El asesinato de los sacerdotes jesuitas tiene detrás una red de complicidades en México

Ricardo Raphael, The Washington Post

José Noriel Portillo Gil, conocido en el pueblo de Urique como “El Chueco”, ingresó al mediodía del lunes 20 de junio a la parroquia jesuita de Cerocahui mientras perseguía a Pedro Palma, quien trabajaba como guía turístico en la Sierra Tarahumara, al suroeste del estado mexicano de Chihuahua.

Cuando “El Chueco” lo asesinó a balazos, Palma ya iba disminuido físicamente por los golpes que había recibido. El sacerdote jesuita Joaquín Mora, quien estaba en la parroquia, quiso proporcionarle el sacramento de la extremaunción, pero “El Chueco” lo acribilló junto a Javier Campos, otro sacerdote que estaba en el lugar.

Después de cometer los tres asesinatos, “El Chueco” permaneció dentro de la parroquia 40 minutos más. Fuentes que por su seguridad no es posible nombrar me dijeron que Portillo Gil no llevaba aliento alcohólico, pero que su conversación era incoherente. Y que, en el extremo de su extravío, exigió que otro sacerdote recibiera su confesión.

Fuera de la parroquia había dos vehículos tripulados por hombres armados pertenecientes a una célula criminal comandada por “El Chueco”, quienes se llevaron los cuerpos de los dos sacerdotes, uno de 79 y otro de 81 años. Como los restos de Palma eran más pesados, los sicarios arrastraron el cadáver por el pasillo de la parroquia.

Los testimonios que recogí señalan que, cuando le preguntaron al asesino la razón para quitarle la vida al guía de turistas, respondió que había enfurecido aquella mañana porque Pedro Palma no lo había saludado con cordialidad. Sin embargo, las mismas fuentes refieren que sería erróneo explicar este caso a partir de un mero brote sicótico del supuesto perpetrador. De hacerlo se borraría el denso e intrincado contexto de complicidades que le ha permitido a Portillo Gil ejercer sistemáticamente actos de violencia contra la población de Urique durante más de un lustro.

En ese tiempo la gente de la región ha vivido inerme frente al poder encabezado por “El Chueco”, que hasta ahora no había sido contenido. Las personas que entrevisté me dijeron que, cada vez que este sujeto salía de fiesta y se ponía a beber, la gente corría a encerrarse dentro de sus casas y, sobre todo, escondía a sus mujeres y sus hijas porque era costumbre de este líder criminal secuestrarlas y abusar sexualmente de ellas.

Con el paso del tiempo, “El Chueco” logró controlar el comercio dentro de la región y determinaba arbitrariamente, por ejemplo, qué marcas de cerveza o de cigarros podían venderse, y también el precio de los productos.

Los principales ingresos de su red criminal provenían, además del trasiego de droga, de extorsionar a las empresas mineras y de gestionar la explotación de madera a partir de arreglos muy lucrativos con los aserraderos legales.

La trayectoria delictiva de Portillo Gil previa a estos asesinatos incluye el ataque que sufrió la oficina en Urique de la Agencia de Investigación Estatal en 2017, y el asesinato en 2018 de Patrick Braxton-Andrew, un joven profesor estadounidense quien habría sido confundido por “El Chueco” como agente de la Administración de Control de Drogas de su país.

De acuerdo con la Fiscalía Estatal de Chihuahua, antes de los homicidios de Cerocahui Portillo Gil ya tenía al menos dos órdenes de aprehensión que la autoridad no había ejecutado. Es evidente que gozaba de un margen grande de impunidad y que las redes de complicidad criminal que lo han arropado no deberían pasar inobservadas bajo el argumento de que el asesinato de las tres víctimas fue obra de un hombre solitario y desquiciado.

“El Chueco” es cercano a Los Salazar, una organización criminal que opera en los estados de Sonora y Chihuahua y que, a su vez, cuenta con la protección del Cártel de Sinaloa, que comanda la descendencia de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Este entramado de complicidades no podría haberse construido al margen la política local. Como contexto hay que revisar las denuncias y detención en Estados Unidos de Jorge Alfredo Lozoya, exalcalde de Parral y candidato a gobernador de Chihuahua en 2021 por el partido Movimiento Ciudadano. Las autoridades de ese país lo acusaron de haber registrado mediante un prestanombres dos avionetas que cruzaban frecuentemente la frontera.

Después de haber sido privado de la libertad, en abril de este año fue exonerado, pero el hecho sembró sospechas sobre la verdadera naturaleza de sus actividades económicas y de la influencia en el nombramiento de varios abanderados municipales de su partido en la Sierra Tarahumara.

Hay sospechas también sobre el desempeño de la delegación de la Fiscalía General de la República en Chihuahua. ¿Cómo explicar que, ante la evidencia de una red criminal que durante varios años ha operado en Urique, no existan registros de la actuación de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, cuando esa dependencia es la única facultada para perseguir redes como la liderada por “El Chueco”?

La situación que se vive en la Sierra Tarahumara es un reflejo de lo que sucede en muchas otras regiones del país. La maraña de complicidades político-criminales crece todos los días, mientras las autoridades responsables de atajar la violencia, cuando aparecen, lo hacen solamente para apaciguar el enojo social y resolver mediáticamente la crisis. Bien lo dijo el padre Patricio Ávila durante las exequias de los dos sacerdotes jesuitas: “Los abrazos ya no alcanzan para detener los balazos”. O, dicho en otros términos, la demagogia ya no sirve de escudo para nadie: ha pasado demasiado tiempo y la población continúa vulnerable, inerme y desamparada.

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