Nacional - Política
López Obrador, el Poder Ejecutivo y la Suprema Corte de Justicia
(ANSA) - CIUDAD DE MEXICO, 8 OCT - La reciente dimisión de un miembro de la Suprema Corte de Justicia acusado de lavado de dinero y de enriquecimiento ilícito fue atribuida por algunos sectores opositores a presiones del presidente Andrés López Obrador para intentar el control del máximo tribunal.
"Hay buenas razones para estar preocupados por el futuro" de este organismo del poder judicial, señaló Jesús Silva Herzog, un conocido analista político, quien se mostró preocupado por los insultos constantes del mandatario hacia los jueces "que han osado contrariarlo".
López Obrador ha rechazado que tenga la intención de contar con una "Corte a modo" pero dijo que no propondrá "mercaderes ni traficantes de influencia" para ocupar el cargo vacante sino "gente honesta".
La académica Denise Dresser señaló que el intento del mandatario por doblegar a los jueces se deriva de una historia reciente en la cual no se ha logrado "consolidar de manera consistente" un poder que "actúe como contrapeso robusto y no como comparsa" del poder.
"Nuestra corte ha tenido destellos de independencia y sombras de sumisión", afirmó al recordar que el actual sistema para nombrar a los magistrados (llamados en México "ministros") "encumbra a personas que llegan para cuidarle las espaldas al grupo político que los nombró".
Eduardo Medina, el miembro de la Corte que dimitió a su cargo, es acusado de transferir unos 5 millones de dólares a filiales del banco británico HSBC en Londres y Washington entre 2016 y 2018, la mayor parte producto de sobornos, pues rebasan los ingresos obtenidos en su cargo.
Medina, de 62 años, que sólo había cubierto 4 de los 15 años de su encomienda, es acusado de estar vinculado al ex presidente Enrique Peña (2012-2018), cuando era embajador en Estados Unidos.
El juez había sido antes y durante las últimas tres gestiones presidenciales anteriores embajador en Gran Bretaña, Procurador General, ministro de Seguridad y jefe del principal organismo de inteligencia del gobierno.
En las redes sociales se calificó la salida de Medina como una especie de "golpe de Estado" y como "una venganza política" por haber sido uno de los artífices de una maniobra del entonces presidente Vicente Fox para destituir y enjuiciar, en 2005, a López Obrador, cuando jefe de gobierno de la capital, a fin de evitar que se postulara en 2006.
Algunas versiones señalan que Medina fue obligado a renunciar bajo la amenaza de ser encarcelado y de ejercer represalias contra su familia.
El Senado deberá ratificar la salida de Medina y luego aprobar al que lo sustituirá con base en una terna enviada por el presidente, con lo que se convertirá en el tercer miembro de la Suprema Corte en ser designado bajo el gobierno de López Obrador, que inició el 1 de diciembre pasado.
El líder del Partido Acción Nacional (PAN, derecha), principal fuerza de la oposición, Marko Cortés, señaló que "lo que busca el gobierno central es controlar las resoluciones judiciales" en "cualquier tema que pueda ser del interés del presidente".
Hernán Gómez señaló que con tres magistrados a su favor y uno más con Medina, de un total de 11, se crea un escenario que "obliga especialmente a cuidar los equilibrios, formas y procesos para evitar malas interpretaciones".
Sin embargo, afirmó que "es un temor infundado creer que los ministros se someterán automáticamente al presidente que los propone para ocupar un lugar en la Corte".
No obstante, afirmó que éste debe "disipar las dudas que hoy existen y evitar que la elección de quien reemplace a Medina se vea como una jugada orquestada para imponer a un incondicional".
"Nadie en su sano juicio espera que un presidente proponga a un ministro con una visión contraria a la de su gobierno o que le ponga palos en la rueda a su administración", expuso el académico del Instituto Mora, pero estimó que eso no impilca "nombrar a una figura obsecuente o sin la suficiente preparación".
regina
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