Vuelta al Mundo

Bolivia: no nos entienden

2020-10-22

El MAS, con el binomio de Luis Arce y David Choquehuanca, obtuvo alrededor del 55% de los votos y...

Por MANUEL CANELAS | El País

Durante la crisis poselectoral del año pasado en Bolivia la senadora electa Silvia Salame, miembro del partido de Carlos Mesa, Comunidad Ciudadana (CC), el 8 de noviembre declaró, ante los pedidos de renuncia de Evo Morales, que “no se puede pedir derrocar al presidente" y que “ese tipo de soluciones están al margen de la ley”. Salame es, además, exmagistrada del Tribunal Constitucional. El 10 de noviembre la cúpula militar “sugirió” a Morales su renuncia. Sobre este hecho, incluso la excanciller del Gobierno de Mauricio Macri, Susana Malcorra, declaró: “En Bolivia hubo un golpe de Estado, no es una cuestión debatible”.

Sin embargo, Carlos Mesa, el líder cívico Luis Fernando Camacho y el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, construyeron el relato de que “no hubo golpe, hubo fraude”. Procuraron obviar la intervención de los militares - aunque Camacho reconoció públicamente que habían pagado a algunos soldados y policías “patrióticos”- y pusieron el acento en el supuesto fraude en las elecciones de octubre. En ellas el Movimiento al Socialismo (MAS) obtuvo poco más del 10% de ventaja respecto a CC (el 47,08% de los votos frente al 36,51%). Esta diferencia daba por ganador en primera vuelta a Evo Morales. Para sostener la acusación de fraude fue fundamental el “informe” de la OEA: unas pocas páginas inconsistentes compartidas en un tuit en la madrugada del 10 de noviembre y en lugar de hacerlo, como se había establecido en acuerdo con el Estado, durante la siguiente semana y, por supuesto, no de madrugada.

La consolidación del golpe vino acompañada de la receta clásica: violación de los derechos humanos. Durante esos días periodistas y organismos de derechos humanos, sobre todo extranjeros, procuraron contar y denunciar lo que ocurría. Entonces los sectores conservadores encontraron su consigna: “No nos entienden”. Sostenían que argentinos, mexicanos, españoles, etcétera, no sabían lo que había sufrido el país durante los “14 años de dictadura de Morales”. No pocos de los políticos que decían esto habían tenido una relación cordial cuando no estrecha con el MAS en distintos años. Pasaron las semanas y los meses y la lista de los que no les entendían crecía: la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH); la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet; José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch; el Relator de la ONU sobre independencia de magistrados y abogados; The Washington Post; el relator para la libertad de expresión de la OEA; el senador demócrata y excandidato vicepresidencial de Hillary Clinton Tim Kaine; el ex secretario general de la OEA José Miguel Insulza, etc.

La lista siguió creciendo hasta que el domingo pasado se abrieron las urnas y fue entonces cuando se vio que los que en realidad no entienden el país son los sectores conservadores que aseguraban durante meses que el 70% de los bolivianos no quería el retorno del MAS al poder. El principal candidato de la derecha, nuevamente, Carlos Mesa dedicó la mayor parte de su campaña a dar garantías de su antimasismo repitiendo que él había denunciado “el fraude monumental, gigantesco”. Ya es raro que, habiendo pasado un año, y como jefe de un partido con delegados en las mesas de votación, no haya ni precisado el dato de ese “monumental fraude” ni enseñado las miles de actas fraudulentas que lo prueben.

El MAS, con el binomio de Luis Arce y David Choquehuanca, obtuvo alrededor del 55% de los votos y Carlos Mesa y Gustavo Pedraza poco menos del 30%. Podemos decir entonces, con datos y con actas, que la que sí es monumental y gigantesca es la diferencia entre Arce y Mesa. ¿Quién no entiende a quién? Guiándonos por los resultados parece que son los opositores al MAS los que tienen una profunda dificultad de entender el país si esto quiere decir representar las aspiraciones de la mayoría de los bolivianos y no limitarse a un sector, a una región o a un momento políticamente mal leído. Ahora mismo hay una competencia en la distribución de las culpas en la derecha nacional. Falló la estrategia de Mesa, conservadora, que no se acercó a sectores populares; o fue culpa de la gestión gubernamental de Jeanine Áñez que mostró a los bolivianos que el pasado fue mejor; o que Camacho haya mantenido su candidatura, ampliamente respaldada en Santa Cruz, pero débil en el resto del país.

Luego de este año, la necesidad de recuperar un orden estable que permita poder avanzar y proyectar un futuro razonable para el país es más urgente. Arce y Choquehuanca han logrado representar esa esperanza. Arce, en su condición de exministro de Economía, recuerda los años de mayor crecimiento y redistribución, de oportunidades, además de que en la campaña se mostró como alguien cercano, lo mismo con casco entre mineros que en una feria comercial popular. Choquehuanca, excanciller y hombre con gran reconocimiento entre los indígenas, fue quien expresó las reflexiones críticas sobre lo hecho estos últimos años. No hay que llamarse a engaño: la contundente victoria del MAS no quiere decir simplemente retomar el proceso de cambio. Hay cosas que no se hicieron bien, hay sectores y colectivos que fueron sintiéndose al margen de las decisiones y sus consecuencias. Es un nuevo momento dentro de un proceso, hay nuevas demandas, nuevas preguntas que no pueden ser respondidas con las mismas fórmulas por mucho que éstas hayan dado resultado en el pasado. El reto es enorme, este año ha dejado exhausto al país. Pero la gran mayoría ha confiado nuevamente en el MAS. Seguro que gran parte de la gente que no votó por Arce este domingo espera un Gobierno para todos, porque sabe que de la derecha poco bueno queda esperar, al menos por un tiempo, hasta que se entiendan y entiendan mejor al país que aspiran gobernar.

 

 



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