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Cómo los actores no estatales violentos aprovechan el cambio climático
Noah J. Gordon, Política Exterior La formulación de políticas de seguridad exige aumentar la atención a los factores biofísicos y su gestión. Cuestiones como el aumento de zonas inhóspitas o las restricciones desiguales al acceso de recursos probablemente favorecerán la aparición y fortalecimiento de actores no estatales de carácter violento. Es probable que el cambio climático y las respuestas al mismo ofrezcan más oportunidades para que los actores no estatales violentos (ANEV) ejerzan el poder. En pocas palabras, esto se debe a que las consecuencias del cambio climático pueden perjudicar la gobernanza, reducir la capacidad y la legitimidad del Estado, intensificar la competencia por los recursos y el territorio habitable y favorecer la aparición de políticas consideradas injustas. Los actores no estatales podrían responder a estos acontecimientos recurriendo a la violencia, ya sea para influir en el comportamiento de Estado o para sustituirlo en determinados ámbitos. Este ensayo identifica seis factores relacionados con el clima que crearán oportunidades e impulsarán la demanda de ANEV, una categoría que incluye Estados de facto, insurgencias, grupos criminales, grupos dirigidos por señores de la guerra, empresas de seguridad privada, paramilitares y terroristas. Los seis factores son: - Crisis alimentarias, hídricas y energéticas que socavan la capacidad y la legitimidad del Estado; La tesis no es que en 2030 o 2040 vaya a haber necesariamente más actividad de ANEV en todo el mundo que en décadas anteriores. Por muy importante que sea el cambio climático (y el deterioro del medio ambiente en general), no es más que uno de los diversos factores que influyen en la aparición y el crecimiento de los ANEV. Otros factores son la eficacia de la gobernanza, los movimientos de carácter ideológico, el cambio demográfico y la evolución de la tecnología de la seguridad. Los seres humanos también conservan una capacidad considerable para mitigar los efectos del clima y adaptarse a ellos. No obstante, como pretende demostrar este ensayo, hay una serie de factores que se desprenden de las proyecciones de probables resultados climáticos recopiladas por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), como sequías o inundaciones cada vez más graves, que como mínimo ejercerán una presión al alza sobre el número de oportunidades para la actividad de los ANEV. Este ensayo es una taxonomía, un recorrido por el panorama, que pretende ofrecer una plataforma para futuras investigaciones tanto dentro de este proyecto de Carnegie como fuera. La investigación en Ciencias Políticas ha identificado la provisión de “ganancias de bienestar” –una mejora constante del nivel de vida– como un determinante clave de la legitimidad de un Estado. El cambio climático exacerbará los fenómenos meteorológicos extremos perjudiciales, lo que mermará la capacidad de los Estados para mejorar el bienestar de sus ciudadanos o crear las condiciones de seguridad necesarias para proteger su bienestar y sus bienes. Los recursos que hipotéticamente podrían haberse destinado a mejorar la educación o la atención sanitaria se destinarán en cambio a la resiliencia climática o a las energías renovables, o quizá nunca se lleguen a acumular. De hecho, se prevé que el cambio climático reduzca la producción económica mundial en más de un 10% para 2050 en comparación con los niveles de crecimiento sin cambio climático, con pérdidas mucho más graves en los países vulnerables. Y el cambio climático podría reducir la productividad agrícola en más de un 20% entre 1961 y 2021 en comparación con un escenario contrafactual. Así pues, el cambio climático puede reducir la legitimidad de resultado o de rendimiento de un Estado. Aunque esta es solo una de las dimensiones de la legitimidad –junto con las formas de legitimidad de origen basadas en la legalidad del gobierno o el consentimiento de los gobernados–, es importante, especialmente en Estados no democráticos. Cuando se considera que los Estados son ilegítimos porque no consiguen ofrecer seguridad y prosperidad a los ciudadanos, pueden prosperar poderosos actores no estatales, como insurgencias o grupos dirigidos por señores de la guerra. En comparación con un Estado inestable que no puede prestar servicios básicos, los ANEV pueden parecer relativamente más legítimos, lo que les facilita justificar su ruptura del monopolio de la violencia del Estado. La legitimidad también ayuda a establecer y mantener la paz: por ejemplo, el fracaso del gobierno federal de transición de Somalia a la hora de derrotar al grupo insurgente islamista Al Shabab a principios de la década de 2010 se ha atribuido a “su incapacidad para obtener legitimidad política interna”. Por otra parte, podría decirse que las fuerzas de seguridad pakistaníes lograron la victoria contra los talibanes pakistaníes no porque cambiaran de táctica militar, sino porque recuperaron la legitimidad. Durante los conflictos y en la fase inicial del posconflicto, esta legitimidad de actuación es “generalmente la principal fuente de legitimidad”. Para conseguirla, los Estados deben prestar servicios y garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de los ciudadanos. Dos teorías opuestas sobre por qué las personas adoptan un comportamiento político rebelde apuntan a la relevancia de los impactos climáticos. Según la teoría de la privación relativa, el comportamiento político rebelde está motivado principalmente por la ira resultante de la frustración o la privación material (junto con la ideología). Del mismo modo, la teoría de la contención sostiene que las personas toman decisiones racionales de rebelarse cuando esperan que el beneficio de hacerlo supere los costes. Una encuesta realizada en 2011 por el Banco Mundial en países de América Latina, África y Oriente Medio reveló que la falta continuada de oportunidades para generar ingresos era la motivación más común para unirse a movimientos rebeldes y bandas callejeras. La historia moderna ofrece varios ejemplos de cómo la incapacidad de un Estado para prestar servicios básicos abre oportunidades a los AVNE. En Siria, a finales de la década de 2000, la sequía provocó inseguridad alimentaria y allanó así el camino para las protestas que desencadenaron la guerra civil siria. Las deficiencias al proveer bienes públicos por parte del Estado socavaron la paz en Irak durante la escasez de agua a finales de la década de 2000, también obstaculizaron la consolidación de la paz en el Nepal de posguerra a partir de 2006 tras los cortes de electricidad. En el Irán asolado por la sequía a finales de 2021, dos enfrentamientos distintos entre agricultores con escasez de agua y la policía se saldaron con decenas de heridos. El desafío a la legitimidad es especialmente grave en los Estados autoritarios que carecen de legitimidad de origen, en los que el contrato social se basa en que los ciudadanos sacrifiquen la autodeterminación y los derechos democráticos a cambio de seguridad básica y aumento del nivel de vida. Cuando un Estado ya no puede cumplir su parte del trato, puede verse sometido rápidamente a presiones, aunque su fracaso se deba en parte al dióxido de carbono emitido en décadas anteriores en distintos continentes. En este vacío entran los AVNE. Aumento de zonas inhóspitas desde el punto de vista medioambiental Las zonas inhóspitas desde el punto de vista medioambiental son un territorio privilegiado para los AVNE, especialmente los “espacios sin gobierno”, donde la autoridad estatal es débil y la principal actividad económica, aparte de la agricultura, es ilegal, como el contrabando. Cuando el cambio climático convierte los pastizales en desiertos, o contribuye a la salinización del suelo dificultando la agricultura, mejora la capacidad de los AVNE para reclutar combatientes y ejercer su autoridad. La geografía ya es un factor que explica la casi ingobernabilidad de espacios dentro de Estados africanos como Libia, Argelia y Malí. El Sahel, la región semiárida de África Occidental que separa el desierto del Sáhara de las sabanas tropicales del sur, es un buen caso de estudio. El cambio climático está contribuyendo a la desertificación, destruyendo los medios de subsistencia, impulsando la migración y exacerbando peligrosos conflictos entre agricultores y pastores en Nigeria y Malí. La desertificación empuja a los pastores hacia el sur, donde compiten con los agricultores por el agua y las tierras fértiles. Es en este escenario, caracterizado por las sequías y la escasez de tierras fértiles, así como por la alteración de los medios de subsistencia, donde la insurgencia de Boko Haram ha ganado más adeptos y más poder. Los países más ricos y con una gobernanza más sólida no son inmunes a las presiones medioambientales que pueden contribuir a la aparición de AVNE. Una megasequía histórica en el oeste de Estados Unidos ya ha empujado a los gobiernos a tomar medidas de conservación del agua necesarias, pero mal recibidas. En 2001, cuando la oficina de tierras de Estados Unidos anunció sus planes de cortar el agua a los agricultores con el fin de mantener agua suficiente para la supervivencia de los peces en el lago Upper Klamath de Oregón, provocó un levantamiento de agricultores y ganaderos armados. Estos agricultores perjudicados, organizados y armados, irrumpieron en una instalación gubernamental para abrir las compuertas de riego; más tarde, ese mismo año, tres hombres protagonizaron un tiroteo racista cerca de las oficinas desde las que las tribus indígenas klamath hacen campaña por los derechos de agua. Las tensiones no han cesado en EU. En 2014, los partidarios derechistas del ganadero Cliven Bundy entraron en un enfrentamiento armado con agentes federales por una disputa derivada del impago de Bundy de las tasas de pastoreo por su uso de tierras federales en Nevada. En 2016, los partidarios de Bundy (People’s Rights Network) tomaron una reserva federal de vida salvaje en Oregón en protesta por el control gubernamental de las tierras occidentales. Y en 2021, estos grupos amenazaron con utilizar la violencia para imponer sus políticas sobre los recursos hídricos abriendo por la fuerza las compuertas de un embalse. Con el empeoramiento de la megasequía en el Oeste estadounidense y la exigencia del gobierno federal de que los estados occidentales reduzcan significativamente su consumo de agua, existe la posibilidad de que se produzcan políticas hídricas más radicales y de que aumente la actividad de los AVNE. En California, algunos ciudadanos han expresado su preocupación por las milicias armadas que actúan en la sombra y que aprovechan los incendios forestales para reclutar más miembros. La llamada Milicia Estatal de California afirma que está formada por “patriotas” que se preparan para “los disturbios que están por venir”. Si la incapacidad de los Estados para hacer frente a los problemas derivados del cambio climático crea apetito por alternativas, la expansión del territorio no gobernado otorgará a esas alternativas nuevos espacios para arraigar donde los cultivos no pueden. Aumento de restricciones desiguales a los recursos La preocupación por el cambio climático empujará a los gobiernos a imponer más restricciones sobre cuándo y cómo se pueden extraer y quemar los combustibles fósiles, lo que podría desembocar en protestas violentas. De hecho, “entre 2005 y 2018, 41 países tuvieron al menos un disturbio directamente relacionado con la demanda popular de combustible”. La causa de los disturbios fue o una crisis energética mundial o una decisión de política interna que tuvo el efecto de aumentar los precios. De hecho, la preocupación por el cambio climático está provocando que cada vez más países fijen los precios del carbono–47 según el Banco Mundial– y los gobiernos también estaban reduciendo gradualmente, con retraso, las subvenciones a los combustibles fósiles, al menos hasta la crisis energética de 2021-2022. La otra cara de las protestas por el aumento de los precios de los combustibles fósiles son las protestas por los efectos secundarios de la necesaria transición a las energías limpias: las ciudades que podrían verse arruinadas por nuevas minas, los residentes que podrían tener que trasladarse para dejar paso a nuevas líneas de transmisión eléctrica o las rústicas vistas vacacionales estropeadas por la producción de electricidad renovable. El debate sobre las infraestructuras de apoyo para la transición a la energía limpia apenas ha comenzado. Hasta ahora, pocos gobiernos –y ninguno de los principales productores de combustibles fósiles– han querido sumarse a iniciativas como la Alianza Más Allá del Petróleo y el Gas (BOGA) y comprometerse a poner fin a la extracción de combustibles fósiles. Las restricciones a la producción de combustibles fósiles que se han aplicado hasta ahora se han centrado sobre todo en las minas de carbón, que han provocado protestas en Polonia, por ejemplo. Pero si los gobiernos se toman en serio sus compromisos climáticos, acabarán por restringir la producción no solo de los yacimientos petrolíferos, sino también de otros “activos que influyen en el clima”, como las granjas de vacuno. En Estados más fuertes, la reacción contra tales restricciones podría parecerse a la que se produjo contra los esfuerzos del gobierno británico por cerrar las minas de carbón en la década de 1980. Por razones económicas y políticas, el gobierno de la primera ministra Margaret Thatcher estaba decidido a cerrar las minas de carbón subvencionadas y no rentables y a acabar con los sindicatos mineros. Como respuesta, los mineros se declararon en huelga y obstruyeron las minas de carbón para impedir que los esquiroles siguieran produciendo. El conflicto culminó en la Batalla de Orgeave de 1984, en la que miles de mineros y agentes de policía se enfrentaron frente a una planta de carbón en Yorkshire, con decenas de heridos. En la Gran Bretaña de los años ochenta, el objetivo de los huelguistas era cambiar la política gubernamental; en Estados más débiles, los AVNE podrían tratar de hacerse con el control del territorio productor de combustible; pensemos en el Estado Islámico capturando campos petrolíferos sirios e iraquíes a mediados de la década de 2010. En la actualidad, Nigeria ya no puede evitar el robo diario de cientos de miles de barriles de petróleo; un gobierno nigeriano que intentara reducir la producción de petróleo se enfrentaría a un reto cada vez mayor para impedir que la población utilizara la fuerza para hacerse con este valioso recurso. La transición a una energía con bajas emisiones de carbono también está dando mucha más importancia y valor a un nuevo grupo de recursos: el litio y el cobalto utilizados en muchas baterías, el cobre empleado en el cableado eléctrico y las tierras raras necesarias para las turbinas eólicas y otras tecnologías renovables. Los AVNE ya se están moviendo para controlar estos recursos, desatando conflictos en nuevas zonas. En la selva amazónica, las redes criminales han construido cientos de aeródromos ilegales que les permiten transportar mercancías desde y hacia sus minas ilegales. Al parecer, unos mineros salvajes apuñalaron hasta la muerte al jefe de una aldea waiapi de la Amazonia brasileña, en un ejemplo de la violencia cometida contra los indígenas en la lucha por los recursos. Mientras tanto, en Colombia y Ecuador han surgido varios grupos de vigilancia de indígenas para proteger su territorio. Aunque la mayoría de los mineros buscan oro, los minerales necesarios para la energía limpia también son objetivos preciados tanto para los mineros salvajes como para los conglomerados internacionales. Delincuentes armados y saqueadores van tras el platino y el cobre en las minas de Sudáfrica. Manifestantes contra la extracción de litio han cortado carreteras cerca de los lugares de extracción en Chile, y otros en Serbia han bloqueado carreteras para impedir la apertura de una mina de litio explotada por Rio Tinto. Mientras tanto, grupos terroristas como las Fuerzas Democráticas Aliadas-Ejército Nacional para la Liberación de Uganda se han financiado con el contrabando de minerales de la República Democrática del Congo, rica en cobalto. La transición energética debería acabar reduciendo el petróleo y el gas a recursos de menor importancia. Pero no pondrá fin a los conflictos por recursos valiosos relacionados con la energía. Mayor demanda de traficantes de personas y de guardias fronterizos armados Los efectos del cambio climático obligarán a millones de personas a abandonar sus hogares, ciudades y países de origen en las próximas décadas. Algunos de estos migrantes recurrirán a traficantes de personas con la esperanza de acceder a territorios en los que legalmente no son bienvenidos. Trágicamente, esto ya es un gran negocio valorado en miles de millones de dólares en la frontera sur de Estados Unidos, donde más de 5,000 personas fueron detenidas y acusadas de contrabando de personas en 2021, y valorado en más de 100 millones de dólares al año en las rutas migratorias del Mediterráneo occidental y central hacia Europa. Si el cambio climático aumenta la presión para emigrar de las zonas vulnerables, y sigue sin haber un acuerdo internacional sobre el estatuto jurídico y las vías de migración para los refugiados climáticos, habrá más personas que entreguen sus ahorros a los contrabandistas solo por una oportunidad de una vida mejor, y esos ahorros pueden financiar todo tipo de actividades armadas ilegales. En el lado receptor de la frontera, podría haber AVNE esperando para detener a los migrantes. En Estados Unidos, estos grupos de vigilancia, desde el Proyecto Minuteman hasta los Three Percenters, han asolado la frontera sur durante décadas. Si bien la migración relacionada con el clima suele consistir en personas vulnerables que buscan refugio en la zona hospitalaria o habitable más cercana, las personas ricas con los “pasaportes adecuados” también podrían responder al cambio climático de formas que aumenten la demanda de AVNE. Ante las interrupciones en las cadenas de suministro y la escasez de agua, algunas personas podrían tratar de aislarse de un mundo revuelto y que sufre las consecuencias del cambio climático. La solución podría ser retirarse a comunidades privadas, equipadas con sus propias pequeñas redes eléctricas con almacenamiento de energía y sus propias plantas desalinizadoras para proteger su suministro de agua. A menos que estuvieran abiertas a todos –algo improbable, ya que se trataría de preservar los recursos para unos pocos–, estas comunidades tendrían que estar protegidas por puertas y guardias armados. No se trata de algo sacado de películas distópicas de ciencia ficción como Elysium, donde las élites ultrarricas viven en una verde estación espacial mientras la mayor parte de la humanidad lucha por sobrevivir en una Tierra en ruinas. Los contratistas de seguridad privada ya patrullan los barrios de Chicago y Los Ángeles para proteger a sus empleadores de la delincuencia. Y pocas horas después de que el huracán Katrina arrasara Nueva Orleans en 2005, hombres armados de las empresas de seguridad privada Blackwater e Instinctive Shooting International empuñaban ametralladoras para proteger empresas privadas y edificios gubernamentales. Caos e injusticia tras las catástrofes agravadas por el clima El IPCC informa de que el “cambio climático inducido por el ser humano” provoca “fenómenos extremos más frecuentes e intensos” y que un calentamiento global de 1,5 °C o superior causaría “aumentos inevitables de múltiples riesgos climáticos”. En respuesta a inundaciones e incendios forestales más dañinos, los gobiernos gastarán más en ayudas tras los desastres. Cuando estas respuestas son insuficientes o poco equitativas, pueden provocar graves enfados y costar la legitimidad del Estado. Esto ya ha ocurrido tras algunas catástrofes naturales. Funcionarios estadounidenses acusaron al comisionado de tierras de Texas, George P. Bush, de “discriminar por motivos de raza y origen nacional” cuando su agencia negó a los condados de Houston y Harris fondos federales de socorro tras el huracán Harvey en 2018; otras investigaciones han encontrado que la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA, en inglés) a menudo da más ayuda a las víctimas de desastres blancas que a las personas de color. (Esto se debe en parte a que la FEMA da más ayuda a los propietarios y arrendadores que a los inquilinos, y las personas de color son desproporcionadamente arrendatarios, sobre todo en las zonas urbanas). Tras el paso del tifón Haiyan por Filipinas en 2014, la injusticia se produjo en función de las clases sociales: las políticas de reconstrucción tras la catástrofe se percibieron como favorables para los intereses empresariales adinerados. Un ejemplo es la prohibición gubernamental a la construcción a menos de 40 metros de la costa, lo que desplazó a los pescadores, alejándolos de su medio de subsistencia. También denegó la ayuda de emergencia a quienes permanecieron en la zona. Sin embargo, se permitió que hoteles y complejos turísticos siguieran funcionando en el área. Un miembro de People’s Surge, un movimiento social local que exigía justicia en caso de catástrofe, murió tiroteado por la policía filipina, que creía que pertenecía al Nuevo Ejército Popular comunista. Aunque los agentes no estatales no recurrieron a la violencia en ninguno de estos casos, se trata de casos en los que los efectos del cambio climático crean resentimiento entre las comunidades, lo que podría motivar el uso de la violencia como reacción ante la injusticia. A veces no es la injusticia de la respuesta a la catástrofe, sino su simple insuficiencia, lo que abre las puertas a los AVNE. Cuando unas devastadoras inundaciones asolaron Pakistán en julio de 2010, algunas víctimas consideraron que el gobierno no estaba haciendo lo suficiente por ellas. Grupos islamistas como los talibanes y Laskhar-e-Taiba intervinieron para proporcionar comida, agua y atención médica, lo que llevó al entonces presidente Asif Ali Zardari a advertir de que estos extremistas “cogerían a los bebés que se quedaran huérfanos, los meterían en sus propios campamentos y los entrenarían como los terroristas del mañana”. En México, los grupos criminales conocidos como “narcos” han explotado la pandemia de coronavirus para ganar apoyos repartiendo ayuda médica; pueden reproducir fácilmente esta estrategia tras las catástrofes naturales. Además, el control de la ayuda internacional para catástrofes puede ser una fuente de poder para los AVNE. Un ejemplo de ello es la sequía que contribuyó a provocar una hambruna en Somalia en 2011. Al-Shabab controlaba el sur de Somalia durante la hambruna, y su decisión de prohibir las agencias de ayuda de la ONU a las que llamaba “la cara civil de las fuerzas infieles” hizo que la hambruna fuera más mortífera de lo que podría haber sido. La política de adaptación al clima también puede ser fuente de discordia. ¿Dónde se construirán diques y qué barrios se protegerán? ¿Qué zonas asegurarán los gobiernos y prometerán reconstruir, y cuáles considerarán “zonas de no construcción” de las que los gobiernos y las aseguradoras no pueden responsabilizarse? El resentimiento por las decisiones del gobierno de ordenar a la gente que se aleje de territorios peligrosos o de perjudicar el valor de las propiedades mediante una nueva cartografía de las zonas de riesgo de inundaciones e incendios podría influir en la decisión de una persona de apoyar una AVNE. A medida que empeoran los efectos del cambio climático, sigue aumentando la distancia entre lo que dicen los políticos sobre la “amenaza existencial” que representa la crisis climática y lo que hacen para afrontarla. Por tanto, es de esperar que cada vez más activistas climáticos recurran a la violencia para conseguir sus fines. Esto podría implicar actos violentos destinados a presionar a los políticos para que actúen o ataques directos contra las infraestructuras de combustibles fósiles con el objetivo de reducir las emisiones a corto plazo y aumentar el coste de la quema de combustibles fósiles. La violencia en nombre de la protección del medio ambiente local no es nueva. En la década de 1990, el Frente de Liberación de la Tierra, con sede en EU, provocó incendios para conseguir objetivos como cerrar un matadero de caballos en Oregón o impedir que se talara un bosque de Colorado para construir una estación de esquí. En Níger, desde 2006, el grupo Movimiento para la Emancipación del Delta del Níger ha llevado a cabo ataques contra infraestructuras petrolíferas y de gas y ha secuestrado a empleados de la industria petrolera. Aunque sus reivindicaciones también incluyen la injusticia contra la etnia ijaw y la falta de control local sobre los recursos, la contaminación causada por la extracción de hidrocarburos es uno de los principales motivos de la actividad violenta del grupo. La campaña de sabotaje contra la minería del cobre en Bougainville, Papúa Nueva Guinea, a finales de la década de 1980, estuvo impulsada de forma similar por una mezcla de agravios sobre el control de los beneficios y el resentimiento por los daños medioambientales. Sin embargo, solo en contadas ocasiones la mitigación del cambio climático ha sido una motivación clave para cometer actos violentos. Las protestas climáticas suelen ser pacíficas, ya se trate de unos pocos activistas de Greenpeace ocupando una plataforma petrolífera en Dinamarca o de cientos de miles de activistas de Fridays for Future marchando por Berlín. A principios de la década de 2020, más activistas han pasado a causar daños materiales de bajo nivel, pegándose a las autopistas, arrojando comida sobre cuadros de valor incalculable o desinflando neumáticos de todoterrenos. Cuando las personas resultan heridas por las protestas climáticas, casi siempre se trata de casos aislados de daños colaterales, como cuando los activistas climáticos alemanes del grupo Ende Gelände utilizaron la fuerza para romper una línea policial que protegía la mina de carbón de Jänschwalde, en Brandenburgo, hiriendo a tres agentes. Incluso uno de los grupos más radicales y con un nombre radical, Extinction Rebellion, describe sus tácticas como “acción directa no violenta y desobediencia civil”. Mientras tanto, cientos de activistas medioambientales, especialmente indígenas, son asesinados cada año por las fuerzas de seguridad, organizaciones criminales y fuerzas paramilitares decididas a continuar con la extracción de recursos a toda costa; según Global Witness, los países más peligrosos para estos defensores del medio ambiente son Colombia, México, Filipinas y Brasil (en ese orden). A menudo, la violencia paramilitar contra manifestantes pacíficos ha precedido al sabotaje violento de los defensores del medio ambiente, como en los ataques contra el pueblo ogoni en el delta del Níger a mediados de la década de 1990. Sin embargo, muchos movimientos sociales en gran medida pacíficos se han beneficiado de un “flanco radical” dispuesto a tomar medidas extremas que los principales partidarios del movimiento no quieren. Está garantizado que los efectos del cambio climático se agravarán en la próxima década. Como resultado, es posible que un pequeño porcentaje de los que marchan pacíficamente por la justicia climática crean que los secuestros selectivos de ejecutivos de combustibles fósiles reducirían la producción de combustibles fósiles y, por tanto, las emisiones y los impactos. Un ciudadano agraviado podría buscar una venganza violenta contra un político al que culpara de la muerte de un familiar enfermo que no sobrevivió a la última ola de calor. La Estimación de Inteligencia Nacional de EU para 2021 califica las “demandas de los países en desarrollo de financiación y asistencia tecnológica” y la “mayor demanda de ayuda y socorro humanitario” como riesgos elevados para los intereses de seguridad nacional de EU para 2040. Aunque espera que estos riesgos de seguridad se manifiesten en contextos diplomáticos como las negociaciones sobre las promesas incumplidas del G7 en materia de financiación climática, también es concebible que pequeños grupos de personas agraviadas usen la violencia para castigar a los países o empresas más responsables de la crisis climática, o a los que consideren responsables de los efectos secundarios adversos de las medidas para mitigar los efectos de la emergencia climática, como la geoingeniería solar. Conclusión El mensaje que este ensayo pretende transmitir a los responsables de la política exterior y de seguridad del Atlántico Norte no es simplemente que se tomen en serio el cambio climático –los informes cada vez más inquietantes del IPCC deberían ser suficientes–. Tampoco se trata de estar más atentos a los AVNE: los gobiernos ya dedican importantes recursos a combatir a estos grupos. En cambio, este ensayo pretende servir de marco para comprender dónde surgirán tales amenazas en un mundo que se está recalentando y en el que los ecosistemas se están desmoronando. La formulación de políticas en el Antropoceno exige una mayor atención a los factores biofísicos de la inseguridad: además de analizar factores como el apoyo a partidos políticos extremistas o la compra de armas para ver dónde podrían surgir los AVNE, los responsables de las políticas de seguridad deben fijarse en medidas aparentemente mundanas como los niveles de precipitaciones y las temperaturas de bulbo húmedo. Afortunadamente, cada vez hay más mapas que muestran la vulnerabilidad a los efectos climáticos en distintas regiones y dónde se solapan con factores de riesgo no climáticos. Ya sean ecoterroristas, traficantes de personas o milicias surgidas tras huracanes, los AVNE del siglo XXI serán diferentes de los del siglo XX, una época en la que la humanidad pensó erróneamente que la naturaleza estaba conquistada y era inerte. Que no tenía capacidad para devolver el golpe a su creación más poderosa. Pero la naturaleza contraatacará con incendios e inundaciones. Las víctimas humanas de esos fenómenos naturales también pueden contraatacar. aranza |
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