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El gobierno de Pedro Castillo agrava su crisis con una interpretación auténtica

2022-11-28

Jonathan Castro Cajahuanca

El gobierno del presidente peruano, Pedro Castillo, ha presionado a la oposición en el Congreso para que su reacción los deslegitime frente a la visita de un Grupo de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA). Pero es la reacción del Ejecutivo la que está empujando la crisis política hacia una situación crítica en la que el protagonismo lo tomará el Tribunal Constitucional. No dejaron una pausa ni durante el Mundial de fútbol.

El 19 de octubre, Castillo solicitó a la OEA la activación de la Carta Democrática Interamericana, alegando que en Perú se estaba gestado una nueva modalidad de golpe de Estado. Era una respuesta a la denuncia constitucional contra él que fue presentada ante el Congreso por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por considerarlo cabecilla de una organización criminal. Cuando se requería una salida política ante la inestabilidad del gobierno, Castillo huyó hacia adelante buscando respaldo internacional.

Dos semanas antes de la llegada de la misión de la OEA al Perú, el entonces primer ministro de su gobierno, Aníbal Torres, anunció que presentaría una cuestión de confianza por un proyecto de ley que devolvía facultades al Ejecutivo de contrapeso político. Pero una cuestión de confianza es un arma peligrosa, pues si el Congreso se la niega, el primer ministro y todo su gabinete deben renunciar; y si le niegan la confianza dos veces, el Gobierno queda en facultad de disolver el Parlamento. La oposición, que tiene mayoría legislativa, archivó el proyecto de ley antes de que Torres formalizara el pedido y desactivó la amenaza.

Pero el objetivo principal del gobierno de Castillo no era restituir esas facultades que fueron limitadas por el Congreso, sino mostrarlos como obstruccionistas ante la mirada internacional. Por eso, a la semana siguiente, Torres presentó efectivamente una cuestión de confianza por un nuevo proyecto de ley que presentaron ese mismo día. Y la Mesa Directiva del Congreso, luego de aguantar la respuesta por unos días hasta que la misión de la OEA abandonara el país, rechazó de plano el pedido del Ejecutivo porque era sobre un tema que invadía sus competencias.

Ninguna democracia merece que sus gobernantes litiguen sobre las interpretaciones de sus decisiones, pues por la confusión los ciudadanos quedan a merced de las pasiones políticas. Pero eso está pasando. Para el gobierno, el Congreso le negó la confianza, y ha actuado en consecuencia a ello: cambió al primer ministro Aníbal Torres por Betssy Chávez, congresista y antes ministra de Cultura y de Trabajo; y tomó juramento a un nuevo gabinete. En respuesta, el Parlamento aprobó presentar una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional (TC) para acusar al gobierno de tomarse las atribuciones de interpretar su decisión, algo que expresamente no pueden hacer.

A lo largo de los últimos meses, la oposición ha hecho modificaciones legislativas que cambian el balance de poderes, desarman al Ejecutivo —no siempre sobre la base de evidencias para mejora—, y a veces al caballazo. Pero gusten o no, son las reglas que existen, y el gobierno de Castillo está traspasándolas con argucias legales.

La posición del Ejecutivo abre escenarios bastante peligrosos, pues ya apuntan al Congreso con la amenaza de la disolución. Solo queda, en esa interpretación, una bala de plata por disparar. Del otro lado, tienen los insumos para sustentar que el gobierno infringe la Constitución y con ello intentar tumbarlo. Difícilmente el conflicto desescalará hacia el consenso por un adelanto pacífico de elecciones.

Aunque en su primera entrevista haya dicho que quiere bajar la confrontación, la nueva primera ministra es una pieza de choque con la oposición. Ella fue, hasta donde me informaron fuentes del Ejecutivo, una de las cabezas detrás de la decisión de plantear la carta de la OEA y de la cuestión de confianza. También se confronta con la fiscal de la Nación, a quien ha llamado golpista y la percibe como una aliada de la oposición.

Con suerte será el Tribunal Constitucional el que detenga sus intentos de traspasar las normas e imponga correctivos que podrían sumar denuncias constitucionales contra el Gobierno. Pero ese es un proceso lento en el que habrá mucha confrontación, pues en los próximos días Bettsy Chávez tendrá que presentarse ante el Congreso para sustentar el presupuesto público del próximo año y pedir la confianza que obligatoriamente se necesita al asumir el cargo. Pese a la legalidad de la decisión del TC, políticamente Castillo y Chávez podrán cuestionarla, pues los magistrados fueron elegidos por este Congreso, en un proceso con muchos cuestionamientos sobre la idoneidad de los candidatos.

En tanto, en el Congreso no hay voluntad mayoritaria por adelantar las elecciones. Si prosperó la iniciativa de presentar una demanda contra el Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional —con votos del oficialismo—, fue más por miedo a perder sus cargos y cuotas de poder antes que por oponerse directamente al ogbierno. Están mucho más advertidos de lo que puede pasar, pues ya lo vieron cuando el expresidente Martín Vizcarra cerró el Parlamento en 2019.

Lo más perjudicial sería que, zurrándose en la decisión del TC o aprovechando la lentitud de los plazos, el Ejecutivo tome acciones que lleven hacia la disolución del Congreso. Quizás en esa circunstancia la oposición logre convencer al oficialismo de vacar a Castillo. Pero ya no serán los actores políticos los que decidan quién mantiene el poder, sino el respaldo de las Fuerzas Armadas. Este sería un escenario terrible y de alta conflictividad en el país.

Sería ingenuo creer que, en algún momento, Castillo tuvo la posibilidad de conciliar con la oposición, pues varias de sus cabezas querían vacarlo antes de que asumiera su mandato. Él tampoco tenía mayoría parlamentaria ni habilidad para generar consensos que permitan mantener el balance de poderes y centrarse en algunas reformas. Pero esta vez, en especial, la agudización de la crisis es consecuencia de sus acciones para escapar de las investigaciones fiscales contra su gestión. En algunas hipótesis habrá exageraciones —el Poder Judicial zanjará en cuáles—, pero en gran parte de ellas hay legítimas dudas de corrupción.

Castillo no solo ha tomado decisiones que menoscaban la tecnocracia del Estado y enquistan a nuevas argollas corruptas, sino que ha olvidado a fin de cuentas por qué fue elegido. Su misión principal era garantizar un cambio que beneficie a los olvidados del país, pero lo único que hasta ahora ha logrado es empujar la crisis aprovechando que el país ha normalizado los pleitos y siente asco por las fuerzas políticas tradicionales. Su aprobación sube ligeramente, pero no ha hecho ni una sola reforma que mejore la vida de los peruanos a largo plazo.

Mientras tanto, las alternativas políticas que se cocinan en esta crispación esperando nuevas elecciones son principalmente autoritarias.