Pura Demagogia

‘Doble discurso’ en guerra de López Obrador contra la corrupción; expulsa a sus oponentes y protege a sus aliados

2019-11-19

Meses antes, el juez había negado las acusaciones de que había transferido grandes...

Por Jude Webber, El Finaciero

Al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se le ha acusado de utilizar su guerra pública contra la corrupción para expulsar a sus oponentes mientras ignora el comportamiento cuestionable de sus aliados.

El último incidente sucedió el mes pasado, cuando Eduardo Medina Mora, exprocurador general y secretario de Seguridad, renunció como juez de la Corte Suprema. López Obrador dijo que Medina Mora había renunciado para enfocarse en una investigación sobre transacciones financieras presuntamente sospechosas.

Meses antes, el juez había negado las acusaciones de que había transferido grandes sumas de dinero que no coincidían con sus ingresos a cuentas bancarias internacionales a su nombre.

Pero cuando más tarde se supo que sus cuentas bancarias habían sido congeladas justo antes de renunciar, y descongeladas inmediatamente después de su renuncia, el gobierno enfrentó acusaciones de que estaba manipulando la investigación para expulsar a un oponente político. Medina Mora, quien fue designado a la corte por el predecesor del presidente, Enrique Peña Nieto, del PRI, el partido que se mantuvo en el poder varias décadas, y fungió como secretario bajo el gobierno del PAN, un partido de derecha, niega haber cometido acto ilegal alguno.

Muchos consideraron que el destino de Medina Mora contrastaba con el trato que se le dio a Manuel Bartlett, director de la compañía estatal de electricidad CFE y uno de los principales aliados del presidente. Enfrentó sólo una investigación administrativa después de que una investigación de los medios reveló una serie de propiedades y compañías vinculadas a él y su familia que había omitido de su declaración oficial de ingresos.

López Obrador ha desestimado las acusaciones de los medios contra Bartlett, quien ha negado haber cometido ilegalidad alguna, como “un intento de manchar el nuevo gobierno”. El director de la CFE dijo que las propiedades y empresas vinculadas a Julia Abdala, su compañera durante más de 20 años, no eran relevantes para su declaración porque “no tengo esposa ni concubina”.

Medina Mora y Bartlett no son las únicas figuras públicas que han enfrentado escrutinio.

Carlos Romero Deschamps renunció en octubre después de casi tres décadas como poderoso jefe sindical de Pemex, la compañía petrolera estatal de México, después de ser investigado por presunta corrupción. La investigación se produce en momentos en que López Obrador dice que está intentando hacer que los sindicatos mexicanos sean más transparentes y responsables. Romero Deschamps niega las acusaciones.

En cambio, no ha habido ninguna investigación sobre Yeidckol Polevnsky, presidenta de Morena, el partido gobernante, sobre una considerable condonación de impuestos que se le otorgó y que, según dijo, fue el resultado de un error de su contador.

En otro caso, Jorge Camero, un juez que había confirmado la impugnación legal contra el nuevo proyecto planeado de López Obrador del aeropuerto de Ciudad de México — diseñado para reemplazar un aeropuerto parcialmente construido de 13 mil millones de dólares que el presidente ha descartado — fue sometido a investigación por presunta corrupción y suspendido de su cargo por seis meses.

Con el juez suspendido, en cuestión de días se denegaron los mandamientos judiciales restantes, lo cual le permitió al gobierno continuar con el proyecto.

“Hay un doble rasero: un cierto comportamiento contra sus oponentes y uno muy diferente hacia sus aliados”, dijo Marco Fernández, de la universidad Tec de Monterrey.

Las acusaciones de corrupción han sido un lastre para México durante mucho tiempo. De hecho, la profunda ira pública en contra de la descontrolada corrupción impulsó a López Obrador al poder en las elecciones del año pasado. Él dice que ha cumplido con su prioridad número uno al negarse a tolerar la corrupción gubernamental y al convertir a los delitos de corrupción en delitos graves que conllevan detención automática previo al juicio. Los opositores dicen que es difícil medir su éxito hasta el momento.

Graciela Márquez, secretaria de Economía, dijo recientemente en una conferencia que en una escala del 1 al 10 le daba a López Obrador una calificación de 10 por su progreso y afirmó que “se ha erradicado la corrupción en el gobierno federal”. La afirmación provocó carcajadas de incredulidad en el público presente.


 



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