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Asesinatos develan lado oscuro de mundo inmobiliario
Por MARK STEVENSON CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El asesinato de dos jóvenes y su tío en una casa de principios del siglo XX en Ciudad de México, ocurrido poco antes de Navidad, ha puesto de relieve el lado oscuro del floreciente mercado inmobiliario de la capital, alimentado por la falta de documentos legales y las bandas que se apoderan ilegalmente de las propiedades. El actor Andrés Tirado, su hermano músico Jorge Tirado y un tío cuyo nombre no se dio a conocer fueron hallados muertos el domingo, todos ellos degollados. Según la fiscalía, el motivo aparente fue una disputa por la propiedad. En otro caso, una joven publicó el martes un vídeo desesperado en las redes sociales desde un tejado de la zona sur de la ciudad en el que se la oye gritar: “¡Policías! ¡Ayuda! ¡Me tienen secuestrada! ¡No me dejan salir!”. La policía indicó que la mujer les explicó que sus familiares habían levantado una puerta de metal para impedirle salir de su casa, atrapándola dentro con sus cuatro hijos. El departamento agregó que detrás del presunto secuestro había una disputa sobre la propiedad del inmueble y se estaba investigando la toma ilegal del mismo. Las autoridades saben desde hace años que existen bandas armadas y violentas especializadas en la ocupación de viviendas. Esta tendencia se ve, además, favorecida por el hecho de que muchas propiedades —quizá hasta una quinta parte de las viviendas-- carecen de escrituras y documentación legal o tienen títulos de propiedad a nombre de personas fallecidas que no dejaron testamento. Según un informe de 2021 del organismo de evaluación de políticas públicas del gobierno de la ciudad, el porcentaje de viviendas en la capital que están ocupadas por personas que tienen la propiedad en disputa legal o que tenían dueños que murieron sin dejar testamento aumentó de 10.9% en 2010 a 19.9% en 2020, prácticamente una de cada cinco. México tiene un sistema judicial costoso, ineficiente, anticuado y plagado de corrupción cuyos efectos se dejan notar también en el sector inmobiliario. En 2019, los fiscales de la Ciudad de México dijeron que en algunos de los 311 casos activos de embargo de propiedades de ese año, notarios públicos, abogados o empresas inmobiliarias habían falsificado documentos para obligar a salir a los propietarios legítimos. aranza |
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