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México no necesita maniobras políticas sino imparcialidad y justicia para sanar la herida de Ayotzinapa


2022-09-02

León Krauze | The Washington Post

Durante los últimos 16 años, la lucha de México contra el crimen organizado y la violencia relacionada con las drogas ha tenido su cuota de hitos macabros. En 2006, varios delincuentes entraron a una discoteca en Uruapan, el estado occidental de Michoacán, y arrojaron cinco cabezas humanas a la pista de baile. La espantosa escena se convirtió en un presagio de mayores horrores. Poco después, los mexicanos comenzaron a despertarse y a descubrir cadáveres y mensajes amenazantes colgados de los puentes.

Y, sin embargo, pocas tragedias se comparan con lo que sucedió durante los últimos días de septiembre de 2014, cerca de Iguala, Guerrero, en el sur de México, cuando la policía local secuestró a un grupo de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y al parecer se los entregó a Guerreros Unidos, una violenta organización criminal. Los estudiantes desaparecieron, y nunca más fueron vistos.

Desde el principio, las autoridades mexicanas, encabezadas por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, manejaron mal el caso.

Tras días de silencio, Peña Nieto le encomendó la investigación al procurador general de la república, Jesús Murillo Karam. De línea dura y con una larga trayectoria dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el partido del presidente, Murillo Karam se convirtió en una figura controversial, siempre apurado por cerrar el caso de la atroz desaparición de los estudiantes. Después de cuatro meses de investigaciones divisivas, Murillo Karam publicó un video de 26 minutos en el que se explicaba lo que había sucedido. Todos los estudiantes, afirmó, estaban muertos. Habían sido asesinados tras haber sido confundidos con miembros de Los Rojos, otro cártel. Habían sido quemados, y sus restos carbonizados arrojados a un río.

Esa, insistió, era la “verdad histórica” de los hechos.

La soberbia de Murillo Karam, así como las palabras que utilizó, terminarían atormentándolo. Varias organizaciones independientes criticaron su investigación, y expertos forenses cuestionaron sus teorías. Pero lo más determinante fue que las familias de los estudiantes rechazaron las conclusiones de Murillo Karam y del gobierno.

La herida de Ayotzinapa siguió abierta.

Después de asumir el cargo en 2016, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador prometió resolver el caso de una vez por todas. “Nuestro compromiso es con la verdad y la justicia”, afirmó López Obrador. “No nos rendiremos”.

La semana pasada, su gobierno ofreció su propia versión de los hechos. Si bien reconoció la trágica muerte de los estudiantes, el informe de López Obrador desmanteló la “verdad histórica” de Murillo Karam y lo acusó, así como a otros, de incumplimiento del deber y conspiración para encubrir el crimen. Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población y la persona designada por el gobierno para el caso, calificó las desapariciones como un “crimen de Estado” que involucró a la policía, las fuerzas armadas, y funcionarios públicos, además de la organización criminal. Encinas afirmó que los estudiantes, probablemente sin darse cuenta, tomaron un autobús cargado de drogas o dinero que le pertenecía al cártel, y que tanto las fuerzas militares como la policía estatal y federal no tomaron ninguna medida para detener el secuestro masivo, a pesar de que estaban al tanto de lo ocurrido gracias a los sistemas de vigilancia y a un espía del Ejército que se había infiltrado en el grupo estudiantil.

Las organizaciones de derechos humanos recibieron con beneplácito el nuevo informe. “El progreso mostrado confirma, una vez más, que las autoridades del gobierno de Enrique Peña Nieto siguieron una política deliberada de encubrimiento y obstrucción de la justicia”, afirmó Érika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Un día después de la publicación del informe, el gobierno mexicano fue un paso más allá: arrestó al propio Murillo Karam, una medida sin precedentes. El exprocurador general enfrenta ahora acusaciones de tortura, desaparición forzada y obstrucción de la justicia.

En un país plagado de impunidad, el arresto de Murillo Karam —y la intención del gobierno de revelar nueva información y perseguir a otras figuras clave en el caso— podría verse como un paso hacia la justicia. Sin embargo, este paso también ha activado muchas alarmas.

“La investigación que lideró Murillo Karam estuvo llena de irregularidades (incluida la sospecha de tortura) y debe ser investigada”, me dijo el analista de seguridad Alejandro Hope. “Sin embargo, el gobierno pareciera apuntar a la ganancia política, no a la búsqueda de la justicia”.

El periodista y editor Julián Andrade, quien ha seguido de cerca la historia de Ayotzinapa, está de acuerdo. Andrade afirma que la decisión de perseguir a Murillo Karam es “claramente política”. “Si bien puede haber argumentos procesales, una medida como esta tiene serias consecuencias políticas y el gobierno lo sabe”, me dijo.

Comparto sus preocupaciones. En México, la justicia ha sido durante mucho tiempo una herramienta política. Los gobiernos anteriores han arrestado a oponentes políticos siempre que ha sido conveniente (algunos de esos arrestos fueron realizados por el propio Murillo Karam).

“Sería una pena que la propaganda y la política terminen importando más que la búsqueda de la justicia”, me dijo Andrade.

Eso es lo que muchos temen, con razón. En un caso con una trascendencia tan profunda como la atrocidad de Ayotzinapa, el gobierno de López Obrador tiene la oportunidad de demostrar que, en México, el poder puede estar al servicio de la justicia, no al revés.

Si este arresto es visto como una maniobra política, entonces la búsqueda por la justicia y rendición de cuentas seguirá manchada.

México no puede permitirse volver a tomar ese camino.

Hasta ahora, el gobierno ha sido transparente tanto con sus conclusiones como con los nuevos hallazgos. Pero no debe descartar a los escépticos que sugieren que Murillo Karam es un peón político conveniente cuyo arresto podría, por ejemplo, ayudar a López Obrador a reducir lo que queda del PRI como oposición viable y consolidar su control del poder. La forma de atender ese temor es garantizándole a Murillo Karam el debido proceso que se merece.
 



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