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El FBI registró la casa de Donald Trump en Florida: aquí hay 7 respuestas a preguntas clave


2022-08-09

Charlie Savage | The New York Times

El allanamiento del FBI de Mar-a-Lago ha abierto el debate sobre si una investigación penal contra el expresidente podría conducir a la inhabilitación de acceder a futuros cargos públicos, incluida la presidencia.

El allanamiento del FBI de la residencia del expresidente Donald Trump en Florida ha planteado la cuestión de si la investigación penal podría llevar a bloquearle legalmente la posibilidad de volver a ser presidente, incluso si decide presentarse a las elecciones de 2024.

Cualquier condena en virtud de una ley penal que parezca estar relacionada con la investigación incluye una pena inusual: la inhabilitación para ocupar cualquier cargo federal. Pero hay razones para ser precavidos antes de concluir que si Trump fuera acusado y condenado en virtud de esa ley, no podría volver legalmente a la Casa Blanca aunque los votantes lo quisieran.

He aquí un análisis más detallado del caso, empezando por lo más básico.

¿Qué originó la orden de registro?

El Departamento de Justicia ha declinado hacer comentarios. Pero por su naturaleza, la orden significa que hay una investigación criminal en curso. Los primeros informes que citan a fuentes familiarizadas con el asunto han indicado que la investigación penal detrás de la orden de registro se relaciona con las sospechas de que Trump se llevó ilegalmente archivos del gobierno cuando dejó la Casa Blanca.

A principios de este año, los Archivos Nacionales recuperaron 15 cajas que Trump se llevó a su casa de Mar-a-Lago desde la residencia de la Casa Blanca cuando terminó su mandato, y dijeron que se encontró que algunas contenían información clasificada.

Pero no está claro si Trump entregó todo. En una declaración en la que denunció la acción del FBI el lunes, Trump dijo que los agentes de la ley “incluso forzaron mi caja fuerte”.

¿Qué leyes se aplican a la extracción de documentos?

Hay varias leyes que potencialmente podrían cubrir tal situación. Por ejemplo, la Ley de Espionaje, que penaliza la retención no autorizada de información relacionada con la defensa que podría ser utilizada para dañar a Estados Unidos o ayudar a un adversario extranjero, conlleva una pena de hasta 10 años de prisión por delito.

Pero la ley que ha llamado especialmente la atención es la Sección 2071 del Título 18 del Código de Estados Unidos, que tipifica como delito el hecho de que alguien que tenga bajo su custodia documentos o registros del gobierno “oculte, elimine, mutile, borre, falsifique o destruya” de forma voluntaria e ilegal. La Sección 2071 no se limita a la información clasificada.

Si son declarados culpables en virtud de esa ley, los acusados pueden ser multados con hasta 2000 dólares y condenados a prisión por un máximo de tres años. Además, el estatuto dice que, si están actualmente en un cargo federal, “perderán” ese cargo y —quizás lo más importante, dadas las expectativas generalizadas de que Trump buscará la reelección de nuevo— “serán inhabilitados para ocupar” cualquier cargo federal.

¿Cómo podría influir una condena en las próximas elecciones?

Si Trump fuera acusado y condenado en virtud de la Sección 2071, los votantes o los candidatos rivales en las elecciones primarias estatales para la nominación presidencial republicana de 2024 podrían impugnar su elegibilidad para ese cargo, pidiendo que su nombre sea omitido de las votaciones primarias.

Cada estado administra sus propias elecciones, por lo que el proceso exacto variaría. Pero, en general, esa impugnación se presentaría primero ante una junta electoral estatal. La decisión de la junta podría recurrirse en el sistema judicial estatal, cuyo resultado podría a su vez apelarse ante la Corte Suprema.

¿Cómo se podría impugnar la inhabilitación en una boleta?

Con el argumento de que la disposición de inhabilitación de la Sección 2071 es inconstitucional en lo que respecta a la presidencia.

El artículo II de la Constitución de Estados Unidos establece tres criterios de elegibilidad presidencial: hay que ser “ciudadano natural”, tener al menos 35 años de edad y ser residente de Estados Unidos durante al menos 14 años.

Dado que la Constitución prevalece cuando esta y una ley federal entran en conflicto, el argumento sería que el Congreso carece de autoridad para alterar esa lista de criterios, por ejemplo, añadir el requisito de no haber sido condenado por llevarse de manera ilícita documentos del gobierno.

En particular, la Constitución sí autoriza al Congreso a inhabilitar a las personas para ocupar cargos federales como sanción por las condenas en los procedimientos de impugnación. Pero nada en el texto de la Constitución dice que los legisladores puedan utilizar el derecho penal ordinario para hacerlo.

¿Qué han dicho los tribunales?

La Corte Suprema nunca se ha pronunciado sobre un candidato a la presidencia cuya elegibilidad haya sido cuestionada con base en una condena en virtud de una ley cuyas penas incluían la inhabilitación para el cargo. Pero ha habido casos relacionados con el Congreso que han planteado disputas análogas.

En un caso de 1969, la Corte Suprema rechazó un intento de la Cámara de Representantes, por mayoría, de impedir que Adam Clayton Powell Jr. ocupara su escaño; los votantes de su distrito lo habían reelegido a pesar de las acusaciones de mala conducta. El tribunal dictaminó que, dado que cumplía los criterios de elegibilidad de la Constitución para ser miembro de la Cámara, “la Cámara carecía de poder para excluirlo de integrarla”.

Citando a Alexander Hamilton, el presidente de la Corte Suprema, Earl Warren, escribió en esa opinión mayoritaria que “un principio fundamental de nuestra democracia representativa es que el pueblo debe elegir a quien quiera para que lo gobierne”.

Y en un caso de 1995, la Corte Suprema anuló una enmienda a la constitución de Arkansas que había intentado imponer límites a los mandatos de los miembros de la Cámara de Representantes y de los senadores elegidos en ese estado. El juez John Paul Stevens escribió que el estado no tenía poder para añadir calificaciones a la lista de criterios de elegibilidad establecidos por la Constitución federal.

Citando esos y otros precedentes en un aparte en un caso del año 2000 ante el Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito de Chicago, el juez Richard Posner, quien ha sido considerado el jurista estadounidense más citado de todos los tiempos, afirmó que el Congreso carecía de autoridad para complementar los requisitos de elegibilidad para la presidencia que figuran en la Constitución.

¿Qué dijo la gente sobre Hillary Clinton?

La Sección 2071 fue objeto de una breve revisión en 2015, después de que saliera a la luz que Clinton, quien entonces se preveía que sería la candidata presidencial demócrata en 2016, había utilizado un servidor de correo electrónico privado para realizar asuntos gubernamentales mientras era secretaria de Estado.

Clinton nunca fue acusada de ningún delito relacionado con su uso del servidor. Sin embargo, muchos republicanos adoptaron las críticas de Donald Trump sobre este tema durante su campaña presidencial de 2016, y algunos se entusiasmaron brevemente con la idea de que la ley podría utilizarse para mantener a Clinton fuera de la Casa Blanca. Entre ellos se encontraba Michael Mukasey, ex fiscal general del gobierno de George W. Bush. También lo estaba al menos un centro de investigación conservador.

Pero al considerar esa situación, Seth Barrett Tillman, estudioso de Estados Unidos y del derecho que ahora enseña en la Universidad de Maynooth, en Irlanda, y Eugene Volokh, de la Universidad de California, en Los Ángeles, argumentaron que estaban equivocados, citando las sentencias judiciales y el argumento de que el Congreso no puede alterar los criterios de elegibilidad establecidos en el texto de la Constitución.

Volokh escribió más tarde en su blog que Mukasey —quien también es un ex juez federal— le había escrito un amable correo electrónico diciendo que “tras reflexionar”, Mukasey se había equivocado y que el análisis de Tillman era “acertado”.

¿Qué se dice ahora de Trump?

Después de que la orden de registro de Mar-a-Lago saliera a la luz, una de las voces más prominentes que apuntaron a la Sección 2071 fue la de Marc Elias, quien se desempeñó como asesor general de la campaña de Clinton en 2016. Inicialmente, citó la disposición de inhabilitación de la ley en una publicación en Twitter como “la razón realmente, realmente grande por la que la redada de hoy es un potencial éxito de taquilla en la política estadounidense”.

Pero siguió con otra publicación en Twitter en la que reconocía que cualquier condena bajo la Sección 2071 podría no impedir en última instancia que Trump busque la presidencia de nuevo, pero argumentaba que una lucha legal sobre ella sería, sin embargo, importante debido a la perspectiva de peleas legales sobre si su nombre pudiese mantenerse fuera de las votaciones estatales.

“Sí, reconozco el desafío legal que la aplicación de esta ley a un presidente podría cosechar (ya que las calificaciones se establecen en la Constitución)”, escribió Elias. “Pero la idea de que un candidato tenga que litigar esto durante una campaña es, en mi opinión, un ‘éxito de taquilla en la política estadounidense’”.



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