sobre el ritmo de deforestación en la Amazonía en 2019. Para desenmascarar la “psicosis ambiental”, el Ministerio de Defensa liberó fondos para la adquisición de un nuevo satélite que recabara otros datos y la Policía Federal acusó al Inpe de generar información errónea sobre la deforestación en el país.

Como un hombre al que le molestan los hechos, tampoco sorprende que las críticas y ataques a la prensa hayan sido innumerables. Cuatro días después de su toma de posesión, por ejemplo, Bolsonaro dijo que “los sectores mediáticos inventan mentiras las 24 horas del día”. Desde entonces, ha calificado a la prensa de “cloaca”, “basura” o “periodismo prostituido''.

La pandemia ha sido especialmente devastadora para los brasileños. Desde enero del año pasado, el país superó la marca de las 1,000 muertes por millón de habitantes a causa del COVID-19. Brasil es el segundo país latinoamericano donde ha sido más letal, solo superado por Perú. En la crisis sanitaria han quedado expuestas las diferentes caras de la política de Bolsonaro: el negacionismo no solo se trata de negar fenómenos, implica también afirmar otros.

En marzo de 2020, Bolsonaro afirmó que el virus no era más que una “gripecita”. Desde un principio se negó a decretar las medidas restrictivas de circulación recomendadas por las autoridades sanitarias, lanzó una campaña publicitaria con el lema “Brasil no puede parar” y atacó a los gobernadores estatales que optaron por establecer el distanciamiento social.

Bolsonaro también ha criticado abiertamente la eficacia de las vacunas, ha retrasado su distribución y se opone a que sean obligatorias. Vetó el uso de mascarillas en las cárceles y estableció que los salones de belleza serían servicios esenciales durante la pandemia. Además, el gobierno federal no logró producir datos sobre el número de infecciones y muertes por la enfermedad en varias ocasiones, lo que llevó a la prensa a formar un consorcio para monitorear esos datos.

El presidente, la Secretaría de Salud y otros miembros del gobierno federal, por el contrario, alientan el uso de medicamentos sin eficacia comprobada como la hidroxicloroquina y la proxalutamida en el tratamiento de la enfermedad. En enero de 2022, la Secretaría de Ciencia, Tecnología, Innovación e Insumos Estratégicos en Salud señaló que, a diferencia de las vacunas, la hidroxicloroquina habría demostrado efectividad y seguridad en estudios controlados y experimentales. Diez días después, una Nota Técnica del Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos puso a disposición un servicio público para quienes se sientan discriminados por no vacunarse.

A pesar de este esfuerzo coordinado y de la estrategia política del gobierno federal, cerca de 74% de la población brasileña está completamente inmunizada. Esto ha sido gracias al Programa Nacional de Inmunización, puesto en marcha en los últimos tres años por miles de profesionales en todo el país.

La acumulación de actos autoritarios en el gobierno federal ha encontrado resistencia, incluso en la esfera burocrática. Pero su obra está viva y es profunda y corrosiva. Aunque individualmente sus acciones pueden parecer descoordinadas y ambivalentes, en su conjunto no dejan lugar a dudas sobre una estrategia para socavar la institucionalidad democrática, tal como la mapea la Agenda de Emergencia del Centro de Análisis de la Libertad y el Autoritarismo (LAUT).

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El proceso electoral brasileño presenta un escenario de gran riesgo e incertidumbre. Bolsonaro ha intensificado su discurso contra las urnas electrónicas y ha señalado que existe la posibilidad de que no respete una eventual derrota. La posibilidad de una ruptura democrática, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, ya se percibe como real.

También es preocupante la posibilidad de que Bolsonaro revierta la desventaja que presenta actualmente en las encuestas y sea reelegido. Bolsonaro no dudará en utilizar el ancla electoral para acelerar su estrategia radical de destripar la capacidad del Estado en Brasil, con todas las graves consecuencias para el desarrollo social, político y económico del país.



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