Summum de la Justicia

Justicia del Poder

2019-10-16

La impaciencia desbordada y el pragmatismo de Andrés Manuel López Obrador, lo han...

Por José Campillo García | Revista Siempre

“¡Alto, los valientes no asesinan!…”: Guillermo Prieto

Recientemente se ha suscitado un sobresalto político en ocasión de numerosos amparos que han sido promovidos para evitar la presunta violación de diversas normas jurídicas, a raíz de la contrucción del aeropuerto de Santa Lucía y otras obras emblemáticas del actual gobierno. La impaciencia desbordada y el pragmatismo de Andrés Manuel López Obrador, lo han llevado a declarar (omito citas textuales) que la ley está siendo usada de manera tramposa, por intereses oscuros, conservadores y retrógrados. En su desesperación, AMLO ha afirmado que la justicia está por encima de la ley y que, en todo caso, él opta por la primera, aunque para ello tenga que invocar “la razón de Estado”. Ello supone que será el Ejecutivo quien, de ser ser necesario, dirá lo que es justo, aunque la ley diga lo contrario.

Tales afirmaciones, de suyo inquietantes, me parecen un extravío en la concepción del Estado, la justicia, la ley y de la democracia misma. Cuando uno piensa en el poder de la justicia, se piensa en en un Estado de derecho, en una impartición pronta y expedita de justicia, en la seguridad y la certeza jurídicas, en “darle a cada quien los suyo”, según la definición de Justiniano. La justicia es un concepto complejo y abstracto que acepta diversas definiciones, que a la postre, y no obstante, nos dejan una noción de “lo justo”. En la práctica, en cambio, al común de los mortales nos es más fácil percibir en cada caso concreto lo que es un hecho justo al que no lo es. En algún momento, sin embargo, tendremos la necesidad de que “alguien” decida si un hecho es justo y si está sustentado en una ley que lo haga obligatorio y tenga consecuencias jurídicas. Ese “alguien, en toda democracia moderna, deberá ser un juez o un grupo colegiado de jueces.

Desde mi punto de vista, el poder de la justicia está basado en tres pilares: en leyes que por su contenido efectivamente promueven la justicia (responsabilidad de los legisladores); en jueces probos, capaces e independientes (responsabilidad del Poder Judicial); y, en la convicción de los gobernantes de cumplir y hacer cumplir las leyes y las sentencias que en su trabajo de interpretación de éstas hagan los tribunales legalmente constituidos (responsabilidad del Poder ejecutivo). De la robustez de estos tres pilares dependerá el poder de la justicia, donde todo se le debe a la Ley, y nada a los hombres.

Por otro lado, si hablamos de la “justicia del poder” -al contario del poder de la justicia–, las cosas cambian radicalmente, porque quien detenta el poder puede decir lo que es justo o injusto, lo que es legal o ilegal, invocando la mayoría de la veces “la razón de Estado”. El giro Razón de Estado –nos dice Jesús Castañón, en el prólogo al ensayo de Jesús Reyes Heróles cuando recibió el doctorado honoris causa en la Universidad de Alcalá de Henares (mayo de 1981)– “la acción requiere de razón, máxime la acción política, que es acción que afecta a todos”. El poder político, afirma Castañón, para ser tal o el que dimana de los muchos, de la muchedumbre o de la multitud, (debe) llevar el sello de la legitimidad, que se contrapone a la acción arbitraria de quien se ha apropiado de los instrumentos de poder.

Reyes Heroles, por su parte, en su ensayo titulado En busca de la Razón de Estado, nos dice que si  se desvirtúa este concepto, se convierte en medio de dogma religioso, en razón dinástica, de grupo en el poder, de clase, o razón de partido. “De esta manera –nos dice– se despoja al Estado de una razón que sólo a él concierne”. Rechaza, por tanto, invocar esta razón como pretexto para apartarse de la ley o de la moral y, en la mayoría de los casos, son resultado del intento de justificar lo fáctico, lo ocurrido. Y de aquí –me permito señalar–, el riesgo de trocar el poder de la justicia, por la justicia del poder.

El autor de El liberalismo mexicano, acude a la feliz frase de Lord Acton: “El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”. Acton percibe a las claras el fariseísmo de juzgar a un corrupto “amigo” de uno que no lo es, al juzgar al papa o al rey de manera distinta (caso Bartlett, Mireles, Salmerón), a como se juzga a los demás, partiendo de la presunción de que “no se equivocan”. Siendo un pensador de finales del siglo XIX, Acton aparece con una actualidad deslumbrante al afirmar: “No hay peor heregía que la que dice que el cargo santifica al que lo tiene, riesgo que aumenta -dice- conforme el poder se ensancha”. No condena, por cierto, a quien pretende cambiar la historia, pero bien advierte que “la responsabilidad histórica se incrementa con la responsabilidad legal”.

Al caso viene recordar que el Presidente Juárez fue un devoto de la ley; si bien en algún momento hubo de prolongar su mandato por la situación de guerra que se vivía, su argumento para ello estuvo basado en la correcta interpretación de la “razón de Estado”, ya que el fin era preservar al Estado mismo. Coincido con quienes afirman que Juárez fue el verdadero creador del Estado Mexicano: hubo de defenderlo en su proceso de creación y (retomo a Acton) asumió su responsabilidad histórica, junto con su responsablidad legal. Al sobrevivir a su inminente ejecución en 1858, le permitió concluir su tarea al derrotar al Imperio y ejecutar al ingenuo Maximiliano de Habsburgo. Su vocación fue imponer el poder de la justicia dentro del marco de la ley. Fue el poder de la justicia, y no la justicia del poder, lo que lo llevó a concretar su hazaña.

Y no podria haber sido de otra forma. Cuando advierto que un funcionario público declara que “el asesinato del empresario Eugenio Garza Sada fue cometido por un comando de valientes”, y que apenas conmovió a AMLO, no me hace sino recordar la frase de Guillermo Prieto, quien salvó la vida del Presidente Juárez al decir enérgicamente: “¡Alto, los valientes no asesinan!”. Si la lógica de la justicia por la vía del poder (en ese momento en manos de los conservadores) hubiera prevalecido, Juárez hubiera sido asesinado. Como la lógica fue otra, el Benemérito vivió para cumplir su cometido, y, hoy, probablemente, Garza Sada también estaría vivo.

Las lecciones de la historia, tal parece, nos invitan a sumarnos al coro: todo dentro de la Ley, nada fuera de ella.



Jamileth