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La crisis migratoria en el continente es un problema humanitario, no político

2022-08-08

Luz Mely Reyes | The Washington Post

Desde finales de julio la alcaldesa de Washington D.C., Muriel Bowser, ha pedido apoyo de la Guardia Nacional y del gobierno federal de Estados Unidos para apaciguar la llegada de migrantes desde Texas y Arizona que van en búsqueda de protección a la capital del país. El tratamiento político en vez de humanitario de esta situación reta a las organizaciones sin fines de lucro, a las autoridades locales y al gobierno federal.

Durante el año fiscal 2022, entre octubre de 2021 y junio de 2022, las cifras de encuentros en la frontera sur de Estados Unidos que registró la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos superan el total del año fiscal anterior en esa misma región. En un período de nueve meses, han sido reportados un millón 746,119 encuentros, frente a un millón 734,686 del anterior año fiscal. Y muy lejos de 2020, que cerró con casi 460,000.

De los flujos de personas de países latinoamericanos en este período, los que más cambios han mostrado son Colombia, Cuba, Venezuela y Nicaragua, que registran incrementos de hasta tres veces con respecto a 2021.

Entre una de estas mayorías, la venezolana, muchos han cruzado una decena de países por vía terrestre para llegar a Estados Unidos. Esto incluye la peligrosa selva del Darién, un tramo en la frontera entre Colombia y Panamá, en el que a las dificultades geográficas de una densa jungla tropical se suman la presencia de grupos de narcotráfico y criminales. Este tipo de tránsito y sus características son un nuevo hito en el proceso de migración de los venezolanos. Según autoridades de Panamá, hasta junio de este año habían cruzado por esa zona 34,000 migrantes. De ellos, 18,000 eran venezolanos. No todos llegan a Estados Unidos, pero los que sí alcanzan a pasar representan 6.3% de los encuentros declarados en este año fiscal por la Policía fronteriza.

En una carta enviada a los alcaldes de la Ciudad de Nueva York y de Washington D.C. el 1 de agosto, el gobernador de Texas, Gregg Abbot, calificó la situación en la frontera sur como una crisis humanitaria y de seguridad, algo en sí mismo contradictorio y que reclama abordajes distintos.

Abbot, en un intento por presentar un relato equivocado y perjudicial para estas personas, busca vincular a los migrantes que ingresan por pasos no regulares con delitos como el narcotráfico y otros. Son dos temas distintos, pero, desde su narrativa, son prácticamente uno solo.

Sin embargo, la decisión del gobernador de Texas de enviar a los migrantes que cruzan por pasos no autorizados hacia estas ciudades santuario, muestra la necesidad de abordar de una manera distinta o más creativa la coyuntura. No es “estirando la arruga” como se le va dar atención a esta situación. Tampoco buscando que se genere caos y mucho menos aplicando una solución de enfoque represivo.

Los migrantes están expuestos. La capacidad de las propias autoridades está siendo retada y todo se presta para la manipulación de argumentos. Bajo esta situación, sería prudente acelerar las intenciones que se recogieron recientemente en la Cumbre de las Américas, donde los países asistentes suscribieron el Acuerdo de Los Ángeles, un pacto para apoyar la migración ordenada y segura que generó buenas expectativas.

“Las personas deciden migrar en estas condiciones y nada las detiene, por eso es necesario tener un enfoque regional”, me dijo Tamara Taraciuk, subdirectora para las Américas de la organización Human Rights Watch. Marisela Castillo Apitz, directora de Humanitarian Action, organización que ofrece atención de “primera respuesta” a quienes llegan a Union Station —la terminal de trenes y autobuses de Washington D.C.—, me explicó que no hay suficientes organizaciones humanitarias y voluntarios en la región para atender el flujo actual.

De acuerdo con entrevistas a diferentes organizaciones de la ciudad, cada semana llegan al menos tres autobuses repletos de personas. Durante los primeros meses del año, el procedimiento estándar era que los migrantes eran procesados en los centros de la autoridad migratoria en el estado fronterizo por donde entraban a Estados Unidos. Luego, si eran admitidos, recibían un permiso para adentrarse en el país. Los que ingresaban por Texas podían viajar desde allí hacia su destino final. Desde abril, el gobernador los envía a Washington D.C. o a la Ciudad de Nueva York. Una vez en la capital, estas personas migrantes buscan cómo seguir su viaje. Irónicamente, algunos han declarado a los voluntarios de organizaciones humanitarias que los reciben que su destino final eran ciudades como San Antonio, Texas.

La alcaldesa Bowser acusó a Abbot de haber iniciado un juego cruel, declarando que “sabemos que tenemos un problema federal que exige una respuesta federal”, y pidiendo que se asigne un centro de alojamiento y procesamiento masivo en la capital estadounidense.

Es posible que el flujo que se está viendo en la frontera sur se estabilice y esta sea una de las habituales crisis que puede ser absorbida por las condiciones del país. Resulta poco probable que la Casa Blanca otorgue el visto bueno a la solicitud de la alcaldesa Bowser, ya que sería reconocer que la situación se ha convertido en un problema poco manejable en plena capital.

Pero, sin importar las razones políticas de uno y otro, tal vez poner en el centro de las soluciones a las personas más afectadas, como los migrantes, funcionarios que los atienden directamente y organizaciones voluntarias, pueda ayudar a buscar soluciones que realmente tomen en cuenta el aspecto humanitario de esta crisis.