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Firma brasileña pierde certificación por minería ilegal

2022-10-05

Por JOSHUA GOODMAN y DAVID BILLER

MIAMI (AP) — Una de las mayores refinerías de Brasil, que ha sido acusada de procesar oro procedente de minería ilegal en el corazón de la selva amazónica, ha perdido una importante certificación de la industria de la que dependen fabricantes globales, como Apple o Tesla, para evitar abusos en sus cadenas de suministro.

Una investigación de The Associated Press reveló en enero cómo Marsam, con sede en Sao Paulo, tenía lazos de titularidad y procesaba oro para una empresa intermediaria acusada por la fiscalía brasileña de comprar oro sucio de territorios indígenas y otras zonas protegidas.

Un exsocio de Marsam, Dirceu Frederico Sobrinho, ha sido una pieza clave de una reciente fiebre del oro en la Amazonía, y empleó una compañía separada bajo su control para comprar oro por valor de más de 2,000 millones de reales (388 millones de dólares) de mineros informales en 252 lugares.

La fiscalía federal presentó el año pasado una demanda civil contra la compañía, F.D’Gold, y otras dos firmas que compran oro, y les reclamaba 10,000 millones de reales en concepto de daños sociales y medioambientales.

Con esa demanda aún pendiente, la Iniciativa de Minerales Responsables (RMI, por sus siglas en inglés), retiró este mes con discreción a Marsam de una lista pública de fundiciones y refinerías que se considera siguen las mejores prácticas para obtener sus materias primas. El programa de certificación, que dirige una coalición de fabricantes con sede en Virginia, se formó tras la aprobación hace una década de una ley estadounidense que requería que las compañías hicieran público si empleaban minerales de conflicto que impulsaban la guerra civil en República Democrática del Congo.

André Nunes, consultor externo de Marsam, dijo que la firma apelaría la decisión de la iniciativa. Añadió que Marsam había realizado su propia auditoría de F.D’Gold y no había hallado ninguna irregularidad.

También advirtió que las acusaciones de minería ilegal contra el cliente de Marsam aún no se habían demostrado, y señaló que un juez había criticado a los fiscales en un reciente trámite del proceso judicial por no haber presentado pruebas suficientes que respaldaran su petición de suspender la actividad de la empresa mientras se concluía la investigación.

“Marsam entiende que fuimos diligentes e hicimos lo que estaba en nuestra mano”, dijo Nunes. “No vimos motivo para cortar nuestra relación con F.D’Gold y la judicatura corroboró esa decisión”.

La RMI declinó revelar sus hallazgos y dijo estar sujeta a acuerdos de confidencialidad para animar a las firmas a participar en su auditoría. Pero según sus estándares, las refinerías pueden ser eliminadas de su lista de compañías que “cumplen” por varios motivos, como no actuar con la diligencia debida cuando hay señales de alarma -cosa que también requiere la normativa interna de Marsam- o ignorar pruebas de que sus proveedores falsificaron los formularios obligatorios de declaración de origen, un problema rampante en las prospecciones amazónicas.

Más de 300 empresas que cotizan en bolsa incluyen a Marsam como proveedor en sus reportes de minería responsable, que deben presentar ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés). Las decisiones sobre proveedores se rigen por auditores independientes que evalúan las refinerías para asegurarse de que no contribuyen a grupos armados ilegales, violaciones de derechos humanos y delitos financieros. En este momento se considera que 98 refinerías cumplen los estándares de la iniciativa, la misma condición de la que disfrutaba Marsam desde 2017 y hasta su reciente retirada.

Marsam proporcionó el oro empleado en las medallas de los atletas victoriosos en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de 2016, medallas que se presentaron como una victoria medioambiental porque se habían fabricado en parte con materiales reciclados y libres de mercurio.

Pero los críticos dicen que buena parte de la reputación de Marsam era inmerecida. Acusan a la compañía de blanquear su imagen y mostrarse como más sostenible de lo que realmente es al no indagar demasiado en el origen del material que obtiene de F.D’Gold. Marsam está codirigida por la hija de Dirceu, y él es muy conocido en Brasil.

“En Brasil, como en tantos países productores de oro, la ilegalidad entra en la cadena de suministro muy pronto, de modo que es esencial conseguir una visión más clara de lo que ocurre más arriba”, dijo David Soud, jefe de investigación de I.R. Consilium, que ha investigado el circuito del oro ilegal en Sudamérica. “Las refinerías a menudo son culpables de falta de diligencia y se les deben exigir estrictos estándares para que el oro de origen cuestionable no se lave en la cadena de suministro legítima”.

Pistas de aterrizaje ilegales, embalses de mercurio tóxico y maquinaria pesada que destroza el bosque han proliferado en la Amazonía en medio de una explosión de prospecciones de oro en territorios indígenas y otras zonas protegidas en los últimos años. Una escasa supervisión gubernamental permitida por el presidente, Jair Bolsonaro, hijo orgulloso de un prospector de oro y cuyo gobierno ha facilitado la minería en la Amazonía, ha exacerbado la escalada.

Pero los críticos afirman que compañías estadounidenses y europeas tienen parte de responsabilidad en la devastación. También las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, empleadas por la RMI y otros grupos para valorar las prácticas empresariales, señalan.

Esos estándares pueden prestar escasa atención a los crímenes medioambientales o los derechos de comunidades indígenas. En su lugar se centran en riesgos derivados de guerras y redes criminales civiles. En América Latina, sólo México, Colombia y Venezuela -donde operan cárteles de la droga o guerrillas insurgentes- están clasificadas como zonas de alto riesgo o de conflicto que requieren un mayor escrutinio en las prácticas de obtención de materiales.

Un estudio reciente de Kumi, una consultora en Londres que asesora a la OCDE, determinó que apenas el 7% de 284 empresas de venta al público registradas en la RMI tenía políticas sobre el origen de materiales de conflicto en línea con las recomendaciones de la OCDE. La mayoría eran estadounidenses. La cifra apenas había variado desde el análisis anterior de Kumi, en 2017.

AP preguntó a Amazon, Apple, Microsoft y Tesla si tenían previsto dejar de comprar material a Marsam dada la pérdida de certificación de la firma. De las cuatro, sólo contestó Apple, que dijo que Marsam ya no forma parte de su cadena de suministro.

“Nuestros estándares de compra responsable son los más firmes del sector y prohíben estrictamente el empleo de minerales obtenidos de forma ilegal”, dijo Apple en una comunicado. “Si una fundición o refinería no puede o no quiere cumplir nuestros estrictos estándares, la eliminamos de nuestra cadena de suministro, y desde 2009, hemos ordenado la retirada de unas 150 fundiciones y refinerías”.

Dirceu, el exsocio de Marsam, dijo que la retirada de su certificación refleja un esfuerzo de condenar a los participantes en la industria del oro en una corte de la opinión pública.

La policía de Sao Paulo le detuvo temporalmente el mes pasado por una orden emitida en el estado amazónico de Rondonia en relación con otro caso de minería ilegal. Él dijo que su empresa compra el oro de forma legal a una cooperativa del estado que estaba siendo investigada. Su detención, afirmó, fue “arbitraria”.

Dirceu, hijo de un productor de frutas y verduras que creció vendiendo la mercancía en una mina a cielo abierto, reconoce que el marco legal brasileño para el comercio de oro tiene muchas lagunas. Pero señaló que endurecer la supervisión y fomentar el cumplimiento de las normas es una estrategia mejor que sacar del negocio a compañías que apoyan las reformas, como F.D’Gold, cuando hay tantos postores ilegales que exportan el oro en bruto sin muchos miramientos por el medio ambiente.

“Tenemos leyes en Brasil, y las cumplimos. No son perfectas, pero pueden mejorarse”, dijo, señalando que la asociación de productores de oro del país, que él presidía hasta hace poco, ha propuesto varias reformas. “Si el mercado no compra el oro de forma legal, no vuelve a la tierra. Se negociará de otra forma, de cualquier otra forma”.