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El plebiscito en Chile del mal menor

2022-08-18

Daniel Matamala | The Washington Post

Las campañas políticas suelen exagerar las consecuencias de votar por su opción. De ganar, nos prometen, las consecuencias serán enormes: el mejor hombre o mujer llegará a un cargo para cumplir al pie de la letra promesas que cambiarán la vida de las y los votantes.

Sin embargo, a solo dos semanas del decisivo plebiscito constitucional en Chile, ambas campañas se esfuerzan por hacer todo lo contrario. Tratan de convencer al electorado que vote por una opción, reconociendo que es apenas un mal menor. Y prometiéndoles que, para su tranquilidad, esa opción no será la que realmente se lleve a la práctica.

¿Cómo llegamos a este absurdo?

Tras el estallido social desatado en octubre de 2019, un abrumador 78% de los chilenos votó a favor de redactar una nueva Constitución, que sepultara al fin la Carta Magna impuesta en 1980 por la dictadura de Augusto Pinochet, y varias veces reformada en democracia. 79% de quienes votaron, además, decidió que esa Constitución fuera escrita por una Convención elegida por voto popular, con paridad de género y escaños reservados para los pueblos originarios.

Luego, los chilenos eligieron una Convención dominada por independientes, ajenos a la política tradicional, e inclinados a la izquierda.

Pero el entusiasmo fue fugaz. Una serie de acciones escandalosas de algunos convencionales dañaron la imagen del proceso. La más grave fue la de Rodrigo Rojas Vade, quien se hizo famoso protestando como un paciente oncológico, con el pelo rapado y catéteres pegados al cuerpo. Fue elegido convencional, pero debió renunciar después de confesar que no estaba enfermo y que toda su historia era una farsa.

A este y otros escándalos se sumaron varias propuestas descabelladas, como una moción que pretendía disolver todos los poderes del Estado y reemplazarlos por una “Asamblea de los Trabajadores y los Pueblos”. Aunque esta y otras ideas extremas fueron rechazadas, el daño fue irreparable. Cuando la Convención presentó el texto definitivo, bastante más moderado, la confianza en su gestión ya había caído a 40%, y la mayoría de la ciudadanía se inclinaba por el Rechazo a la propuesta que habían elaborado.

Según todas las encuestas, a dos semanas del plebiscito, el Rechazo aún sigue arriba. Esto se debe, además del desprestigio de la Convención, a que a muchos chilenos les preocupan normas como la que establece sistemas de justicia indígenas sin explicitar los límites que tendrá su jurisdicción, o la derogación del estado de emergencia, actualmente en vigor, para enfrentar los hechos de violencia en la zona sur del país.

Junto con plantear estas preocupaciones legítimas, la campaña del Rechazo ha sido pródiga en exageraciones absurdas y fake news. El senador Felipe Kast dice que la nueva Constitución permitirá el aborto hasta los nueve meses. El vocero de la “Casa Ciudadana por el Rechazo”, Claudio Salinas, afirma que una victoria del Apruebo “abre las puertas a una dictadura comunista”. Folletos repartidos en casas y ferias, y a través de redes sociales, aseguran que el texto acaba con la libertad religiosa y expropia los ahorros de las jubilaciones.

El resultado es que, según la última encuesta Cadem, apenas 10% de los votantes quiere que “la nueva Constitución se apruebe tal como está propuesta”.

Desesperados, los partidos políticos del Apruebo, que forman además la coalición de gobierno del presidente Gabriel Boric, firmaron un acuerdo en que se comprometen a reformar la Nueva Constitución si esta es aprobada. Entre otros puntos, se comprometen a delimitar la justicia indígena a asuntos no penales y a reponer el estado de emergencia.

En otras palabras, la Convención le pide a los electores que voten Apruebo prometiéndoles que, si lo hacen, ese nuevo texto jamás entrará en vigor tal como fue redactado.

Pero el Rechazo enfrenta su propio dilema: según la misma encuesta, apenas 17% de los votantes está de acuerdo con que “se rechace y seguir con la Constitución actual”, es decir, la de Pinochet. Incluso quienes rechazan quieren una nueva Constitución. Los partidos del Rechazo, que fueron partidarios de Pinochet y son oposición al actual gobierno, firmaron su propio acuerdo, en que comprometen que la Constitución sí será reemplazada por otra. Sin embargo, no aclaran el procedimiento y contenidos, más allá de algunas generalidades. ¿Una nueva Convención electa para empezar todo desde cero? ¿Reformas aprobadas por el Congreso? ¿Una redacción a cargo de un comité de expertos? Nada está claro.

En otras palabras, le piden a los electores que voten Rechazo comprometiéndose a que, si lo hacen, la consecuencia jurídica de esa votación —que la actual Constitución siga en vigor— no se hará realidad.

Gane quien gane, estas promesas deberían ser implementadas después del plebiscito del 4 de septiembre por el Congreso, una de las instituciones más desprestigiadas del país. Si gana el Apruebo, ese Congreso debería cumplir con las reformas prometidas. Si gana el Rechazo, tendría que iniciar un nuevo proceso constituyente.

Una enorme confusión, en que ambas campañas se presentan, ya no como las mejores opciones, sino apenas como el mal menor.