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El cuarto año de la ‘Cuarta Transformación’: ¿avances o estancamiento?

2022-09-02

Pedro Miguel | The Washington Post

En vísperas de la presentación del cuarto informe de gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, un opinador característico del viejo régimen dijo en un programa de televisión que en esta administración se ha pasado “de la presidencia imperial a la presidencia absoluta”.

Para ponderar la veracidad de tal afirmación vale la pena retroceder a los modos con que esa “presidencia imperial” —antes del cambio de formato del informe, en 2008— hacía como que rendía cuentas ante el Congreso. El Diccionario Jurídico Mexicano, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señalaba en su edición de 1993: “Hemos estado acostumbrados (a que) el presidente de la República, en un ambiente de fiesta, con vallas en las calles por donde va a pasar para dirigirse al edificio del Congreso, lea en este un largo informe que tarda varias horas. Y que es interrumpido en muchas ocasiones por aplausos. Cuando el presidente de la República termina, el presidente de la Cámara de Diputados le contesta, y ya sabemos que esa respuesta estará llena de elogios. Todo México puede actualmente ver y escuchar esta ceremonia, dado que se transmite por todos los canales de televisión y de radio”.

Pero aquellas ceremonias, en las que el Legislativo apuñalaba el republicanismo de Montesquieu para someterse a cantar alabanzas al Ejecutivo, no se han restaurado y mucho menos acentuado como para justificar ese supuesto tránsito de lo imperial a lo absoluto. Por el contrario, el actual mandatario se limita a enviar al Congreso el informe y a dar ante unas pocas decenas de sus colaboradores un mensaje político que no se transmite por cadena nacional de televisión y radio, sino por las redes sociales del propio López Obrador y las de quienes lo quieran reproducir.

En cuanto a los comunicadores que hasta hace cinco años rendían caravanas al presidente en turno, hoy se dedican diariamente a lanzar críticas acerbas al actual. Y una de las más frecuentes es que el gobierno lopezobradorista ha llevado al país al estancamiento, aunque también afirman que lo ha sumido en el caos y la dictadura —poco importa que se trate de términos antónimos—, en la barbarie, la ingobernabilidad, la violencia y la corrupción.

Para ese grupo de “líderes de opinión”, el presidente no tenía nada bueno que informar y, en consecuencia, todo lo que dijo son mentiras. Sin embargo, los datos presentados por el mandatario cuando ha transcurrido ya la mayor parte de su cuarto año en el cargo se sustentan en organismos nacionales autónomos, como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y de instancias internacionales a las que difícilmente se podría calificar de lopezobradoristas. Así, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares señala que en este sexenio se ha reducido la desigualdad en el país. Mientras los campesinos, los adultos mayores y los indígenas han visto incrementado su ingreso, los hogares urbanos vieron mermado su ingreso 8% en promedio.

Otro de los ejes rectores de la administración, el combate a la corrupción y a la evasión fiscal de los grandes causantes, también es una realidad. Según los datos oficiales dados a conocer por el presidente en su cuarto informe, se ha podido recuperar unos 2.5 billones de pesos (125,000 millones de dólares) de lo primero y 1.7 billones (85,000 millones de dólares) de lo segundo; la contención de la frivolidad y los gastos superfluos en las oficinas públicas ha significado ahorros por 300,000 millones de pesos; la significativa reducción del robo de combustibles ha significado la liberación de 220,000 millones de pesos y el ahorro en las obras públicas, otros 200,000 millones.

Con todo ese dinero, que suma casi cinco billones de pesos (246,000 millones de dólares), el gobierno de la Cuarta Transformación ha mantenido y expandido los programas de bienestar social (pensiones para 10 millones de adultos mayores y un millón de niños discapacitados, dos millones y medio de becas de capacitación para jóvenes y 11 millones para estudiantes de todos los niveles, 420,000 apoyos a los pescadores y productores agrícolas, entre otros); ha comprado una refinería en Deer Park, Texas; está construyendo otra en Dos Bocas, Tabasco; ha edificado el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en el Estado de México; ha financiado la construcción del Tren Maya, en el sureste del país; ha creado y restaurado miles de kilómetros de carreteras, construido presas y canales de riego, impulsado la producción de alimentos y ha iniciado el rescate de los sistemas públicos de salud y educación.

Ha avanzado, además, en el rescate de la industria eléctrica (Comisión Federal de Electricidad) y petrolera (Petróleos Méxicanos) nacionales, ha entregado créditos de vivienda y ha establecido la protección de 127,249 hectáreas en zonas naturales. Se han construido 145 centros de educación superior para 68,000 alumnos en zonas marginadas, se ha dado empleo permanente a 600,000 maestros y unos 1,500 trabajadores de la salud, y se ha vacunado contra el COVID-19 a la mayoría de la población. Entre otras cosas. Y todo ello se ha realizado sin incrementar los impuestos.

El presidente se refirió también a la inseguridad y la violencia delictiva, un asunto que le ha valido abundantes críticas y ataques de las oposiciones políticas y mediáticas. Sin duda, la persistencia de estos fenómenos es particularmente exasperante para el conjunto de la población. El actual gobierno pecó de optimismo en sus inicios al suponer que el cambio de paradigma en materia de seguridad pública habría de traducirse en una rápida disminución de los índices delictivos, la cual ha sido mucho más lenta de lo deseable.

Lo cierto es que, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública —que incorporan información de las fiscalías de los 32 estados de la República además de varias dependencias federales—, muchos delitos van a la baja. Por ejemplo, en el primer semestre de este año, los delitos federales contra la salud disminuyeron 25.6%; los delitos financieros, 11%; los fiscales, 19.9%; y los delitos contra la integridad corporal, 2.2%. Por lo que hace al fuero común, en el sexenio el homicidio doloso ha bajado 7.8%; el feminicidio, 31.2%; el robo de vehículo, 45.8%; y el robo total, 29.1%. Empieza a demostrarse que tiene sentido el propósito de acabar con la “guerra contra las drogas” y de adoptar un enfoque de solución a las causas profundas de la delincuencia y la violencia: la pobreza, la marginación, la desigualdad y las carencias en alimentación, educación, salud y vivienda. Se ven los primeros resultados de la construcción de una corporación policial de proximidad con perspectiva de construcción de la paz: la Guardia Nacional.

Es necesario, finalmente, recordar que lo reseñado ocurre con el telón de fondo de una crisis planetaria. En el mundo pospandémico —si es que no resulta un exceso de optimismo usar ese término— Europa se debate entre las altas tasas inflacionarias, la carestía energética, el desconcierto por la guerra en Ucrania y los efectos del cambio climático. En tanto que Estados Unidos pasa por un acelerado deterioro de su institucionalidad, una polarización política e ideológica de pronóstico reservado. Sería injusto no considerar ese contexto en el juicio que se formule del desempeño del gobierno de la Cuarta Transformación y no contrastarlo con la consistencia del rumbo trazado por la administración de López Obrador para los dos años que le quedan de gobierno. Aunque algunos sostengan que ese rumbo desemboca en la dictadura presidencial y otros desastres, el mandatario mexicano tiene dos respaldos ineludibles: el de la mayoría de la población y el de las cifras, es decir, de los hechos.