Formato de impresión

Miles fueron liberados de prisión durante la pandemia. Los resultados son impactantes.

2022-12-27

Molly Gill | The Washington Post

Según un impactante nuevo dato estadístico, en Estados Unidos, estamos manteniendo en prisión a muchas personas que ya no representan un peligro para la sociedad. Es una prueba más de que es hora de repensar nuestras políticas de encarcelamiento con aquellos que tienen bajo riesgo de reincidencia.

Para proteger a los más vulnerables al COVID-19 durante la pandemia, la Ley CARES (sigla en inglés de “Ayuda, alivio y seguridad económica por coronavirus”) le permitió al Departamento de Justicia ordenar la liberación de personas que cumplían condenas en prisiones federales para reubicarlas en confinamientos domiciliarios. Más de 11,000 personas terminaron siendo liberadas. De esas, la Agencia Federal de Prisiones (BOP, por su sigla en inglés) informó que solo 17 cometieron nuevos delitos.

No, no es un error tipográfico. Diecisiete. Esa es una tasa de reincidencia de 0.15% en un país donde es normal que entre 30% y 65% de las personas que salen de prisión reincidan dentro de los tres años posteriores a la liberación.

De esas 17 personas, la mayoría de los nuevos delitos fueron por posesión o venta de drogas u otros delitos menores. De los 17 nuevos delitos, solo uno fue violento (una agresión con agravantes), y ninguno fue un delito sexual.

Esa tasa de reincidencia extremadamente baja demuestra que hay demasiadas personas en prisión que podríamos liberar de manera segura a la sociedad. Estas 11,000 liberaciones no fueron aleatorias. Las personas en prisiones de baja y mínima seguridad o con alto riesgo de complicaciones por COVID-19 tuvieron prioridad en la consideración para la liberación.

A excepción de las personas condenadas por algunos delitos, como crímenes sexuales, nadie fue excluido automáticamente de la consideración por su delito, duración de la sentencia o tiempo cumplido. En cambio, la BOP evaluó a cada persona elegible de manera individual, y examinó su historial disciplinario en la prisión, cualquier conducta violenta o relacionada con pandillas y su riesgo para el público.

Algo crucial para que la agencia permitiera la liberación de una persona era tener un hogar al cual llegar, el cual pudiera soportar todas las cargas del confinamiento domiciliario. El confinamiento domiciliario exige que las personas utilicen un monitor de tobillo con rastreo GPS, que permanezcan en casa excepto cuando reciban autorización para asuntos como citas médicas, y que se mantengan libres de drogas y delitos. Nadie fue simplemente soltado a la calle sin apoyo o supervisión.

Las políticas de la Ley CARES nos enseñan que muchas de nuestras sentencias de prisión son innecesariamente largas. Las personas que cometen delitos deben rendir cuentas, y eso podría incluir un tiempo extenso en prisión. A muchas de las personas liberadas bajo confinamiento domiciliario les quedaban años o incluso décadas en sus sentencias. Pero cambiaron en prisión y ya no representan un peligro para los demás, como confirman los nuevos datos.

Las liberaciones bajo confinamiento domiciliario también se centraron en dos grupos de personas que representan poco o ningún riesgo para la seguridad pública: ancianos y enfermos (es decir, los que tenían mayores probabilidades a enfrentar complicaciones graves por el COVID-19). Estudio tras estudio confirma que las personas son menos propensas a reincidir a medida que envejecen. La población carcelaria anciana de Estados Unidos está creciendo rápidamente debido a nuestra implementación de largas sentencias de prisión.

Las personas con enfermedades crónicas o discapacidades físicas severas son otro grupo que puede ser liberado de manera segura de las largas sentencias. No son peligrosos, pero sus crecientes necesidades médicas los hacen exponencialmente más costosos de encarcelar. Los contribuyentes no obtienen muchos beneficios de seguridad pública por su dinero cuando encarcelamos a personas que están postradas en cama.

El programa federal de confinamiento domiciliario de la Ley CARES debería inspirar programas similares en todo el país. Prácticamente todos los estados tienen programas disponibles para liberar de prisión a personas mayores o muy enfermas, pero se utilizan muy poco y deberían expandirse. Los estados también deberían darle a las personas que cumplen las sentencias más largas la oportunidad de volver a los tribunales después de 10 o 15 años para demostrar que han cambiado y que pueden ser liberados de manera segura.

Los datos están allí. Nos muestran que podemos liberar cuidadosamente a las personas de bajo riesgo de la prisión con supervisión, sin causar una nueva ola de delitos. En un momento en que la delincuencia está aumentando en tantas ciudades y pueblos, no podemos darnos el lujo de desperdiciar dinero o recursos manteniendo encerrados a quienes ya no necesitan estar en prisión.