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Juez de Estados Unidos permite demanda de grupo crítico de inmigración

2022-08-17

Por PHILIP MARCELO

WASHINGTON (AP) — Un grupo que pide limitar significativamente la inmigración logró una victoria legal en su demanda federal en la que acusa al gobierno de Joe Biden de violar la ley ambiental cuando suspendió la construcción de un muro en la frontera con México y trató de anular otras políticas de inmigración promulgadas por el expresidente Donald Trump.

Un juez federal en Washington D.C. falló la semana pasada que una demanda presentada por la organización Massachusetts Coalition for Immigration Reform contra tres agencias federales puede proceder, al menos en parte.

El juez Trevor McFadden dijo que la corte federal tiene jurisdicción para considerar la causa, aunque desestimó dos de los 11 reclamos del grupo, con sede en la zona de Boston.

El grupo Center for Immigration Studies, que promueve una reducción de la inmigración y que presentó la demanda a nombre de la coalición de Massachusetts, celebró el fallo.

“Era hora de resolver este asunto”, dijo Julie Axelrod, directora de litigios en la organización, en un comunicado el miércoles. “Los enormes impactos de la inmigración en Estados Unidos, entre ellos la degradación de las tierras fronterizas del sur, de nuestra infraestructura, la expansión urbana, la contaminación, las emisiones globales de carbono y otras consideraciones ambientales se han vuelto imposibles de ignorar”.

La demanda argumenta que el gobierno federal violó la ley ambiental al suspender la construcción del muro, poner fin a la política de “Permanecer en México”, expandir los programas de refugiados para afganos, centroamericanos y otras poblaciones, y relajar ciertas políticas para la patrulla fronteriza y los agentes de inmigración.

La coalición de Massachusetts, que según su sitio web promueve “reducir significativamente la inmigración” por razones ambientales, señaló que los Departamentos de Estado, Justicia y Seguridad Nacional deberían haber realizado un análisis de impacto ambiental antes de implementar los cambios en materia de inmigración, como lo requiere la Ley Nacional de Políticas Ambientales (NEPA, por sus siglas en inglés).

“Si la NEPA debe aplicarse a una política del gobierno, debe ser a políticas federales que inducen el crecimiento poblacional”, dice la organización en su demanda. “Cuando el gobierno federal toma la decisión de crear crecimiento poblacional a través de inmigración, toma una decisión que tiene consecuencias ambientales significativas y previsibles”.

Seis personas de Pensilvania, Minnesota y Arizona que dicen que han lidiado con las consecuencias ambientales de la política federal de inmigración están nombradas también entre los demandantes.

Steven Chance Smith, ganadero de Arizona, comentó que los migrantes que cruzan la frontera sur dejan basura, provocan incendios y afectan negativamente a sus tierras de otras maneras. Dijo que a su familia también le preocupa la presencia de miembros de cárteles de droga y traficantes de personas.

“La vida en la frontera durante las migraciones masivas es muy estresante”, se afirma en la demanda. “La tierra está siendo invadida y degradada constantemente”.

El juez McFadden desestimó los cargos que decían que el manual de instrucciones del Departamento de Seguridad Nacional viola la ley ambiental y que el gobierno de Biden debería haber preparado un análisis ambiental “programático” de sus acciones sobre inmigración. La próxima audiencia fue fijada para el 29 de septiembre.

Voceros de las tres agencias nombradas en la demanda no respondieron el miércoles a correos electrónicos solicitándoles sus comentarios.

Biden detuvo la construcción de muros fronterizos al asumir el cargo en 2021, pero ha permitido las obras en circunstancias muy limitadas.

Este mes, su gobierno puso fin oficialmente a la política de “Permanecer en México”, implementada durante la presidencia de Trump, que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar en México las audiencias en los tribunales de inmigración de Estados Unidos, después de que la Corte Suprema dictaminara en junio que podía hacerlo.