Internacional - Seguridad y Justicia
Culpable por asociación: críticas a Ecuador por detener a un amigo de Assange
Por José María León Cabrera | The New York Times
QUITO — Pocas horas después de que policías británicos arrastraran a Julian Assange fuera de la embajada ecuatoriana en Londres, la policía del Ecuador hizo otro arresto relacionado con el fundador de WikiLeaks. Según las autoridades locales, el caso tendría implicaciones de seguridad nacional.
Pero desde que ocurrió, el arresto produjo una ola de protestas de activistas pro derechos humanos y de seguridad informática. Dicen que no hay evidencia de ningún delito, salvo el de culpa por asociación.
El arrestado, Ola Bini, es un experto sueco en ciberseguridad y un defensor de la privacidad digital. Fue detenido la semana pasada, acusado de comprometer la integridad de sistemas informáticos en el Ecuador.
Como evidencia, la fiscalía mostró las laptops, iPads, iPods, cables USB, memorias USB encriptadas y las tarjetas de crédito que encontraron cuando allanaron la casa y pertenencias de Bini. Además, dijeron que Bini viajaba frecuentemente y que había gastado más de 230 mil dólares en servicios de internet en los últimos cinco años.
Las autoridades ecuatorianas citaron, particularmente, los contactos de Bini con Assange. Estados Unidos ha requerido la extradición del fundador de WikiLeaks, acusado de conspirar para irrumpir en computadoras del gobierno con el fin de obtener información de seguridad nacional.
La semana pasada, el presidente del Ecuador, Lenín Moreno, dijo que Bini era uno de los “muchos hackers” que visitaron a Assange en la embajada ecuatoriana en Londres, donde estaba asilado. “Probablemente para recibir instrucciones”, dijo Moreno.
Apenas se supo, activistas de derechos humanos y promotores de la seguridad informática cuestionaron los motivos de la detención. Según ellos, Bini, de 36 años, ha trabajado para prevenir el acceso ilegal a información privada.
Amnistía Internacional y Article 19, una organización que defiende la libertad de expresión, han expresado su preocupación por el arresto. En un comunicado, Article 19 dijo que Bini es “un experto altamente respetado en seguridad informática y criptografía y es reconocido por sus grandes contribuciones en la materia”.
Danny O’Brien, director internacional de la Electronic Frontier Foundation, una organización que defiende y promueve los derechos digitales desde hace casi treinta años, dijo que el trabajo de Bini ha ayudado a construir un internet más seguro. Los equipos que las autoridades ecuatorianas presentaron como evidencia son, simplemente, “la clase de equipos que uno tiene cuando se trabaja en este tipo de proyectos”, dijo O’Brien.
“Las habilidades y forma de vida de personas que dedican su tiempo libre a proteger a los usuarios de internet están siendo usadas en su contra”, dijo O’Brien. Esto es, según él, una preocupación recurrente entre los defensores de derechos humanos.
David Kaye, relator especial de las Naciones Unidas para la libertad de opinión y expresión dijo que, hasta ahora, nada conecta a Bini con un delito. Jillian York, directora internacional de Libertad de Expresión de la Electronic Frontier Foundation calificó el arresto como una “caza de brujas”.
Bini fue arrestado en el aeropuerto internacional de Quito. Estaba por abordar un avión a Japón para un curso de artes marciales, según dijo su novia, Sofía Celi. Tras la detención, autoridades ecuatorianas aparecieron en televisión para aplaudir el arresto y mencionar sus visitas a Assange.
La ministra del Interior, María Paula Romo, dijo que el gobierno quería prevenir que Ecuador se convierta en un centro de “espionaje y piratería” digital. Romo dijo que no podía comentar sobre la evidencia en contra de Bini, pero también mencionó que Bini había visitado a Assange al menos “una docena de veces”.
Los abogados de Bini alegan que la detención es ilegal. Dicen que Bini no tuvo acceso a sus abogados por diecisiete horas, no fue informado de los cargos en su contra y no se le ofreció un traductor, como lo exigen las leyes ecuatorianas. Además, dicen que han sido acosados y amenazados por la policía.
A Bini no se le otorgó libertad condicional, por lo que permanecerá detenido durante noventa días. En ese lapso, los fiscales ecuatorianos deberán armar un caso contra él.
Bini vive en el Ecuador desde 2013, cuando trabajaba como consultor en ThoughtWorks, una compañía tecnológica de Chicago, Estados Unidos. El gobierno ecuatoriano la había contratado para una consultoría sobre su nueva ley de desarrollo de software. Bini había llegado a la compañía alrededor de 2008 y se enfocó en esa área cuando ThoughtWorks empezó a ofrecer consultorías en ciberseguridad, dijo Ronaldo Ferraz, gerente de ThoughtWorks para América Latina y quien fuera jefe de Bini.
Ola Bini, según Ferraz, está acusado de hacer “exactamente las cosas de las que él protegía a la gente”. La idea de que Bini accediera ilegalmente a información privada, dijo Ferraz, “va en contra de todo lo que él cree”.
Dos semanas después de haber llegado al Ecuador, Bini dio una charla titulada Ecuador como paraíso para la privacidad en un evento de tecnología en una universidad estatal. En ella, Bini expresó su preocupación sobre cómo los gobiernos usan la tecnología para monitorear a sus ciudadanos.
Después de su arresto, los padres de Bini viajaron al Ecuador. Dieron una rueda de prensa donde negaron que su hijo estuviese involucrado en delito alguno. Además, dijeron que su amistad con Assange no era suficiente motivo para incriminarlo.
La novia de Bini, Sofía Celi, también es programadora y ha escrito artículos académicos sobre criptografía con él. Celi dijo que parece que hay una falta de entendimiento sobre el trabajo que hacía Bini y lo que “en verdad significan las herramientas criptográficas y de preservación de la privacidad.”
En una nota que les entregó a sus padres cuando lo visitaron en prisión, Bini agradeció el apoyo que ha recibido. “Lo apreció más de lo que puedo expresar”, escribió. “Si Ecuador puede hacer esto, otros también podrán”.
Jamileth
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