Caso mormones: emerge nueva hipótesis

Por Marcos Romero

(ANSA) - CIUDAD DE MEXICO, 9 NOV - Una feroz disputa entre dos grandes bandas del crimen organizado, Los Salazar, vinculada al Cártel de Sinaloa, y La Línea, relacionada con el Cártel de Juárez, estaría detrás de la masacre de la familia de mormones, ocurrida el lunes pasado.
    
Tres mujeres y sus 6 hijos mexicano estadounidenses de una comunidad de esta organización religiosa fueron asesinados con armas de alto poder el lunes pasado en un paraje montañoso de la frontera de México con Estados Unidos.
    
Testimonios de habitantes de la región, en los límites agrestes entre los estados de Sonora y Chihuahua, una ruta natural del trasiego de personas, drogas y mercancías ilegales señalaron que los mormones solía comprar la gasolina en Chihuahua por ser 40% más barata.
    
Esto habría causado fuertes pérdidas para la banda que perpetró el crimen por cuanto los mormones conforman una comunidad de unos 5,000 miembros, que pertenecen de una rama fundamentalista de la llamada Iglesia de los Santos de los Ultimos Días La banda de Los Salazar había amenazado a los habitantes de la región, incluidos los mormones, asentados desde hace más de un siglo en la zona después de un cisma con la iglesia principal con sede en Utah, Estados Unidos, por el tema de la poligamia, con represalias si no compraban el combustible en Chihuahua.
    
El robo y trasiego de "huachicol", como se denomina en México al combustible robado, constituye uno de los negocios más rentables en la nueva estrategia de diversificación de las bandas del crimen organizado.
    
El nuevo gobierno del presidente Andrés López Obrador lanzó desde su llegada al poder hace 11 meses una ofensiva contra este delito, que arroja pérdidas del coloso gubernamental Petróleos Mexicanos (PEMEX) por 3,000 millones de dólares cada año, según cálculos oficiales.
    
Hasta ahora, la Fiscalía General de la República (FGR) investiga como principal hipótesis de la masacre contra tres furgonetas, una de ellas incendiada, donde viajaban los mormones en un paraje boscoso y accidentado, sin pavimentar, la confusión o el "fuego cruzado".
    
Sin embargo, los líderes de la comunidad religiosa aseguran que las víctimas fueron plenamente identificadas por cuanto una de ellas, Christina Langford, de 30 años, salió de su vehículo y levantó las manos gritando que llevaba niños cuando comenzó la lluvia de balas a plena luz del día.
    
"Esta es una zona de guerra y desde hace tiempo estamos pidiendo ayuda. Los grupos criminales nos usaron para iniciar una guerra entre ellos", señaló Julián LeBarón, dirigente mormón y activista anticrimen que participó en 2011 en la Marcha por la Paz con Justicia y Dignidad en 1911, en plena cresta de la ola violenta que golpea al país.
    
Desde que el entonces presidente Felipe Calderón le declaró la guerra a los "barones de la droga" en 2006, la sangre no deja de brotar en cada vez más vastos territorios de la geografía de México, dejando hasta ahora más de 270,000 muertos y unos 40,000 desaparecidos.
    
Julián LeBarón señaló que en los últimos meses se hicieron llegar varios mensajes y advertencias de grupos criminales de Chihuahua a habitantes de Sonora, no sólo a los mormones, para no comprar combustible del estado vecino a pesar de estar más barato.
    
El ataque a la comunidad mormona violó todos los códigos no escritos vigentes hasta ahora en los cuales los miembros de este grupo dedicado a la agricultura, principalmente a la producción de nuez, solía no entrometerse con los criminales y estos evitaban meterse con ellos también para evitar escándalos.
    
El principal temor era evitar la atención y la presencia de la fuerza pública, pero también impedir la interferencia de Estados Unidos, por cuanto la mayoría de los mormones cuentan con la doble nacionalidad.
    
Inclusive, legisladores federales estadounidenses que exigieron la intervención del gobierno de Estados Unidos.
    
Haciéndose eco de estos reclamos, el presidente Donald Trump señaló el miércoles pasado que "Estados Unidos está listo" para trabajar "de manera rápida y efectiva" en contra del crimen organizado en México.
    
López Obrador rechazó la oferta aunque aceptó que la policía federal estadounidense (FBI) participara en las investigaciones.

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