Editorial

Es hora de acabar con la verdad oficial en México

2020-08-12

Cuando matan a un periodista en el país —antes de investigar— el gobierno se...

Por Sebastián Salamanca | The New York Times

CIUDAD DE MÉXICO — El 31 de julio hace cinco años fueron asesinadas cinco personas en Ciudad de México. Entre ellas el fotorreportero Rubén Espinosa y la defensora de derechos humanos Nadia Vera. Ambos habían llegado a la ciudad huyendo de amenazas del gobierno de Javier Duarte en Veracruz. Los mataron en un departamento en la colonia Narvarte.

Desde entonces y al igual que en varios casos de periodistas y activistas asesinados en México, el Estado promovió una verdad oficial: “No fue un ataque contra Rubén”, dijo el entonces procurador de Ciudad de México Rodolfo Ríos Garza unos días después del crimen. Aquí hay un patrón que se repite: cuando matan a un periodista en el país —antes de investigar— el gobierno se encarga de explicar a la opinión pública que no hubo relación entre el crimen y el oficio periodístico.

Hoy en día la Procuraduría ya no existe y desde enero de 2020 cambió su nombre a Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Esta institución pregona ser más moderna y garantista que su antecesora. Su titular, Ernestina Godoy, viene del movimiento social y se reunió en su momento con familiares del caso Narvarte prometiendo avances. Pero estos no han llegado.

Después de años de exigencia de las familias fue hasta el año pasado que la Fiscalía aprobó por fin un plan de investigación con dos líneas. Una referente a la trata de personas y la otra que apunta al poder político en Veracruz. En ambas líneas estarían involucradas poderosas estructuras del crimen organizado. Por lo que Ernestina Godoy necesitará más que su buena voluntad para resolver el crimen. Debe pasar de la vieja práctica de construir verdades oficiales a cumplir con su tarea de identificar a toda la cadena criminal (y estatal, de ser el caso) responsable.

Y sobre todo tiene que eliminar la mala costumbre de desconocer que, muchas veces, a los periodistas los matan por ejercer su oficio. Más aún en México. El país sigue siendo uno de los más peligrosos para ser periodista y el número de asesinatos y agresiones contra informadores sigue en aumento. El año pasado, Artículo 19 —la organización independiente dedicada a la libertad de expresión en la que trabajo y representa legalmente a la familia de Espinosa— registró el mayor número de ataques contra comunicadores en una década: diez periodistas fueron asesinados y un comunicador fue agredido cada 15 horas.

Por eso el caso de la Narvarte no puede quedar impune.

Aquel 31 de julio, Rubén estaba de visita en casa de su amiga Nadia. En el departamento también se encontraban tres personas más: Yesenia Quiroz y Mile Martín, quienes también vivían ahí, y Alejandra Negrete, quien estaba trabajando en labores del hogar. Aproximadamente a la una de la tarde, un grupo de hombres entraron al departamento. Los vecinos no escucharon nada, pero de acuerdo con el expediente, algunas víctimas fueron torturadas.

A partir de entonces, la Procuraduría empezó una operación de promoción de la verdad estatal. Ríos Garza se reunió en secreto con algunos periodistas y, según fuentes que pidieron no ser identificadas que hablaron con Artículo 19, les pidió que “le bajaran” el tono al caso. Después de ese encuentro, a algunos medios llegaron sobres sellados con información cuidadosamente seleccionada del expediente y estos publicaron notas que afirmaban que los asesinos conocían a Mile Martín previamente, que hubo drogas y que los atacantes huyeron del departamento con una maleta.

Los encargados de investigar crímenes en todo México han actuado así antes. Cuando la periodista Regina Martínez —quien denunció nexos del narcotráfico con políticos de Veracruz— fue asesinada en su casa en 2012, la Procuraduría de Veracruz filtró la versión de que fue un “crimen pasional”. En enero de 2019, cuando la Fiscalía de Baja California Sur anunció el hallazgo del cuerpo sin vida del periodista Rafael Murúa, afirmó que también encontró marihuana. Ambos habían recibido amenazas previas por su trabajo. Un mes después del asesinato de Murúa, fue asesinado Samir Flores, periodista comunitario y opositor de la construcción de la termoeléctrica de Morelos. Unas horas después de los hechos, la Fiscalía de ese estado hizo una rueda de prensa donde descartó cualquier relación con su oficio y, de manera escueta, dijo que fue un tema de crimen organizado.

Pero, en el caso de la Narvarte, la Procuraduría fue más allá de descartar a priori que fuera una retaliación por el trabajo de Rubén y Nadia. Aquí la Fiscalía difundió una verdad oficial con tonos de nota roja: unos jóvenes que a lo mejor andaban en malos pasos terminaron siendo casi culpables de su propia muerte.

Esta verdad oficial se basó en testimonios de unos supuestos autores materiales detenidos pero cuyas declaraciones no fueron consistentes en cuanto al número de atacantes, sus motivaciones, ni sus afirmaciones sobre el supuesto consumo de narcóticos por parte de las víctimas. Uno de los procesados afirmó que la Procuraduría lo había torturado para obtener esa declaración.

Además, las autoridades actuaron como si no supieran que Rubén y Nadia venían huyendo de Javier Duarte, quien actualmente está condenado por corrupción pero aún tiene cuentas pendientes por posibles casos de violación a los derechos humanos durante su periodo como gobernador de Veracruz. Nadia era parte del movimiento #YoSoy132 y exigía justicia por la desaparición de personas en el estado. Rubén documentaba la represión contra el movimiento social en Xalapa. Nadia sufrió detenciones arbitrarias por ir a marchas. Y días antes de su muerte, Rubén afirmó que desconocidos lo estaban siguiendo en Ciudad de México.

Pero cuando Artículo 19 le pidió a la Fiscalía que investigara a los autores intelectuales, el

entonces fiscal central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio respondió que lo que estábamos pidiendo era una “exquisitez”.

Ahora, Ernestina Godoy está al frente de la fiscalía y resolver este caso es parte de su trabajo, comenzando con explicar qué sucedió en el departamento, pasando por identificar quiénes y para qué dieron la orden de acabar con la vida de estas personas. Y también la Fiscalía debe explicar por qué sus funcionarios organizaron un operativo para distorsionar la verdad.

Si México quiere que su sistema político se acerque más a una democracia necesitará de una prensa libre e independiente para fortalecer sus instituciones. Y esto pasa por esclarecer casos como el de la Narvarte. Cada vez que ataquen a un periodista a o un defensor de los derechos humanos, la justicia debe sí o sí abrir una línea de investigación en la que la causa es su trabajo revelando los abusos del poder estatal y criminal. Está en manos de Ernestina Godoy que Ciudad de México tome en serio los ataques a periodistas.



Jamileth