Tras Bambalinas
Estados Unidos y la cúpula militar mexicana
Jorge Luis Sierra | El País
La detención del general Salvador Cienfuegos Zepeda en un aeropuerto de Estados Unidos y el arraigo posterior en una corte federal estadounidense, es un hito histórico pues representa nada menos que el sometimiento de un exsecretario de la Defensa Nacional de México, presuntamente responsable de colusión con narcotraficantes, a la justicia estadounidense.
Hasta el jueves pasado, un patrón consistente parecía inalterable en las relaciones México- Estados Unidos: las agencias de seguridad estadounidenses reportaban que la cúpula militar mexicana estaba infectada con el dinero del narcotráfico, mientras el Gobierno mexicano negaba las acusaciones, sostenía un intercambio breve de declaraciones semi hostiles, pero luego regresaba a la impunidad tradicional de los generales señalados.
Ese patrón tenía décadas. En 1988, tres años después de que el narcotraficante Rafael Caro Quintero fue señalado como responsable de asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar, otro agente, Leonard Williams, presentó un affidavit ante la corte federal de Arizona con información de que el entonces secretario de la Defensa Nacional de México Juan Arévalo Gardoqui había recibido 10 millones de dólares de Caro Quintero para proteger sus cultivos de marihuana y amapola en Chihuahua. El mismo affidavit decía que esa organización criminal también tenía en su nómina a Samuel Ocaña García, entonces gobernador del Estado de Sonora.
La agencia Associated Press registró en ese momento la respuesta clásica de los funcionarios públicos mexicanos señalados por la DEA: declararse inocentes, hacer caso omiso de las versiones estadounidenses, ampararse en el hermetismo del Ejército y, sobre todo, nunca atreverse a cruzar la frontera con Estados Unidos. Eso hizo el general Arévalo Gardoqui y también por su parte el entonces gobernador Ocaña García.
Ese patrón de acusación-negación entre Estados Unidos y México se reprodujo en 1997 cuando un reporte de la DEA, entregado a la procuradora estadounidense Janet Reno, narraba la reunión de jefes del Ejército mexicano con el narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, según publicó una nota de Tim Golden, entonces corresponsal del New York Times en México. El general Tomás Ángeles Dauahare, entonces ayudante particular del general secretario Enrique Cervantes Aguirre, dijo al New York Times que la versión publicada era “falsa”. El Departamento de Justicia no hizo nada más, los nombres en la lista siguieron en secreto, y ningún militar involucrado en la reunión fue destituido o investigado.
La situación para los generales mexicanos empezó a cambiar cuando otra publicación del New York Times en 2012 alteró el proceso de transición del Gobierno saliente de Felipe Calderón Hinojosa al entrante de Enrique Peña Nieto. Según una nota de Ginger Thompson, entonces reportera de ese diario, uno de los jefes militares que habían participado en la reunión con Amado Carrillo Fuentes, el jefe del Cártel de Juárez, en 1997, se llamaba Moisés Augusto García Ochoa, más tarde general de división y aspirante a convertirse en el nuevo secretario de la Defensa Nacional con Peña Nieto.
Según la nota de Thompson, el entonces embajador estadounidense Anthony Wayne externó su preocupación al equipo de transición del presidente electo Peña Nieto. La embajada estadounidense desmintió al New York Times, García Ochoa no fue arrestado ni pasado a retiro, pero tampoco cumplió con su aspiración de convertirse en el líder máximo de la cúpula militar. Fue el general de división Salvador Cienfuegos Zepeda quien recibió el cargo de secretario de la Defensa Nacional y jefe de las Fuerzas Armadas.
En un mensaje implícito al Gobierno estadounidense, el general Cienfuegos, lejos de pasar a retiro o investigar al general García Ochoa, lo nombró comandante de la XI Región Militar en Torreón, Coahuila, una zona afectada por la confrontación entre dos organizaciones criminales: Los Zetas y el Cártel de Sinaloa. Cienfuegos también recuperó al general Dauahare, acusado de narcotráfico en mayo de 2012 y liberado sin cargos en abril de 2013, cuando se convirtió en asesor del nuevo secretario de la Defensa.
Vista la impunidad o la omisión de los gobernantes mexicanos, la única opción viable para la DEA, era esperar a que uno de los generales que investigaba secretamente cruzara la frontera y, entonces sí, detenerlo, acusarlo de narcotráfico y ponerlo ante una corte federal.
Entonces ocurrió lo inesperado. El general Cienfuegos, ya en retiro, arribó al aeropuerto internacional de Los Ángeles, en un vuelo procedente de la ciudad de México el jueves pasado. Ahí mismo fue arrestado. Ginger Thompson, ahora reportera de Investigación de Propublica, una organización sin fines de lucro estadounidense, dio la primicia en su cuenta de Twitter, antes de que el actual embajador Christopher Landau le anunciara públicamente al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.
El patrón ha cambiado porque el actual Gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha salido en defensa de la presunta inocencia del general Cienfuegos. La cúpula militar ha guardado silencio y todo apunta a que el exsecretario de la Defensa Nacional escuchará los cargos y será llevado a un centro de detención federal en Nueva York.
Jamileth
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