Summum de la Justicia

Al margen de la ley

2019-03-13

En mayo de 2011, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley General...

Por Ximena Covarrubias Faure | Revista Siempre

Las leyes están hechas para que se cumplan. Tan es así que en nuestra identidad nacional democrática, caracterizada por la división de poderes, uno de ellos existe dedicado enteramente a su cumplimiento.

En mayo de 2011, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad. Una legislación que busca adoptar y enriquecer lo establecido por Naciones Unidas y signado por nuestro país en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Si bien esta ley general tiene muchas vertientes, el eje rector es el mismo que el del artículo primero de nuestra Constitución: los derechos humanos.

Para lograr esta inclusión de personas con discapacidad (PcD) que marca el mismo título de la ley, existen dos palabras clave, palabras que rigen la vida de nuestro país, la moldean y mejoran si son aplicadas correctamente: políticas públicas. Estas, como toda acción humana, se rigen por principios, los cuales —según estipula la misma legislación— son los de equidad, justicia social, igualdad de oportunidades y transversalidad.

Aquí, transversalidad es la palabra primordial. La ley general en cuestión la define como: “El proceso mediante el cual se instrumentan las políticas, programas y acciones, desarrollados por las dependencias y entidades de la administración pública, que proveen bienes y servicios a la población con discapacidad con un propósito común, y basados en tres dimensiones: vertical, horizontal y de fondo” (Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad. Definición XXXIV).

    En estos cien primeros días se han descuidado varios grupos prioritarios: los niños con las estancias infantiles, las personas de tercera edad con el cuestionamiento de la existencia del Inapam y la situación de las PcD con la existencia del Conadis.

Están por cumplirse los primeros cien días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, número que marca paso a cómo será el resto del sexenio. Las prioridades ya se señalaron y se denotan en las acciones inmediatas, aquí se distingue lo esencial de lo secundario. Por desgracia para todos, hay prioridades que pasaron a segundo plano, entre ellas los grupos que llevan esa misma palabra en su nombre: los grupos de atención prioritaria.

La diversidad de personas que entra en la clasificación de atención prioritaria tiene la característica de que, de descuidarse, pasan a ser grupos en situación de vulnerabilidad, es decir, que se encuentran en condición de riesgo, lo que les impide incorporarse al desarrollo y acceder a mejores condiciones de bienestar.

En estos cien primeros días se han descuidado varios grupos: los niños con el tema de las estancias infantiles, las personas de tercera edad con el cuestionamiento de la existencia del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) y la misma situación para las PcD con la existencia del Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis). El gobierno argumenta lo mismo en las tres situaciones: “Habrá asignaciones monetarias directas. Pensiones que se entregarán en tarjetas a las personas”.

No obstante, si retomamos la obligatoriedad que caracteriza a toda legislación, la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad está siendo violada en tres artículos principales:

    Artículo 49. El Director General será designado por el presidente de la República.

    Artículo 6, Establecer y aplicar las políticas públicas a través de las dependencias y entidades del Gobierno Federal, que garanticen la equidad e igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad.

    Artículo 39. El Consejo (Conadis) tiene por objeto el establecimiento de la política pública para las personas con discapacidad.

Es una cadena. Si el presidente no designa un titular y desaparece el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad, ¿en dónde quedan las políticas públicas justas y transversales?

El dinero no compensa todas las políticas públicas que se van a dejar de hacer y el regreso a la vulnerabilidad de los grupos que solían ser prioritarios.



regina