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López Obrador avanza la agenda política de las Fuerzas Armadas

2022-08-11

Ricardo Raphael | The Washington Post

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció el lunes 8 que emitirá un acuerdo para que la Guardia Nacional pase a depender de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Apenas unos días antes el gobierno de Gustavo Petro, el nuevo presidente de Colombia, anunció que separaría a la Policía de su país del ministerio de Defensa para reasignarla al ministerio de Paz, Convivencia y Seguridad.

En este tema las preocupaciones entre ambos no podrían estar más apartadas. Mientras Petro decidió poner un alto a las violaciones de derechos humanos que por décadas han impuesto los uniformados en Colombia, López Obrador quiere perpetuar el enfoque militarista, iniciado hace casi 15 años en el gobierno de Felipe Calderón, cuya herencia ha sido muy perjudicial para México.

Basta recordar las recomendaciones que hizo al gobierno mexicano la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a propósito del muy sonado Caso Alvarado. El 29 de diciembre de 2009, Nitzia Paola Alvarado Espinoza, Irene Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera fueron privados de la libertad por una decena de personas vestidas con uniforme militar. Esto ocurrió en el marco del Operativo Chihuahua, cuyo presunto propósito era combatir a las organizaciones del crimen organizado desplegadas en ese estado.

Desde aquella fecha no ha vuelto a saberse nada de estas personas. Los familiares de las víctimas intentaron por todos los medios que las autoridades del país investigaran su paradero, pero hasta que no ocurrió la intervención de la CIDH, la mayoría de las instituciones mexicanas dieron sistemáticamente la espalda al caso.

Quienes denunciaron refieren que, por buscar a sus familiares, sufrieron hostigamiento y amenazas. Narran también haber padecido allanamiento ilegal en sus moradas y haber recibido mensajes anónimos conminándoles a que dejaran en paz el caso. Señalaron como responsables a integrantes del Ejército y otros funcionarios.

En 2018, la CIDH concluyó en su sentencia del Caso Alvarado que contaba con elementos suficientes para establecer la participación de integrantes del batallón número 35 del Ejército en la desaparición de las víctimas. Este organismo de la Organización de las Naciones Unidas aprovechó la ocasión para prevenir a México contra el uso regular de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad que deberían corresponder a las corporaciones civiles.

La opinión de López Obrador es diametralmente distinta a la doctrina del derecho internacional con la que se argumentó la sentencia del Caso Alvarado. Para el presidente, la única manera de asegurar la eficiencia y la honestidad de los cuerpos responsables de investigar y perseguir el crimen es colocarlos bajo el mando militar. En concreto, propone la subordinación definitiva de la Guardia Nacional a la Sedena para que la política de seguridad pública sostenida durante su administración trascienda hacia el futuro.

“Yo ya voy a estar jubilado —afirmó— pero no quiero que pase un sexenio, dos, tres años y ya volvió la Guardia Nacional a Gobernación, como estaba antes, o a la Secretaría de Seguridad Pública, (con) los políticos.” Infiere que los políticos corrompen la seguridad, pero los militares son la solución. Presumiblemente le tiene sin cuidado la violación de derechos humanos denunciada en muchos casos similares al Alvarado, como la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, la masacre de Tlatlaya o las desapariciones forzadas en Tamaulipas.

El mandatario mexicano ha señalado que, cuando los militares han violado derechos humanos, es porque recibieron instrucciones del mando civil, refiriéndose a los presidentes anteriores. Confía acaso con candidez que, en el futuro, quien ocupe el Ejecutivo no volverá a ordenar la comisión de tales crímenes documentados profusamente en México y en el mundo.

A lo anterior se suma que el acuerdo anunciado para transferir la Guardia Nacional a la Sedena es contrario a la Constitución. No hay ambigüedad en ello, la Carta Magna define a la Guardia Nacional como una organización de naturaleza civil y también establece que esta dependencia estará subordinada a la Secretaría de Seguridad Pública. Ningún acuerdo presidencial podría estar por encima de este doble mandato sin vulnerar el orden democrático.

Además, la ley de la Guardia Nacional ordena que este cuerpo policial sea una “institución de seguridad pública, de carácter civil, adscrita como órgano administrativo desconcentrado a la secretaría de Seguridad Pública”. De materializarse el acuerdo anunciado por López Obrador, también sería contrario a la ley secundaria.

Ahora bien, una cosa es que el acuerdo sea inconstitucional y otra que las instituciones responsables de corregir estén dispuestas a hacerlo. Puede que haya quien no se atreva a reclamar la inconstitucionalidad de la orden anunciada por el presidente; o peor aún que, siendo impugnada, el Poder Judicial evada cumplir con su misión más importante: defender la prevalencia de la Carta Magna.

Este es el punto más preocupante del asunto: en México la política está sirviendo como inhibidor a la hora de activar los mecanismos legales previstos para combatir los actos inconstitucionales. La alianza entre el presidente López Obrador y las Fuerzas Armadas estaría provocando un ambiente disuasorio para asegurar, por encima de todo, la dominación de los intereses militares.

Tal cosa ya ocurrió antes dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual no ha tenido los arrestos para resolver diez recursos contrarios a la participación ilegal de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, entre los cuales destaca la controversia constitucional presentada por la Cámara de Diputados en 2020. Como ha sucedido antes con los gobernadores, los alcaldes o los legisladores, las y los ministros no quieren tener problemas con el presidente ni con los uniformados.

Así las cosas, este acuerdo notoriamente contrario a la Constitución corre el riesgo de sobrevivir por razones meramente políticas. Mientras tanto la agenda de las Fuerzas Armadas en México continúa ganando en todos los terrenos, pasando por encima de las garantías democráticas. En contraste, Colombia se aparta notablemente del militarismo.