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El terror de la violencia ataca a México

2022-08-16

Enrique Pérez Quintana

Se hizo presente la violencia en los estados de Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Baja California. La agresión se llevó a cabo la semana pasada en las ciudades más pobladas de esas entidades. Los delincuentes lograron el efecto del miedo, calificado por diversos medios como terror o narco terror. Incendiaron transportes públicos y vehículos de particulares, quemaron establecimientos comerciales, dispararon en contra de civiles y demás. El saldo es de personas muertas en esas localidades, algunos delincuentes capturados, millones de pesos en pérdidas materiales y la ausencia total de las autoridades “responsables” de la seguridad pública, en el momento de los hechos.

Las autoridades federales respondieron enviando a cientos de elementos de la Guardia Nacional a cada entidad con la consigna de patrullar, generar certidumbre, crear un ambiente de seguridad, arrebatado por la delincuencia y prevenir hechos violentos.

La secuencia de violencia inició en Jalisco y Guanajuato, siguió en Chihuahua y terminó en Baja California, puso en evidencia la coordinación de los delincuentes para llevar a cabo acciones similares en esas entidades, independientemente de las motivaciones locales que hubieran tenido para realizarlas. Mostró su capacidad de fuego, organización estratégica, personal dispuesto a matar y morir, suficiencia financiera para cumplir sus metas y habilidad para mantener en operación un sistema de contrainteligencia que les avisa sobre las intenciones del gobierno.

La violencia desatada y la difusión nacional e internacional que tuvieron los acontecimientos permitió a la delincuencia enviar el mensaje, al Estado, de no aceptación de cambios en la política de seguridad -abrazos no balazos- que los ha beneficiado, fortalecido y permitido diversificar sus actividades a otros campos como el tráfico de drogas y personas, secuestros, extorsión y demás.

Algunos analistas interpretan que el contexto de la violencia en esas entidades está dado por la reciente visita del presidente López Obrador al presidente Joe Biden, en los Estados Unidos, la captura de Rafael Caro Quintero, su posible deportación y la determinación de adscribir en el ejercito a la Guardia Nacional que, según algunos críticos, implica el reconocimiento del presidente de que su política de seguridad publica fracasó, aunque no lo diga en su discurso, pero si en los hechos que perfila. Los especialistas señalan que estos acontecimientos significarían para los líderes de los grupos delincuenciales que la política de seguridad podría cambiar y que estarían en peligro.

Los días recientes mostraron la violencia en cuatro entidades, pero no son las únicas en las que la delincuencia actúa, Michoacán, Zacatecas, Colima, Veracruz, Guerrero, Sonora, Quintana Roo y demás, son otras. Es un hecho que la falta de continuidad en la política de seguridad pública, responsabilidad de los tres niveles de gobierno, ha fracasado desde hace décadas. La inseguridad y percepción de los ciudadanos de que el Estado falló en su objetivo de garantizar la vida y bienes de los ciudadanos es real y cierta.

Observamos las consecuencias de la irresponsabilidad de los políticos de hoy y antes, en el tratamiento frívolo que dieron al tema de la seguridad, al haberlo politizado y convertido en bandera para ganar votos, además escatimar recursos para profesionalizar a los cuerpos de seguridad de los municipios, estados y la federación.

Si hoy muchos mexicanos tienen miedo es porque la violencia está cerca de su vida cotidiana. Sucede porque el Estado renunció a combatir a fondo a los grupos delincuenciales. Sucede porque los largos brazos de la corrupción de los delincuentes alcanzaron a los políticos con ambición de poder, que aceptaron sus “favores”, a cambio de la impunidad que hoy disfrutan. Sucede porque los enormes recursos financieros de la delincuencia alcanzan para “comprar” puestos de elección popular, imponer candidatos y eliminar a los que se oponen a su dominio. Sucede porque el Estado permitió que los delincuentes ocuparan los vacíos de poder que los gobiernos, de los tres niveles, cedieron.

Hoy la discusión de si la seguridad publica corresponde a los civiles o debe ser entregada al ejército continúa estancada porque sigue pudriéndose en el discurso político. En la percepción ciudadana los políticos hace muchos años que renunciaron a la administración de la seguridad pública, cuando la utilizaron para realizar sus ambiciones y traicionaron su deber de cuidar a quienes son la fuente de su poder.

El uso de la fuerza es una prerrogativa irrenunciable del gobierno. No es opcional utilizarla para garantizar la seguridad, vida y bienes de los ciudadanos. No hacerlo va en contra de la esencia misma del Estado y solo beneficia a los que atentan contra los gobernados.

La experiencia reciente indica que es inútil enviar a la Guardia Nacional a “garantizar” la seguridad pública en aquellas entidades aquejadas por la violencia, si este corporativo tiene instrucciones de no atacar la fuente que difunde el miedo con sus actos de terror.

Exigen 2,500 dólares semanales por derecho de piso a barbería en Cancún

Un video difundido en redes sociales dejó testimonio del momento en que un grupo de sujetos ingresó a una barbería en la Región 92 de Cancún, en Quintana Roo, México, para exigir el pago de derecho de piso a los empleados y amenazarlos. En la grabación se escucha a uno de los criminales mencionar: “Qué hubo carnal, esta es ‘la maña’, al chile a lo que venimos, de entrada me vas a pagar 50 mil varos para hoy, semanales”. Esta cantidad es el equivalente a unos 2,500 dólares semanales. El criminal luego les pregunta a los trabajadores por su empleador, pero ellos responden que no había llegado. “Te robo a ti entonces, te robo a ti entonces”, fue la reacción del extorsionador y luego amenazó: “voy a matar a tu carnala”, en referencia a la hermana del trabajador. De acuerdo al Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2020, en Quintana Roo operan cinco grupos criminales: Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Zetas y el Cártel del Golfo, cuyos miembros también se identifican como La Mala o Los Pelones. El pasado 5 de julio un hombre identificado como Manuel N, de 30 años, empleado de la barbería Palapa Shop, ubicada en la Región 102, fue asesinado al interior del establecimiento. La Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, informó que una familiar de la víctima declaró que el occiso había sido contactado por un grupo criminal para vender droga, pero él se había negado. En los últimos días el crimen organizado se ha dedicado a aterrorizar a la población de México. El martes 9 de agosto ocurrieron bloqueos e incendios de vehículos en Guanajuato y Jalisco; el día 11, sicarios asesinaros a 11 personas en Ciudad Juárez, Chihuahua; y el 12 los criminales efectuaron bloqueos e incendios en cuatro de los seis municipios de Baja California: Tijuana, Ensenada, Tecate y Mexicali.