Formato de impresión

Estas son las seis investigaciones que enfrenta Donald Trump

2022-09-21

Por Peter Baker | The New York Times

WASHINGTON — La oficina que el expresidente Donald Trump instaló en el segundo piso de su propiedad de Mar-a-Lago, en Florida, en parte es una réplica del Despacho Oval y también es un homenaje a su paso por la verdadera Casa Blanca.

Durante una visita el año pasado, sobre la pared se veían seis de sus fotografías favoritas, incluidas aquellas donde aparece con la reina Isabel II y Kim Jong-un. También se podían ver algunas monedas de membresía, una placa conmemorativa de su muro fronterizo y un retrato del expresidente hecho con casquillos de bala, regalo de Jair Bolsonaro, a quien llaman el Trump de Brasil.

Esa oficina se ha convertido en la fortaleza de Trump en el exilio y en su sala de guerra, el cuartel general del extenso conflicto con las investigaciones que ha llegado a consumir la etapa posterior a su presidencia. Se trata de una guerra en varios frentes, con campos de batalla en Nueva York, Georgia y la capital del país, con una lista cambiante de abogados y una ventisca de acusaciones de irregularidades que son difíciles de seguir.

Nunca antes un expresidente se había enfrentado a un conjunto de investigaciones federales, estatales y del Congreso tan amplio como el de Trump, quizá son las consecuencias de una carrera empresarial y, al final, política que ha vivido al límite o tal vez por encima de cualquier límite. Ya sea en relación con sus prácticas empresariales engañosas, sus esfuerzos por anular unas elecciones democráticas o su negativa a entregar documentos gubernamentales confidenciales que no le pertenecían, los diversos problemas jurídicos de Trump se derivan de la misma sensación de que las normas que los demás deben cumplir no aplican para él.

El relato de cómo llegó a este punto es único en la historia y bastante predecible. Desde hace medio siglo, Trump ha evadido investigaciones y problemas legales, desde que el Departamento de Justicia demandó a su empresa familiar por discriminación racial y a través de las innumerables investigaciones que le siguieron a lo largo de los años. Cuenta con un notable historial de esquivar los peores resultados, pero es posible que ahora esté enfrentando tantas investigaciones que la salida sea incierta.

Su visión del sistema legal siempre ha sido transaccional: es un arma para ser utilizada, ya sea por él o en su contra, y rara vez se ha sentido intimidado por las citaciones y declaraciones juradas que conmocionarían a cualquier persona menos acostumbrada a los litigios. En el aspecto civil, ha estado involucrado en miles de juicios con socios comerciales, proveedores y otros, muchos de los cuales lo demandaron porque se negó a pagar sus cuentas.

Mientras era presidente, una vez explicó su visión del sistema legal a algunos colaboradores, diciendo que acudiría a los tribunales para intimidar a los adversarios porque solo amenazar con demandar no era suficiente.

“Cuando amenazas con demandar, no hacen nada”, le dijo Trump a sus asistentes. “Dicen: ‘¡Psshh!’. Y siguen haciendo lo que quieren”, afirmó mientras agitaba su mano en el aire. “Pero, cuando los demandas, dicen: ‘¡Oooh!’, y se conforman. Es tan fácil como eso”, dijo con una mueca.

Cuando, siendo presidente, comenzó a perder batallas jurídicas con regularidad arremetió contra el sistema de justicia. En un momento dado, cuando el Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito, un tribunal liberal por tradición con sede en California, falló en contra de una de sus políticas, exigió a sus asesores que se deshicieran del tribunal. “Cancelémoslo”, dijo, como si se tratara de un acto de campaña y no de un sistema judicial establecido por ley. Si para ello es necesario redactar una legislación, que se haga un proyecto de ley para “deshacernos” de los jueces, dijo, utilizando un improperio.

Pero sus asistentes lo ignoraron y ahora que no tiene el poder de la presidencia debe enfrentarse a una serie de fiscales y abogados que lo tienen a él, y a sus socios, en la mira. Algunas de las cuestiones son añejas, pero muchas de las semillas de su actual peligro jurídico se plantaron en los frenéticos últimos días que pasó en el cargo, cuando trató de anular la voluntad de los electores y aferrarse al poder mediante una serie de mentiras sobre un fraude electoral inexistente.

Es bastante comprensible que muchos estadounidenses hayan perdido el hilo de todas las investigaciones en medio del torbellino de mociones, audiencias y sentencias de las últimas semanas. Pero, en esencia, son estas.

Estado de Nueva York

Mucho antes de llegar a la presidencia, se puede decir que Trump, en muchos sentidos, se tomaba a la ligera sus negocios. La pregunta es si violó la ley de alguna manera. Durante años, según sus propios socios, infló el valor de varias propiedades para obtener préstamos.

Durante más de tres años, Letitia James, la fiscala general del estado de Nueva York, ha analizado sus prácticas comerciales para determinar si constituyeron fraude. Cuando citó a Trump para que testificara, él invocó más de 400 veces el derecho que otorga la Quinta Enmienda para no responder preguntas con base en que sus respuestas podrían incriminarlo.

Trump ha atacado a James con el argumento de que es una demócrata partidista que lo persigue por motivos políticos. Durante su candidatura de 2018, ella criticó a Trump sin rodeos, dijo que era un “presidente ilegítimo” y sugirió que los gobiernos extranjeros canalizaron dinero a las propiedades inmobiliarias de su familia, lo que caracterizó como un “patrón y práctica de lavado de dinero”.

Hace poco, los abogados de Trump trataron de llegar a un acuerdo en el caso, lo que podría indicar la preocupación que sienten por su riesgo jurídico, pero James rechazó su oferta. Debido a que su investigación es civil, y no penal, ella tendría que decidir si sus hallazgos justifican una demanda en la que se acuse de fraude al expresidente.

Manhattan

La fiscalía de distrito de Manhattan, ahora a cargo de Alvin L. Bragg, se ha ocupado de algunos de esos asuntos como parte de una investigación penal y está a punto de llevar a juicio a partir del 24 de octubre a la Organización Trump, la empresa familiar del expresidente, por cargos de fraude y evasión fiscal.

Allen H. Weisselberg, el director de finanzas de toda la vida de la Organización Trump, se declaró culpable de 15 delitos graves y admitió que se asoció ilegalmente con la empresa para implementar un plan con la finalidad de evadir impuestos sobre lujosas prebendas. Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Weisselberg está obligado a testificar en el próximo juicio. Pero Trump no es acusado en ese juicio y Weisselberg se negó a cooperar con la investigación más extensa.

Pero después de que Bragg asumió el cargo en enero, le dijo al equipo que trabajaba en la investigación que estaba escéptico ante la posibilidad de que tuvieran pruebas suficientes para condenar al propio Trump. Eso hizo que los dos fiscales que dirigían la investigación renunciaran, y uno dijo en su carta de renuncia que el expresidente era “culpable de numerosos delitos graves” y que era “una grave falta de justicia” no hacerlo responsable.

Georgia

El 2 de enero de 2021, Trump se puso en un posible riesgo jurídico en el estado de Georgia cuando llamó a Brad Raffensperger, el secretario de Estado, y le exigió “encontrar 11.780 votos”, los suficientes para cambiar el resultado y arrebatarle el estado a Joe Biden. Durante la llamada, Trump le advirtió a Raffensperger, quien es republicano, que enfrentaba un “gran riesgo” si no lograba encontrar esos votos, una amenaza implícita que el georgiano desafió.

Los aliados de Trump también intentaron presionar a los funcionarios estatales para que cambiaran los resultados y, como hicieron en otros estados clave que ganó su opositor, trataron de armar una lista de electores falsos para enviarlos a Washington para que votaran en el Colegio Electoral a favor del presidente derrotado en lugar de Biden, que ganó el voto popular en Georgia.

Fani T. Willis, la fiscala de distrito del condado de Fulton, inició una amplia investigación y presionó para obtener la declaración del senador republicano de Carolina del Sur Lindsey Graham e informó a Rudy Giuliani, el abogado del expresidente, que también es parte de su investigación.

Willis parece estar construyendo un posible caso de asociación delictiva para cometer fraude electoral o chantaje mediante un esfuerzo coordinado para socavar las elecciones. Además de Giuliani, se ha informado a múltiples aliados del expresidente que también se les investiga, incluido el presidente del partido estatal y los miembros de la lista de electores falsos.

Trump ha subestimado a Willis, una demócrata que fue elegida en la misma votación de 2020 en la que él perdió, diciendo que su investigación es, en palabras de un portavoz el año pasado, “simplemente el último intento de los demócratas para sumar puntos políticos al continuar con su cacería de brujas contra el presidente Trump”.

Congreso

La Comisión de la Cámara de Representantes que investiga el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021, compuesta por siete demócratas y dos republicanos, ha hecho más por exponer un posible caso penal contra Trump en el espacio público que cualquiera de las personas que investigan al expresidente.

En su serie de audiencias celebradas a lo largo del verano, que podrían reanudarse el 28 de septiembre, los asesores de Trump rindieron testimonio e indicaron que se le informó en varias ocasiones que las elecciones de 2020 no habían sido robadas, que lo que estaba diciendo a la opinión pública no era cierto, que no había fundamentos para impugnar el resultado e incluso que la multitud que convocó el 6 de enero incluía a algunas personas armadas.

La comisión documentó los amplios esfuerzos de Trump para aferrarse al poder: cómo presionó no solo a Raffensperger, sino a funcionarios en varios estados para que cambiaran los resultados, cómo contempló declarar la ley marcial y apoderarse de máquinas electorales, cómo trató de obligar al Departamento de Justicia para que interviniera aun cuando se le dijo que no había motivos, cómo conspiró con aliados del Congreso para llevar electores falsos a la votación del Colegio Electoral y en última instancia cómo trató de obligar a su propio vicepresidente a bloquear la victoria de Biden.

La comisión no tiene facultades para iniciar un proceso judicial, pero acudió a los tribunales para hacer cumplir citatorios para testificar e hizo que el Departamento de Justicia emitiera cargos por desacato al Congreso en contra de Steve Bannon y Peter Navarro, dos exaliados de Trump. Bannon fue condenado y espera su sentencia; Navarro solicitó al tribunal que desestimara su caso.

Sin embargo, aunque los legisladores no pueden acusar a Trump, están debatiendo si deben recomendar al Departamento de Justicia que lo haga. Eso tiene poco significado sustantivo, pero incrementaría la importancia del fiscal general Merrick Garland.

El 6 de enero

En muchos sentidos, Garland sigue siendo el mayor misterio a medida que Trump busca obstaculizar a los investigadores. Garland, un exfiscal y juez de apelación ecuánime y bastante respetado, no ha dicho mucho para dar pistas, pero es evidente que su departamento está siguiendo múltiples líneas en su investigación sobre lo que ocurrió antes del 6 de enero y ese día.

El departamento ha entrevistado o llevado ante un gran jurado a exasistentes de la Casa Blanca, como Pat A. Cipollone y Marc Short; también incautó los teléfonos o dispositivos electrónicos de aliados de Trump como John Eastman, Jeffrey Clark y Mike Lindell y hasta de un miembro del Congreso y en fechas recientes envió cerca de 40 citatorios a exasesores de la Casa Blanca, entre los cuales se encuentran Stephen Miller y Dan Scavino, además de otros personajes cercanos al expresidente.

Tras pasar buena parte de los últimos 18 meses procesando a cientos de seguidores de Trump que ingresaron por la fuerza al Capitolio, parece que el equipo de Garland está analizando varios ángulos, incluido el plan de los electores falsos, la operación de recaudación de fondos de Trump mientras promovía afirmaciones falsas sobre el fraude electoral y la intervención del presidente mismo para tratar de anular las elecciones.

Lo que no está claro es si Garland ya tiene una teoría del caso. Si bien las citaciones indicaban que los investigadores estaban analizando, entre otras cosas, los intentos de “obstruir, influir, impedir o retrasar” la certificación de las elecciones presidenciales, el departamento aún tiene que acusar a las personas cercanas a Trump y, por lo tanto, no ha presentado ninguna conclusión legal sobre las acciones tomadas por su oficina.

Una persona que aún no sabe si será citada es el mismo Trump, pero sigue siendo una posibilidad. Con el fin de prepararse para el día en que los investigadores se presenten en su puerta, Trump ha estado buscando abogados que lo representen, ya que muchos de sus abogados anteriores ya no quieren involucrarse con él o tienen que enfrentar sus propios problemas legales.

Los documentos clasificados

Como si Trump ya no estuviese expuesto a suficientes problemas jurídicos por los sucesos acaecidos durante sus últimos días en el cargo, al irse de la Casa Blanca tomó decisiones que también le han causado problemas.

La última amenaza para el expresidente se deriva de su insistencia en llevarse a casa miles de documentos propiedad del gobierno, incluidos cientos que están marcados con varias designaciones de clasificado, además no los devolvió todos cuando se lo pidieron.

El equipo de Garland ha indicado en documentos judiciales que no solo está analizando los cargos penales relacionados con el mal manejo de documentos clasificados, sino, además, la obstrucción de la justicia. Un abogado de Trump firmó un documento que afirmaba que su cliente había devuelto todos los documentos clasificados en su poder, lo cual se comprobó que era falso cuando los agentes del FBI allanaron Mar-a-Lago y encontraron cajas de esos documentos. Los investigadores indicaron que los archivos tal vez fueron escondidos y los cambiaron de ubicación en vez de entregarlos.

En el caso de los documentos, la estrategia jurídica de Trump se parece al método que ha empleado a lo largo de los años: encontrar maneras de retrasar y despistar a sus adversarios. Al convencer a una jueza federal, a la que confirmó en el puesto durante los últimos días de su presidencia, para que impidiera que los investigadores usaran los documentos recuperados mientras los analiza un inspector especial, les ató las manos a los fiscales por el momento.

Pero eso puede no durar para siempre. La semana pasada dijo que “no me puedo imaginar ser acusado”, pero admitió que “siempre es una posibilidad” porque los fiscales están “simplemente enfermos y trastornados”. Y afirmó que desclasificó los papeles que tomó, aunque no hay registro de eso.

Pero su estrategia real es clara: esta es una batalla tanto política como legal, y advirtió sombríamente que habría “grandes problemas” si lo acusaban porque sus partidarios, “simplemente no lo soportarían”.

Cuando el locutor de radio Hugh Hewitt le dijo que sus críticos interpretarían eso como incitar a la violencia, Trump dijo: “Eso no es incitar. Solo digo mi opinión. No creo que la gente de este país lo toleraría”.